La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, vuelto a abrir la puerta a una modificación del artículo 99 de la Constitución para evitar los "bloqueos" electorales que se suceden en la política española desde que el abanico de partidos se abriera en 2015 con Podemos y Ciudadanos.
En una entrevista en Cadena SER, tras conocerse que el Rey no había hecho el encargo a ningún candidato para intentar una investidura, la vicepresidenta promovió un cambio en la situación política mediante "modificaciones" en la Carta Magna para evitar situaciones como la que ha llevado a unas elecciones que desde el PSOE aseguran lamentar y que costarán al menos 140 millones de euros. "Teniendo en cuenta la evolución tendremos que encontrar alguna vía de entre algunas de las vías posibles que operan en el derecho constitucional. Una formulación del artículo 99 distinta que allane una situación como ésta", reivindicó durante su participación en la emisora.
Calvo recordó que esta vía la introdujo el PSOE en abril, tras celebrarse las elecciones generales: "Una de las primeras cosas que dijimos es: 'tendamos la mano al PP, que ya planteó la modificación del artículo 99, sobre todo pensando en los ciudadanos, que votan para que exista gobierno, no para que haya coaliciones'".
Antes de su investidura de julio, Sánchez anunció que el primer acuerdo de país que realizaría el PSOE al arrancar la legislatura sería la reforma de dicho artículo para impedir el bloqueo a un candidato. El jefe del Ejecutivo en funciones puso de ejemplo entonces a los ayuntamientos españoles, en los que, de no haber acuerdo previo, gobierna la lista más votada.
¿Podría salir adelante la reforma?
Para reformar el artículo 99 -el que requiere que el candidato a la investidura obtenga mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en la segunda, abriendo un plazo de dos meses desde el primer examen para designar un presidente o convocar elecciones sería necesario sumar una mayoría de tres quintos en cada Cámara, 210 diputados y 159 senadores, y además, la cuestión debería ser sometida a referéndum si así lo piden una décima parte de los parlamentarios, según establece el artículo 167 de la Carta Magna.
En caso de falta de acuerdo, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado, un escenario que también se presume complicado dado el enfrentamiento entre las formaciones.
Habrá que esperar a los resultados de las elecciones del 10 de noviembre para valorar la posibilidad real de sacar adelante la propuesta de reforma. Con el reparto de escaños actuales en el Senado, PSOE y PP sumarían suficiente pero en el Congreso la situación se complica porque implica un acuerdo entre más formaciones: entre socialistas y populares suman 189, por lo que faltarían 21 apoyos.
