Varios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez (Isabel Celáa, Carmen Calvo, Dolores Delgado) reconocieron este lunes que si el próximo miércoles ERC y PDeCat no retiran sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, el tiempo de la legislatura "se acorta", y por tanto, la convocatoria de elecciones generales está a la vuelta de la esquina. Por sorpresa, y a mediodía, dando prácticamente por hecho que los independentistas catalanes no cambiarán de posición, fuentes del Ejecutivo también admitían a la agencia Efe que en la principal mesa de Moncloa ya se baraja el 14 de abril como posible fecha de unas elecciones generales. Una circunstancia que el soberanismo miró el lunes con desdén, sin entrar en una suerte de provocación, tal y como interpretan que ha sido esta respuesta de Sánchez.
De inmediato, el bombazo de la fecha traía el alboroto político. Mientras la dirección del Partido Socialista miraba a otro lado y decía que la fecha de abril "es precipitada" (dixit Adriana Lastra desde Ferraz), Moncloa daba la callada por respuesta. Los argumentos se limitaban a meter en la "misma cama" al independentismo y a las derechas, por votar en contra de los Presupuestos, pero al tiempo insistían en estar "concentrados" en la defensa de los Presupuestos, lo que corresponderá a la ministra María Jesús Montero.
A lo largo del lunes, Moncloa se vio capaz de desmentir, incluso, la posibilidad de un superdomingo el 26-M -trasladada por las mismas fuentes del Ejecutivo- ni la petición hecha por los barones, que prefieren acudir a las urnas bajo una estricta perspectiva territorial, sin tener que añadir los aspectos más delicados de la vida política nacional, como la crisis territorial en Cataluña. De ahí, que cobre fuerza el 14-A y que la presión de los dirigentes autonómicos haya sido más importante de lo que se ha calibrado a la hora de borrar el relator y de romper negociaciones con los independentistas.
"Cuando le convenga"
Al adelanto electoral al 14 de abril (domingo de Ramos) reaccionaba con rapidez Esquerra Republicana, uno de los principales protagonistas aludidos. Fuentes de ERC confirmaban a elEconomista que ellos siempre habían valorado que "Pedro Sánchez convocaría elecciones cuando le conviniera, estando en su derecho, como también lo estamos nosotros en reivindicar nuestra dignidad y nuestros principios ante la situación que vivimos, y la coherencia que hemos mantenido desde el primer momento en relación a este tema", apostillaban a este diario.
Asimismo, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, pedía al presidente del Gobierno que rectifique y retome el diálogo con la Generalitat después de que la manifestación de PP, Cs y Vox del domingo en Madrid haya sido un "fracaso". Añadía, sin embargo, que "ahora mismo" no está previsto retirar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos del Estado, no sin recalcar que la semana pasada hubo momentos en los que la negociación entre el Gobierno y la Generalitat estaba muy avanzada y comenzaron a hablar de "cosas que ya eran maduras" para que el diálogo fuera realmente efectivo.
De otro lado, populares y ciudadanos mostraban dudas por su parte y atribuían el adelanto electoral a presiones para forzar el voto a favor de ERC y PDeCat, lo que no descartan a última hora, aunque es cierto que cada vez ven más cerca la celebración de unas generales. De fechas electorales habló Pablo Casado, y además de abril, barajó el superdomigo y agosto, en función de los resultados del PSOE el 26-M.
En este contexto, Ciudadanos ha pedido la celebración de un Debate del Estado de la Nación para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique, entre otras cuestiones, el proceso de diálogo con los partidos independentistas catalanes.
Vuelve la exhumación de Franco
El Consejo de Ministros estudiará este viernes dar a la familia Franco un último plazo de 15 días para que proponga un nuevo lugar para inhumar los restos del dictador y, al término de este periodo, dará luz verde a la exhumación y decidirá el lugar de enterramiento. Las fuentes insisten en la "imposibilidad legal" de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena, y recuerdan el informe de la Delegación de Gobierno que apunta a "evidentes riesgos para el orden público".
