Los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena durante el juicio al los líderes del procés ultiman esta semana la sentencia de los 12 acusados, que se conocerá en el plazo máximo de una semana.
A más tardar, el lunes 14 de octubre el fallo será público y se resolverá el enigma de la condena que recaerá sobre los 12 líderes independentistas -nueve en prisión preventiva- que estuvieron en el banquillo durante los cuatro meses que se prolongó el juicio y que pidieron en su alegato final una salida política para el conflicto.
El anuncio no se retrasará más porque los magistrados buscan evitar tener que prorrogar el plazo máximo de dos años de prisión provisional que en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se cumple el 16 de octubre.
Con el borrador de la sentencia ya listo, los magistrados perfilan en estos momentos el último gran fleco: las penas que imponen a los 12 del banquillo.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 12 de junio. Marchena cerró ese día un periodo de cuatro meses para abrir otro a puerta cerrada en el que deliberar sobre las posiciones de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de las defensas.
Entre la rebelión y la sedición
El debate en el Supremo se encuentra entre la rebelión y la sedición. Los cuatro fiscales -Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza- mantuvieron en su informe final presentado a Marchena la acusación por delito de rebelión y acusaron a los líderes políticos de protagonizar un "golpe de Estado" utilizando la violencia y malversando dinero público.
De este extremó se distanció la Abogacía del Estado. Rosa María Seoane rebajó a sedición la acusación en su escrito final y trasladó al tribunal que la utilización de la violencia "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.
El tribunal también podría optar por una solución intermedia entre ambas posiciones: la de la conspiración para la rebelión o la conspiración para la sedición que rebajaría las penas mínimas de cada delito. El artículo 17 del Código Penal establece que "la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo".
¿A qué penas se enfrentan los 12 acusados?
Oriol Junqueras: el ministerio público solicita al tribunal 25 años de prisión (la pena más alta de todas) por rebelión agravada con malversación para quien consideran "motor" del procés y los mismos años de inhabilitación absoluta. La Abogacía, por su parte, pide 12 años de prisión y de inhabilitación por sedición y malversación.
Raül Romeva: la Fiscalía pide 16 años por rebelión agravada con malversación y 16 también de inhabilitación. Por su parte, la Abogacía del Estado solicita 11 años y medio para cada supuesto.
Joaquim Forn: los fiscales piden 16 años por rebelión agravada con malversación y otros tantos de inhabilitación y la Abogacía también solicita en este caso una pena de 11 años y medio en ambos casos.
Jordi Turull: la Fiscalía solicita también 16 años por rebelión agravada con malversación y lo mismo de inhabilitación frente a los 11 años y medio de la Abogacía.
Josep Rull: el Ministerio Público establece su petición de condena en 16 años por rebelión agravada con malversación y otros 16 de inhabilitación mientras que la Abogacía fija en 11 años y medio en cada caso.
Jordi Sànchez: los fiscales solicitan 17 años por ser promotor de la rebelión y otros tantos de inhabilitación absoluta. La Abogacía rebaja la petición a ocho años de cárcel e inhabilitación.
Carme Forcadell: se enfrenta a 17 años por rebelión y 17 de inhabilitación según la petición de la Fiscalía y a 10 en ambos casos según el escrito de la Abogacía del Estado.
Dolors Bassa: 16 años por rebelión agravada con malversación y 16 además de inhabilitación. Abogacía del Estado pide en su caso 11 años y medio.
Jordi Cuixart: el Ministerio Público pide 17 años por rebelión y 17 de inhabilitación mientras que la Abogacía establece la condena en ocho en ambos casos.
Carles Mundó: siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y una multa de 10 meses de 100 euros diarios por un delito continuado de desobediencia grave es la condena que pide la Fiscalía. La Abogacía varía su petición con respecto a la de los fiscales en la rebaja a 10 años en la inhabilitación.
Santi Vila: se encuentra en la misma condición que Mundó.
Meritxell Borràs: las peticiones tanto de Fiscalía como de Abogacía son idénticas que las de Mundó y Vila.
¿Habrá tercer grado o indulto?
La Fiscalía ató en su conclusión final de rebelión la posibilidad de que los condenados disfrutaran inmediatamente del tercer grado -después del caso de Oriol Pujol que tuvo acceso a esta garantía tras 57 días en la cárcel- pidiendo la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que impide conceder el régimen de "semilibertad" hasta cumplir al menos la mitad de la pena de manera que la Generalitat no podría activarlo en caso de ser trasladados a cárceles catalanas para cumplir las penas a las que fueran condenados.
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno pueda indultar a los juzgados en caso de condena, el presidente en funciones Pedro Sánchez ha esquivado siempre las preguntas en este sentido a pesar de la insistencia de partidos como Ciudadanos o el PP para que aclarara si estaría dispuesto a extinguir la responsabilidad penal en su caso.
Un sondeo de GESOP publicado este lunes en El Periódico indica que un 62,5% de los españoles están en contra de indultar a los políticos independentistas presos,mientras que un 62,1% de los electores catalanes se muestran favorables a la medida.
