El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, aseguró este viernes frente a la cárcel de Lledoners que no va a apoyar "nunca" los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez después de que ayer se conociesen las acusaciones para el juicio contra los líderes del procés, que suman peticiones de 200 años de prisión: "El pueblo de Cataluña le decimos que le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los Presupuestos".
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras es el líder soberanista que se enfrenta a una petición de pena más dura, con 25 años de prisión e inhabilitación total por rebelión agravada con malversación solicitados ayer por la Fiscalía, aunque la Abogacía del Estado rebaja el tono del Ministerio Público y no ve rebelión sino sedición (ver página siguiente).
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, refrendó la decisión de la Abogacía del Estado de no haber tenido en cuenta el delito de rebelión, aunque afirmó que el Ejecutivo no había tenido nada que ver con este criterio. A la pregunta de si esto era un gesto de cara los partidos soberanistas y su posible apoyo a los Presupuestos, aseguró que "no es una cuestión de gestos, sino de una valoración técnico-jurídica de los hechos y del código penal bajo unos criterios estrictamente profesionales.
Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo defendió que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya visto un delito de rebelión en Cataluña", argumentando que cuando Pedro Sánchez expresó esta visión -en una entrevista concedida en marzo- lo hizo siendo líder del PSOE, no jefe del Ejecutivo. Añadió que, en el ámbito político, se debe buscar una "vía de salida en la Constitución para lo que está ocurriendo", y que el indulto está previsto en la Constitución.
Una posición muy alejada de la que esgrimieron Joaquim Torra y Roger Torrent en una declaración institucional conjunta en la que insistieron en que no hay ningún delito que se deba indultar, y que el proceso judicial en marcha es una venganza. La misma tesis fue defendida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Para Torra, que la Abogacía del Estado pida sedición en vez de rebelión "no es un gesto, es un desprecio absoluto a los demócratas encarcelados". Afirmó que el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro de devolver el conflico a la política, y cargó contra Pedro Sánchez: "Ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión".
Movilizaciones
El president también marcó una senda de futuro que seguirá marcada por los llamamientos soberanistas a la movilización ciudadana: "¿Alguien cree que pidiendo 200 años de cárcel desaparecerán los más de dos millones de personas que quieren una república catalana? ¿Alguien cree que con más represión se acabarán las ansias de libertad de la mayoría de la sociedad catalana?". Insistió en el objetivo de conseguir la libertad de los presos y el retorno de exiliados, así como en la reclamación de que los catalanes ejerzan su derecho a la autodeterminación con un referéndum que se considere legal.
La ANC ya prepara movilizaciones tanto en Cataluña como en "las principales capitales europeas", y la corriente de la CUP Endavant propuso responder al juicio contra los líderes soberanistas con "la convocatoria de una huelga general y una jornada de lucha", lo que fue coreado frente a Lledoners. Colau también realizó una declaración institucional en la que explicitó un llamamiento a los ciudadanos de Barcelona, Cataluña y España "para responder de manera pacífica y firme" a lo que calificó de retroceso del Estado de Derecho y de "criminalización de los adversarios políticos". Tildó las acusaciones a los líderes soberanistas de "infundadas y claramente desproporcionadas", y vio falta de garantías en este proceso judicial. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, denunció "judicializacion del conflicto catalán" y criticó que las peticiones de penas de cárcel a los políticos independentistas demuestran, a su juicio, que la ley no es igual para todos en España.
El Gobierno de Pedro Sánchez también recibió duras críticas desde la oposición constitucionalista, pero en sentido contrario a las de las formaciones favorables al derecho de autodeterminación catalán. Uno de los más críticos fue Albert Rivera. El líder de Ciudadanos, en su perfil de Twitter, acusó al Gobierno de hacer de "abogado defensor de los golpistas. Les promete indultos si hay condena y encima pretende humillarnos y tomarnos el pelo a todos los españoles".
Por su parte, Inés Arrimadas, primera espada de la formación naranja en Cataluña, lamentó que "se confirman las sospechas de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por estar un cuartito de hora más en Moncloa, incluso dar privilegios y beneficiar a los que han roto familias en Cataluña, han hecho huir empresas, han humillado a todos los españoles y no tuvieron ningún respeto por la democracia de este país".
El presidente del PP, Pablo Casado, prometió una postura activa ante la Abogacía del Estado. Los populares no van a "tolerar que un Gobierno como el de Pedro Sánchez ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España por mandato de los independentistas golpistas, como Torra, Puigdemont y los que están haciendo este auténtico atropello a la separación de poderes y la legalidad en España".
Argumentos jurídicos
La Fiscalía fundamenta su escrito de acusación en que hubo una "acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos": el del Parlament, el Ejecutivo a través del Govern de la Generalitat, y el social a través del llamamiento a la movilización ciudadana "como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular" frente al nacimiento de la república catalana. Por ello, sitúa como principales promotores de las ilegalidades a Oriol Junqueras, a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Las acusaciones a la Mesa del Parlament se basan en que permitió la tramitación y aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas "abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente". El Ministerio Público fija el primer ejemplo en la resolución del 9 de noviembre de 2015 de inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente -que fue declarada nula e inconstitucional por el Tribunal Constitucional-, y sitúa como colofón final la aprobación de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, pasando previamente por la aprobación de las leyes del referéndum del 1 de octubre y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
En el caso del Govern, la Fiscalía le atribuye ilegalidades por convocar y celebrar el referéndum y por crear estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir a los órganos del Estado, incluyendo la acción exterior para "preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, reforzar la imagen de Cataluña como Estado y lograr que el proceso de independencia fuera reconocido internacionalmente.
El escrito de la Fiscalía hace especial mención de acontecimientos clave como los registros del 20 de septiembre en la Conselleria de Economía para evitar el referéndum, así como la propia fecha del referéndum del 1-O. La acusación considera que en ambos se utilizó la movilización ciudadana como mecanismo contra la acción del Estado para cumplir con la legalidad, con la complicidad de la inacción de los Mossos d'Esquadra.
Recoge que las convocatorias a la movilización del 20 de septiembre atrajeron a 60.000 personas llamadas a "defender las instituciones catalanas", y que no se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial encargada del registro reclamó, por lo que estuvo aislada dentro de la Conselleria durante 16 horas, hasta la medianoche.
El 1 de octubre, la Fiscalía expone que hubo ocupaciones ciudadanas organizadas de los colegios electorales para evitar su precinto, mintras los Mossos d'Esquadra determinaron unas instrucciones de actuación que "en realidad neutralizaban por completo" el cumplimiento de la orden judicial de impedir la consulta. Añade que su despliegue fue de 7.000 agentes, cuando en jornadas electorales habituales se movilizan unos 12.000.
En el caso del juicio de la Audiencia Nacional contra la cúpula de la policía autonómica catalana, la acusación afirma que "se sumaron al plan secesionista" poniendo a su disposición la actuación de los Mossos, por lo que también solicita que sea condenada de un delito de rebelión.
Respecto a la Abogacía del Estado, su petición de sedición en vez de rebelión puede complicar la defensa de España en un eventual procedimiento futuro en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la Asociación de Fiscales. La Abogacía comparte algunos argumentos con Fiscalía, pero difiere en su percepción de delitos y por tanto petición de penas, que se reducen hasta la mitad en varios casos. A los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat les atribuye sedición por "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. También ve sedición en Carme Forcadell, así como en los Jordis, pero en este último caso sin el agravante de ser autoridades. Al resto de antiguos cargos del Parlament procesados, les acusa de desobediencia grave.
