La separación de poderes atraviesa uno de esos momentos en los que la acumulación de circunstancias hace difícil no poner en duda su existencia. Hoy en el Congreso se ha escenificado de nuevo la esencia del cuestionamiento a la independencia judicial.
Joan Tardà, portavoz de ERC en la Cámara baja, ha criticado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se propone a Manuel Marchena (candidato del PP) como presidente de este órgano y del Tribunal Supremo y se reparten los vocales: 11 para PSOE y nueve para los populares.
"Lo que no reconoce la Constitución es la injerencia del Ejecutivo en el Judicial"
Tardá ha hablado hoy de jueces "comprados" y a Sánchez no le ha hecho gracia tal afirmación, que además le ha parecido contradictora con las exigencias que desde el independentismo se han lanzado al Ejecutivo para que interviniera y frenara la acusación por rebelión que la Fiscalía finalmente ha planteado contra los líderes del procés.
Cabe aquí recordar que en el procedimiento judicial del desafío independentista, además de la Fiscalía, el escrito de petición de penas también lo presenta la Abogacía del Estado y en este caso han sido sonadas las críticas por la supuesta influencia que el Gobierno tuvo sobre para que escogiera una vía distinta a la del Ministerio Público y se decantara por la sedición. Dolores Delgado, ministra de Justicia, aseguraba en el mismo Pleno que la posición de la Abogacía se basa en "estrictos criterios técnicos".
Este presunto guiño al independentismo con el que Moncloa habría intentado remarcar que no aprecia rebelión en las actuaciones de los políticos presos ha enmarañado aún más el panorama y no le ha servido de nada, al menos de momento. No hay que olvidar que el Gobierno necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
En la sesión de control de este miércoles, Sánchez ha defendido los cambios en el CGPJ, a pesar de que la hemeroteca vuelve a ponérsele en contra. La Constitución establece que la elección de los vocales del CGPJ corresponde al Legislativo, "lo que no reconoce la Constitución es la injerencia del Ejecutivo en el Judicial", ha dicho.
El pacto del lunes con el PP sitúa a Manuel Marchena como futuro jefe del Poder Judicial. Se trata de un perfil conservador que no convence a los independentistas ante el juicio al procés pese a que su puesto como presidente del tribunal de la causa contra la independencia los asumirá un juez más moderado, Andrés Martínez Arrieta.
El fallo sobre las hipotecas y la 'victoria' de la banca sobre los clientes de la semana pasada completa el círculo de caos que sitúa la confianza en la Justicia en zona de riesgo.
