A falta de que se conozcan los detalles del mismo, el plan del Gobierno para bajar el precio de los alimentos amenaza con meter en números rojos a las cadenas de supermercado.
La baja concentración del mercado español, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, y el alto grado de competencia existente, obliga a la distribución a trabajar con márgenes de retanbilidad muy bajos, que no llegan en la gran mayoría de los casos ni al 3%, lo que, según explican desde el sector, merma claramente la capacidad de influir en el mercado de forma individual.
"No somos los culpables de la inflación, somos víctimas", ha insistido una y otra vez el presidente de Aecoc, la mayor organización de fabricantes y distribuidores, Ignacio González. Pero el Gobierno parece hacer caso omiso y está dispuesto a tomar medidas, después de que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, amenazara ya con topar el precio de la comida.
El problema de fondo es que la distribución está sosportando un incremento de los costes sin precedentes, por lo que una reducción de sus márgenes, sería prácticamente imposible sin incurrir en pérdidas. Así, y al margen del fuerte aumento del precio de la energía o del tranporte como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, hay que tener en cuenta que desde enero de 2021, el trigo se ha encarecido un 84%; la cebada para el pienso de los animales un 94%; el papel y el cargón un 25%, los plásticos un 22% y el vidreo un 18%. Hasta marzo de 2022, y en pleno escenario inflacionista, los precios de los alimentos se mantuvieron por debajo del IPC general.
Esta tendencia, sin embargo, se invirtió en el mes de abril, a pesar de los esfuerzos de la cadena por contener los precios. Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron el pasado mes de octubre un 14,4% interanual, una tasa seis décimas superior a la del mes pasado y la más alta desde el comienzo de la serie estadística en enero de 1994. No obstante, el IPC de los alimentos y las bebidas ha evolucionado de manera muy dispar, en función de si son elaborados o frescos.
"Los productos elaborados presentan una mayor estabilidad que el IPC general, mientas los frescos presentan una volatilidadmáspronunciada que la inflación general", aseguran desde Aecoc. Aunque los precios de los alimentos en España han ido convergiendo hacia los de los países de la Unión Europea, Aecoc destaca que continúan estando por debajo de la mayoría de ellos.
Además, el crecimiento experimentado en España se sitúa por debajo de la mayoría de los de la UE.Aunque el IPC de la alimentación refleja hasta ahora una subida cercana al 15%, el IPRI, el Índice de Precios Industriales, acumula ya una tasa anual del 21,2%, con lo que todo hace indicar que habrá más subidas, teniendo en cuenta que a ese porcentaje hay que sumar después los margenes del transporte y la distribución. Y todo ello teniendo en cuenta, además, que según advierten desde el sector, el encarecimiento de los costes se está agudizando e irá a más a partir de enero con la entrada en vigor, por ejemplo, del nuevo impuesto al plástico de un solo uso o la obligación de contar con 20.000 puntos de recarga para el coche eléctrico en las grandes superficies.
Costes regulatorios
Y es que mientras que Yolanda Díaz insiste en intervenir el precio de los alimentos, las Administraciones Públicas han acelerado la espiral de costes en el sector del comercio en plena crisis energética y con los precios de los alimentos subiendo sin freno.
En el último año, las empresas se han visto afectadas en total por más de una treintena de medidas que, según denuncian, encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas y la ruptura del mercado único.
Al margen de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, y del nuevo impuesto a los envases de plásticos de un solo uso; hay, por ejemplo, un endurecimiento de la fiscalidad de los sistemas de refrigeración, con una modificación del impuesto de gases fluorados, que no se aplica en la mayor parte de la Unión Europea y que supondrá un encarecimiento de entre el 5% y el 10%, según han denunciado las principales asociaciones del sector; y un aumento además del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasan de tributar al 10% a hacerlo al 21% y que se une al impuesto sobre las mismas que ya existía en Cataluña. Toda la cadena insiste por ello en reclamar al Gobierno moratorias en los nuevos impuestos y una rebaja del IVA de los alimentos.
