Resulta ahora que los ERE eran un cuento. Una "cacería política y mediática" que implica a jueces que "no vieron o no quisieron ver" cuestiones que se enseñan "en primero de Derecho". Tal es la teoría que intentan estos días trasladar los implicados en la causa y el partido bajo cuyo gobierno se produjo el escándalo. En sentido estricto, lo que ha hecho es el TC es anular parcialmente las condenas a varios de los implicados en la pieza política de la macrocausa, entre ellos los ex presidente Chaves y Griñán, eliminando de la ecuación todo lo que se refiere a la malversación y reduciendo el alcance de lo que se puede considerar prevaricación. Pero nadie está absuelto. Hay que esperar a que la Audiencia de Sevilla dicte nueva sentencia.
La polémica está servida porque nunca antes el TC había enmendado la plana de tal manera al Supremo entrando de lleno en casación en la valoración de la prueba y fundamentos jurídicos de una sentencia. Además, los fallos del TC los anticipó Pedro Sánchez en un mitin en Benalmádena con Magdalena Álvarez; y han sido los votos de siete magistrados propuestos por el PSOE los que han aliviado la pena a acusados del PSOE.
La fundamentación jurídica del TC es ciertamente enrevesada: los miembros del Consejo de Gobierno son irresponsables penalmente de las propuestas de ley que formulan porque eso es un acto político, no administrativo, y al final las leyes las aprueba el Parlamento. Una vez convertida en ley esa propuesta, lo que tienen que hacer los miembros del ejecutivo es cumplirla y hacerla cumplir. Así que si el Parlamento se tragó una Ley de Presupuestos que preveía el manejo opaco, discrecional y arbitrario de fondos públicos sin que nadie cuestionase su constitucionalidad, los acusados no tenían más remedio que atenerse a ella. El TC incluso admite que Griñán conoció la falta de controles por los informes del interventor. Que otros altos cargos también sabían que estaban aplicando un artificio legal ajeno a las normas que regulan la concesión de subvenciones. Pero que no podían actuar 'contra legem'. Es cierto que todo eso enciende la polémica. Pero las sentencias se acatan. Y punto.
Lo que no anulan las sentencias del TC son hechos que la Audiencia y TS consideraron probados y que son la parte nuclear de esta causa: que en Andalucía se gestionaron 680 millones de dinero público con procedimientos opacos, arbitrarios y discrecionales; que eso propició que no todos los andaluces tuvieran la oportunidad de acceder a esas ayudas en condiciones de igualdad y transparencia; y que hubo alertas que se ignoraron.
En los ERE se robó más democracia que dinero. Es cierto que la mayor parte de los 680 millones de euros en los que se cuantifica el fraude con brocha gruesa fueron a parar a prejubilados y parados reales. En Andalucía hubo entre 2000 y 2010 más de 120.000 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, pero sólo unos 6.000 se beneficiaron de prejubilaciones pagadas con dinero público. ¿Pero por qué ellos ? Porque trabajaban en empresas que pasaron por caja y pagaron comisiones a quienes tenían los contactos políticos oportunos, o porque graciosamente algún alto cargo decidió cargar la mano hacia ellos, y no hacia otros.
¿Se robó en los ERE? Mucho. Hay quien lo ha estimado en unos 80 millones de euros. Pero nadie ha acusado a los responsables políticos encausados en la pieza del 'procedimiento específico' de echarse los billetes al bolsillo. Eso lo hicieron otros. Los principales responsables de la Junta, y todo el artefacto legal que se montó y del que ahora se les declara prácticamente irresponsables a efectos penales, apenas si tuvieron algo que ver, según el fallo del Constitucional. Pero hay 18 sentencias condenatorias ya dictadas y más de 120 piezas separadas esperando juicios en los que se ilustra el fraude, el uso partidista de las instituciones y cómo se robó el dinero sin que nadie hiciera nada.
Además, la macrocausa de los ERE no es un caso aislado en la gestión política andaluza de esos años. Están la macrocausa de Invercaria, IDEA, UMAX, Faffe (la famosa causa del gasto en prostíbulos), cursos de formación, facturas de UGT … Son casos que ilustran el ecosistema andaluz de la época y el uso partidista de las instituciones. La corrupción institucional. Aunque ahora nos quieran convencer que todo eso fue un cuento.
