Política

Los magistrados del Supremo ultiman la sentencia del procés para publicarla como tarde el día 14

  • El lunes 14 de octubre suena como la fecha posible de la publicación
  • Los magistrados quieren evitar prorrogar la prisión provisional de los 'Jordis'
  • El día 16 se cumplen 2 años de prisión preventiva de Sànchez y Cuixart

Los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena durante el juicio al los líderes del procés ultiman esta semana la sentencia de los 12 acusados, que se conocerá en el plazo máximo de una semana.

A más tardar, el lunes 14 de octubre el fallo será público y se resolverá el enigma de la condena que recaerá sobre los 12 líderes independentistas -nueve en prisión preventiva- que estuvieron en el banquillo durante los cuatro meses que se prolongó el juicio y que pidieron en su alegato final una salida política para el conflicto.

El anuncio no se retrasará más porque los magistrados buscan evitar tener que prorrogar el plazo máximo de dos años de prisión provisional que en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se cumple el 16 de octubre.

Con el borrador de la sentencia ya listo, los magistrados perfilan en estos momentos el último gran fleco: las penas que imponen a los 12 del banquillo. 

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 12 de junio. Marchena cerró ese día un periodo de cuatro meses para abrir otro a puerta cerrada en el que deliberar sobre las posiciones  de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de las defensas.

Entre la rebelión y la sedición

El debate en el Supremo se encuentra entre la rebelión y la sedición. Los cuatro fiscales -Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza- mantuvieron en su informe final presentado a Marchena la acusación por delito de rebelión y acusaron a los líderes políticos de protagonizar un "golpe de Estado" utilizando la violencia y malversando dinero público.

De este extremó se distanció la Abogacía del Estado. Rosa María Seoane rebajó a sedición la acusación en su escrito final y trasladó al tribunal que la utilización de la violencia "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.   

El tribunal también podría optar por una solución intermedia entre ambas posiciones: la de la conspiración para la rebelión o la conspiración para la sedición que rebajaría las penas mínimas de cada delito. El artículo 17 del Código Penal establece que "la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo".

¿A qué penas se enfrentan los 12 acusados?

Oriol Junqueras: el ministerio público solicita al tribunal 25 años de prisión (la pena más alta de todas) por rebelión agravada con malversación para quien consideran "motor" del procés y los mismos años de inhabilitación absoluta. La Abogacía, por su parte, pide 12 años de prisión y de inhabilitación por sedición y malversación.

Raül Romeva: la Fiscalía pide 16 años por rebelión agravada con malversación y 16 también de inhabilitación. Por su parte, la Abogacía del Estado solicita 11 años y medio para cada supuesto.

Joaquim Forn: los fiscales piden 16 años por rebelión agravada con malversación y otros tantos de inhabilitación y la Abogacía también solicita en este caso una pena de 11 años y medio en ambos casos.

Jordi Turull: la Fiscalía solicita también 16 años por rebelión agravada con malversación y lo mismo de inhabilitación frente a los 11 años y medio de la Abogacía.

Josep Rull: el Ministerio Público establece su petición de condena en 16 años por rebelión agravada con malversación y otros 16 de inhabilitación mientras que la Abogacía fija en 11 años y medio en cada caso.  

Jordi Sànchez: los fiscales solicitan 17 años por ser promotor de la rebelión y otros tantos de inhabilitación absoluta. La Abogacía rebaja la petición a ocho años de cárcel e inhabilitación.

Carme Forcadell: se enfrenta a 17 años por rebelión y 17 de inhabilitación según la petición de la Fiscalía y a 10 en ambos casos según el escrito de la Abogacía del Estado.

Dolors Bassa: 16 años por rebelión agravada con malversación y 16 además de inhabilitación. Abogacía del Estado pide en su caso 11 años y medio.

Jordi Cuixart: el Ministerio Público pide 17 años por rebelión y 17 de inhabilitación mientras que la Abogacía establece la condena en ocho en ambos casos.

Carles Mundó: siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y una multa de 10 meses de 100 euros diarios por un delito continuado de desobediencia grave es la condena que pide la Fiscalía. La Abogacía varía su petición con respecto a la de los fiscales en la rebaja a 10 años en la inhabilitación.

Santi Vila: se encuentra en la misma condición que Mundó.

Meritxell Borràs: las peticiones tanto de Fiscalía como de Abogacía son idénticas que las de Mundó y Vila.

¿Habrá tercer grado o indulto?

La Fiscalía ató en su conclusión final de rebelión la posibilidad de que los condenados disfrutaran inmediatamente del tercer grado -después del caso de Oriol Pujol que tuvo acceso a esta garantía tras 57 días en la cárcel- pidiendo la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que impide conceder el régimen de "semilibertad" hasta cumplir al menos la mitad de la pena de manera que la Generalitat no podría activarlo en caso de ser trasladados a cárceles catalanas para cumplir las penas a las que fueran condenados. 

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno pueda indultar a los juzgados en caso de condena, el presidente en funciones Pedro Sánchez ha esquivado siempre las preguntas en este sentido a pesar de la insistencia de partidos como Ciudadanos o el PP para que aclarara si estaría dispuesto a extinguir la responsabilidad penal en su caso.

Un sondeo de GESOP publicado este lunes en El Periódico indica que un 62,5% de los españoles están en contra de indultar a los políticos independentistas presos,mientras que un 62,1% de los electores catalanes se muestran favorables a la medida.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum5
forum Comentarios 5
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

Ramoncillo
A Favor
En Contra

Nadie sabe quien es M.Rajoy que sale como beneficiario en negro de la caja B del PP en varios apuntes de 500.000.-Euros es un santo barón.

Pero poner urnas para que la gente vote, como proponían en su programa electoral es un delito de lesa humanidad.

ESTO ES ESPAÑA

Ni a los de "La Manada" les aplicaron la prisión provisional

Puntuación -8
#1
yomismo
A Favor
En Contra

Poner urnas para que voten y proclamar una republica en contra de la Constitucion. Sabes el chiste del que dijo que lo condenaron por decir la verdad. Si tronco, me metieron 5 años por decir la verdad. Dije manos arriba, esto es un atraco y era verdad

Puntuación 5
#2
Usuario validado en elEconomista.es
SampsonA.
A Favor
En Contra

#1 Podemos someter a votación de toda españa si expulsar del país a los independentistas, por la misma regla de 3.

A ver que ocurre cuando todo vale.

Puntuación 5
#3
rosendo
A Favor
En Contra

Y pensar que en Francia, Alemania, Suiza, uk…. que son democracias mas asentadas y maduras que la Española, por estos delitos la condena es el fusilamiento, la guillotina o la horca, hay que reformar la constitución y las leyes para acabar con este tipo de espectáculos separatistas, y por supuesto quien no quiera se español que renuncie a su nacionalidad y que se vaya, pues el territorio es indivisible es lo que hay.

Puntuación 0
#4
10140
A Favor
En Contra

#4 Deja de decir tonterias, porfavor. NINGUNO de los que citas tiene vigente la pena de muerte por esos delitos...

A vacilar al bar (y poquito, a ver si te encuentras con otro mas vacilon que tu).

Puntuación 1
#5