El bloqueo político que planea sobre España ante una fallida investidura de Pedro Sánchez trae al presente los fantasmas de 2016 y el año que el país estuvo dirigido por un Gobierno en funciones. La amenaza real de que vuelva a haber meses de parálisis (ya van más de dos) abre la puerta a soluciones creativas para resolver por la 'vía rápida' un problema de más enjundia. Son el PSOE con una reforma de la votación de investidura y el PP con una prima de 50 diputados al ganador de las elecciones los que han abierto un debate que promete ser espinoso, ya que estas ideas serán criticadas como una forma encubierta de volver al bipartidismo.
La idea que los socialistas preparaban entre bambalinas y que este jueves ha desvelado el propio Pedro Sánchez en televisión es la reforma del artículo 99 de la Constitución, en el que se recoge que las votaciones de investidura deben saldarse por mayoría absoluta o por mayoría simple 48 horas después.
Aunque el presidente en funciones no ha precisado cómo debería reformarse el citado artículo y solo ha puesto de ejemplo la eficacia que supone que los Ayuntamientos se tengan que constituir sí o sí en una fecha cerrada, para evitar el bloqueo en este trance el PSOE estudia una posible adaptación del mecanismo que rige en los Parlamentos del País Vasco y Asturias, destinado a evitar la repetición electoral por los vetos mutuos. Varios dirigentes socialistas como Odón Elorza o Rafael Simancas ya lo han postulado.
El sistema consiste, grosso modo, en dar cabida a que haya varios candidatos a la investidura en la misma sesión -en el Congreso solo hay uno, el que propone el Rey- y que la votación sea constructiva. Hablando en plata, lo que recogen los reglamentos de las Cámaras vasca (artículo 165.11) y asturiana (artículo 172) es que los grupos tienen que votar a su candidato, abstenerse o votar en blanco. En resumen: se prohíbe el 'no' a un candidato.
Trasladado a la actual situación española, con un sistema similar podría haber una votación con al menos dos candidatos a la investidura y alguno de ellos tendría que salir elegido presidente sí o sí. Si en este escenario Casado decidiera presentarse, por poner un ejemplo, la abstención de Unidas Podemos con Sánchez -no podrían votar no- llevaría no a un bloqueo, sino a que el líder del PP obtuviera más síes (en caso de que Ciudadanos y Vox lo apoyaran).
Cuando en 2016 Sánchez se sometió a la investidura, un mecanismo de esta índole hubiese permitido que su pacto con Ciudadanos (sumaban 130 votos) le diese la investidura frente a un Mariano Rajoy que contaba únicamente con los 123 diputados del PP.
En cualquier caso, cambiar el citado artículo 99 de la Constitución supone una reforma 'light' de la misma, que se tendría que hacer con los pasos recogidos en el artículo 167 de la propia Carta Magna. Sería necesaria una mayoría de 3/5 en el Congreso (210 diputados) y en el Senado (159 senadores). En el caso de la Cámara Alta, los votos de PP y PSOE serían suficientes, pero no en el de la Cámara Baja, donde se precisaría el concurso de Ciudadanos y/o Unidas Podemos, partidos que no están muy por la labor de secundar este cambio. Es por ello que Sánchez ha pedido que esta modificación sea fruto de "un acuerdo de país" entre las principales fuerzas y una vez superada la actual investidura.
La trampa de esta reforma está en el punto 167.3 de la Constitución, que fija que una décima parte de los diputados (35) pueden hacer que la citada reforma no agravada sea sometida a referéndum para su ratificación. Sería un arma política que, por ejemplo, Unidas Podemos (42 diputados) tendría a mano si no está de acuerdo con un eventual acuerdo que alcanzasen, verbigracia, PSOE, PP y Ciudadanos.
El PP mira a Grecia
La otra idea creativa la ha blandido el PP a lo largo de la semana tras rescatarla de su Convención Nacional del pasado diciembre. Se trata de una medida que apunta directamente a Grecia y que consiste en dar una prima de 50 diputados al partido que gane las elecciones. Una solución que el propio Pablo Casado explicó a Sánchez en su reunión de este martes.
Este sistema permitiría, dicen sus defensores, facilitar la investidura evitando las dilaciones negociatorias y dar mayor solidez y estabilidad al Gobierno resultante. En el país heleno este mecanismo ha servido para que Nueva Democracia haya ocupado ya el Ejecutivo a las pocas horas de las elecciones. Aunque en los comicios la derecha griega sacó apenas 20 escaños más que Syriza, ahora tendrá 70 más en la Cámara.
Según argumentan los 'populares', este sistema se podría adaptar al caso español a través de una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985, para lo que sólo se requeriría una mayoría absoluta en el Congreso. Un acuerdo de los dos grandes partidos, aún capaces de quedar en primer lugar, lo permitiría. Otro punto a favor consistiría en la que Constitución permite en su artículo 68 que el Congreso tenga entre 300 y 400 diputados. Esos 50 se podrían sumar a los 350 actuales.
Sin embargo, algún constitucionalista ha apuntado que esta modificación de la Ley electoral chocaría precisamente con otro punto del artículo 68 de la Carta Magna, que establece la circunscripción provincial, extremo que confrontaría con esos 50 diputados englobados en una especie de circunscripción nacional. Del otro lado, politólogos como Fernando Vallespín, director del CIS durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, afinan más y proponen un sistema de doble vuelta con una prima mayoritaria después ante el bloqueo permanente y la dificultad de que los partidos catalanes apuntalen Ejecutivos, como ocurría en los 90.
Qué dicen Ciudadanos y Podemos
Estas iniciativas solo podrían impulsarse una vez arranque la nueva legislatura ahora o después de otras elecciones. En esta propia situación de parálisis resulta difícil encontrar el consenso necesario, siendo al final la pescadilla que se come la cola. El debate, cabe destacar, ha virado desde las reformas electorales que proponían los partidos emergentes para variar la Ley D'Hont o las circunscripciones; iniciativas que precisaban de amplio consenso para cambiar varios puntos de la Constitución y ante las que los dos grandes partidos sesteaban.
Precisamente tanto Ciudadanos como Podemos se han manifestado en contra de las iniciativas del PSOE y del PP. Los de Albert Rivera coinciden en que hay que hacer algo para evitar el bloqueo, pero se inclinan más a fijar una fecha cerrada de investidura que se celebre inexcusablemente tras las elecciones. La formación 'naranja' considera que la propuesta del PP de dar un prima de 50 escaños al ganador impactaría de lleno en la proporcionalidad que debe guardar el Congreso.
A su vez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su rechazo a la iniciativa de Sánchez de cambiar el artículo 99 de la Constitución razonando que el actual sistema obliga a los partidos a tener que ponerse de acuerdo y buscar puntos en común. Además, ha acusado al líder socialista de querer cambiar "las reglas de juego" a su conveniencia.
