Madrid
Hasta ahora, la normativa europea solo permitiría a Bruselas controlar las ayudas de Estado concedidas por los propios países pertenecientes a la UE. Pero carecía de herramientas para hacer lo mismo con las subvenciones concedidas por Gobiernos exteriores a la Unión. Ello ha permitido que empresas foráneas hayan realizado inversiones y adquirido empresas en Europa, pese a recibir cuantiosas ayudas públicas, que son consideradas ilegales por la legislación comunitaria. Buen ejemplo de ello lo constituye el apoyo de Pekín a sus fabricantes de coches, lo que no ha impedido que estas sociedades crezcan en la UE y pongan en jaque a la industria del motor del Viejo Continente. Para poner freno a esta situación, la Comisión Europea ha presentado el borrador de un nuevo Reglamento que permite por primera vez a las autoridades comunitarias investigar, fiscalizar e incluso bloquear operaciones empresariales financiadas por ayudas estatales de países no miembros de la UE, que puedan alterar la competencia en Europa.
De hecho, los cambios legislativos llegan al punto de exigir a las empresas declarar subvenciones si optan a contratos superiores a 250 millones, aunque solo hayan recibido 4 millones de euros en ayudas públicas. La Unión Europa es una economía de libre mercado. Pero eso no quiere decir que se deba seguir permitiendo que compañías extranjeras se sirvan de ayudas de Estado para crecer en el Viejo Continente y eclipsar a las empresas europeas. Por dicho motivo, el cambio normativo que impulsa la Comisión supone un adecuado refuerzo de la defensa comercial de la UE que, además, llega en un momento en el que el concepto de globalización ha cambiado tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.