Política

Las claves de la acusación de la Fiscalía al procés: golpe de Estado, violencia, malversación y rebelión

  • Así han explicado los cuarto fiscales el informe final del Ministerio Público
  • Golpe de Estado, violencia, malversación y un "probado" acto de rebelión

Día fuerte en el juicio al procés. La antepenúltima sesión ha albergado durante la mañana de este martes el esbozo de la Fiscalía de su informe final en el que sostiene el delito de rebelión y acusa a los líderes políticos de protagonizar un "golpe de Estado" utilizando la violencia y malversando dinero público.

Los cuatro fiscales que representan al Ministerio Fiscal en el juicio, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, se han repartido los diferentes puntos clave del alegato final ante el tribunal.

Fiscal Zaragoza: "Fue un golpe de Estado"

"Lo que ocurrió en Cataluña en otoño de 2017 fue un golpe de Estado", apuntó el fiscal nada más abrir el turno de palabra. Dijo que "no están todos los que son, pero sí son todos los que están", en referencia a la responsabilidad compartida también por el huido Carles Puigdemont, y puso el foco no en la votación en sí sino en el hecho de que los acusados ignoraran sucesivamente los mandatos judiciales, en ocasiones haciendo uso de la violencia.

Para la Fiscalía, explicó Zaragoza, "Junqueras es el motor principal de la rebelión", delito que consideran probado a tenor de una lista de hechos que el líder de ERC protagoniza y que el fiscal detalla con precisión: acompaña a Puigdemont cuando se anuncian los planes independentistas, asume el control de los procesos electorales, interviene en la aprobación del decreto de convocatoria del referéndum y del de la destinación de fondos a su realización, sus dos principales cargos políticos (Jové y Salvadó) eran los encargados de infraestructura del referéndum y del desarrollo de las estructuras de Estado, forma parte del núcleo de toma de decisiones sobre la vía unilateral, estaba presente en la reunión en la que el mayor Trapero les dice que debían desconvocar ante el riesgo de que la movilización derivara en violencia...

También se centra Zaragoza en su vistazo panorámico a la situación ocurrida en otoño de 2017 en la figura de Joaquim Forn como conseller de Interior. "Tuvo el control absoluto de los Mossos", subraya refiriéndose a diferentes entrevistas concedidas a medios de comunicación en las que aseguraba que el cuerpo de agentes de Cataluña permitiría el 1-O. "Todo el diseño de los Mossos para el 1-O fue un montaje. ¿Qué pasó? Que en la junta de seguridad, preservar la convivencia ciudadana pasó a un primer plano", añade el fiscal para explicar el 'abandono' del favor de los Mossos al advertirles de que la situación podía degenerar en violenta.

Fiscal Moreno: imposible no ver violencia

El siguiente turno de palabra lo tomó Jaime Moreno para acreditar la existencia de violencia en el desarrollo del proceso independentista. "No creo que tras lo visto en este juicio pueda negarse que hubiera violencia", señaló al explicar que el llamamiento a las masas y la disposición física de ésta para impedir a los agentes cumplir una orden judicial es un "acto de intimidación".

Moreno estructuró su intervención en una serie de preguntas con las que explicó a la Sala:

1. el nexo causal que ve la Fiscalía entre la declaración de independencia y la violencia (mediante la violencia se "encauzó" el referéndum, requisito necesario en los planes del procés para la DUI).

2. el conocimiento, necesario a su entender, de los acusados de que habría enfrentamientos el 1-O ("todos ellos eran conscientes [...] se realizaron informes de riesgo diarios desde el 20-S" que se ignoraron y una posterior junta de seguridad el 28-S en las que Trapero advirtió directamente de las consecuencias de no abortar la votación y aún así "todos firman el decreto 139" de convocatoria).

Fiscal Madrigal: "organización criminal"

"Los miembros del Govern vulneraron las disposiciones del Tribunal Constitucional con las disposiciones de la ley de Presupuestos que contemplaban partidas presupuestarias para financiar el referéndum", señaló al tribunal la fiscal Consuelo Madrigal para defender el tercer punto de la línea acusatoria: el delito de malversación.

El Govern de Carles Puigdemont actuó como una "organización criminal" para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 al llevar a cabo una serie de "maniobras para encubrir delitos" y "estrategias negacionistas". La fiscal ha detallado diferentes trabajos contratados por la Generalitat, como la cartelería del referéndum o los servicios postales de Unipost, y las facturas no cobradas, apuntando directamente a Carles Mundó, Dolors Bassa y Santi Vila, en libertad provisional, como "responsables últimos y máximos de todas y cada una de los desvíos" de 3 millones de euros de fondos públicos.

Fiscal Cadena: hubo rebelión

El último de los fiscales intervinientes en el esbozo a un informe final que se presume denso y al que tendrá que hacer frente el tribunal ha sido Fidel Cadena, que ha expuesto los argumentos del Ministerio Fiscal para probar la rebelión, el delito que puede costar 25 años a Oriol Junqueras si queda demostrado. La base de esta discusión radica en el uso de la violencia. Cadena ha matizado que no es necesario que se produzca un alzamiento con armas para fundamentar esta acusación. "No es necesaria la violencia física", ha dicho refiriendo una sentencia anterior.

Ha basado su presentación en la "vis intimidatoria o compulsiva" frente a la "vis física". Según la Fiscalía, la primera clave a tener en cuenta es que el procés es una "acción conjunta y plural" en la que los co-autores, como los ha definido, "intervienen mucho y todos convergentemente para la consecución de un propósito" y que para alcanzar tal fin se llevó a cabo un "alzamiento violento que, si bien no es un levantamiento militar, "sí coincide en el significado y efecto contra los cimientos del Estado democrático" y además, ha puntualizado, de manera violenta mediante la "intimidación" a los cuerpos y fuerzas de seguridad que acudían a cumplir una orden judicial.

Según Cadena, como portavoz de la Fiscalía, es constitutivo de violencia que la multitud impida que la autoridad cumpla un mandato judicial. "Eso es lo que ha pasado en todos los colegios o centros de votación", ha remarcado antes de añadir que el derecho de manifestación no existe si conlleva violencia (tal y como ha apuntado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en alguna sentencia que referenciado el fiscal).

El Fiscal ha defendido el envío de miles de agentes a Cataluña al quedar la seguridad en manos de una Comunidad gobernada por quienes buscaban la independencia y que, por tanto, no iban a dirigir nunca las acciones a torpedear sus propios planes. Aquí destacó "el dominio de las masas y la utilzación de los Mossos", cuya "pasividad no es irrelevante porque supone planificación, una utilización del servicio armado del lado de la rebelión".

Al igual que Moreno da por seguro que los acusados sabían que el 1-O derivaría en enfrentamientos, Cadena expresa la misma opinión sobre el alzamiento; sabían hacia dónde se dirigían jurídicamente.

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