Madrid
He visto pasar en España a varios y variopintos Gobiernos democráticos, pero ninguno de ellos ha soltado las amarras gubernamentales sobre los medios de comunicación próximos, ya sean públicos o privados-amigos. El pasado 18 de agosto entró en vigor el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Tras un largo debate en la Eurocámara, fue aprobado en abril del pasado año y contiene un apartado que garantiza la independencia de los medios públicos. El Gobierno español, apostando siempre por las trampas, preparó un decreto que le permitió situar a su candidato al frente de RTVE sin necesidad de mayoría cualificada (dos tercios) y crear un nuevo consejo de administración con 15 representantes políticos, incluidos entre ellos gente escogida por los socios de legislatura.
El lunes 11 de agosto la conocida periodista española Gabriela Cañas publicó un artículo imprescindible donde puede leerse: "Pero una cosa es lo que nuestro país negocia en Bruselas y otra muy distinta lo que los políticos en ejercicio estiman que les conviene. El trágico día de la Dana de Valencia, el Congreso de los Diputados decidió, debido a la emergencia, cancelar toda su actividad menos una: la convalidación del citado decreto sobre RTVE". Los medios no gubernamentales intentaban recuperarse de la crisis provocada por la Gran Recesión de 2008 y la competencia desleal de las grandes plataformas digitales cuando las primeras acusaciones de corrupción en el entorno del Gobierno central los convirtieron en el chivo expiatorio. Y. sobre todo, en las fuentes de información más fiables. Por ahora, España desoye también regular la publicidad institucional para evitar favoritismos en los medios privados. Los públicos, por su parte, seguirán al albur del político de turno. Un informe del Instituto Reuters de junio concluye sobre España que los últimos meses están marcados por las presiones políticas, las disputas legales y los debates sobre RTVE. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) afea a España que desde 2019 no haya aplicado sus recomendaciones, tales como reducir aforamientos. También reprocha al Gobierno haber dejado pendiente una defensa efectiva del derecho a la libertad de expresión.
No creo que Bruselas multe al Gobierno de Sánchez, que está dispuesto a pasarse por la entrepierna cualquier norma que le limite sus prácticas antidemocráticas sobre los medios de comunicación. Hasta la llegada de Sánchez a la presidencia no recuerdo ningún gobierno que se negara a hablar con la Oposición más próxima. Ni UCD lo hizo respecto al PSOE ni este respecto al PP, ni el Gobierno de Aznar o Rajoy con el PSOE de Zapatero ni el de Pérez Rubalcaba. Pero Sánchez, primer se inventó el muro, luego metió en el Gobierno al comunismo más ignorante y pasado de moda, y después se entregó a los brazos de todos los nacionalistas catalanes y vascos, incluidos etarras de Bildu. Una ensalada antiespañola amante del dinero ajeno. Con este conjunto, donde brillan con luz propia los enemigos de España -siempre dispuestos a echar de sus territorios al Estado, desde la Guardia Civil a los funcionarios de la Agencia Tributaria-, nuestro país no puede seguir con este Gobierno al frente sin entrar en una crisis difícilmente superable.