Podemos vuelve a la carga con el impuesto a las grandes superficies. El partido que lidera Ione Belarra llevará a la mesa de negociación con el PSOE el reparto de un 'cheque' extraordinario de entre 200 y 300 euros para un máximo de ocho millones familias vulnerables que se financiaría a través de esta tasa, que ya aplica Portugal, según ha avanzado el exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, en una entrevista en Radio Euskadi. El bono estaría destinado a la adquisición de 20 o 30 productos básicos.
Hasta ahora, el Gobierno había rechazado en rotundo esta propuesta, aunque ahora el presidente Pedro Sánchez parece dispuesto a estudiarla. El pasado 16 de noviembre, el director general de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, Juan Francisco Martínez, aseguró en este sentido durante el II Foro de Retail y Gran Consumo organizado por elEconomista que el Gobierno no va a apoyar las medidas extraordinarias como la propuesta de Unidas Podemos de establecer un impuesto a la actividad de la distribución similar al de la banca, negando además que el sector esté teniendo beneficios extraordinarios.
En su intervención, Martinez recordó que "este es un sector modélico ante los numerosos desafíos a los que se ha tenido que enfrentar y se ha adaptado a situaciones exigentes". Martínez rechazó, no obstante, una bajada del IVA, tal y como plantea el sector. "Aunque está claro que se pueden bajar impuestos, es un ejercicio que es difícil de gestionar de manera flexible", aseguró. La distribución, de hecho, trabaja con unos márgenes muy estrechos, de apenas el 3%, debido a la alta competencia existente, por lo que un nuevo impuesto metería en pérdidas a gran parte de las cadenas de supermercados.
Al igual que el director general de Política Comercial, el secretario general de Consumo, Rafael Escudero, negó también durante el foro que la distribución tenga beneficios extraordinarios, rechazando igualmente la posibilidad de un nuevo impuesto.
Enmienda al acuerdo de Calviño con la banca
Además, Yolanda Díaz tratará de enmendar el acuerdo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ató con la banca para aliviar el impacto que la subida del euríbor está teniendo sobre los hipotecados. La ministra de Trabajo llevará a la mesa de negociación de la coalición de Gobierno una propuesta que impone una congelación de las cuotas con carácter retroactivo. En concreto, Unidas Podemos plantea devolver a los tenedores de hipotecas variables todo el encarecimiento trasladado en sus letras desde que el pasado mes de julio se encarecieran por el alza imparable del euríbor como consecuencia de la subida de los tipos de interés acometido por el Banco Central Europeo (BCE).
La medida cuenta con pocas posibilidades de prosperar. La ministra de Asuntos Económico consiguió cerrar un trato sobre la campana con las entidades bancarias el pasado mes de noviembre, tras una intensa negociación.
El acuerdo busca minimizar los costes hipotecarios a las clases medias y vulnerables a través de tres vías. Por un lado, amplía el Código de Buenas Prácticas voluntario suscrito en 2012 dando la posibilidad de establecer un periodo de carencia, en el que el beneficiario solo pagará los intereses y no el resto de la cuota. Por otro, la patronal bancaria pactó ofrecer una ampliación de la vida de la hipoteca hasta los 40 años y rebajar el interés máximo. La primera de las medidas está dirigida a los hogares vulnerables. El resto, junto al compromiso de las entidades de facilitar el cambio a hipoteca fija, alcanza a las clases medias. Según el Ejecutivo, la iniciativa beneficiará a un millón de familias.
El acuerdo no gustó en Unidas Podemos. Tras su aprobación en Consejo de Ministros, Yolanda Díaz afirmó que el arreglo era "sustancialmente mejorable". La vicepresidenta segunda apuntó por entonces a los beneficios extraordinarios generados por la banca, "ascienden a 8.000 millones de euros, ergo, las entidades financieras se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés", dijo.
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