Madrid
En plena lucha por el liderazgo del Partido Socialista en Andalucía, donde Moncloa apuesta por relevar a la que fuera expresidenta de la Junta, Susana Díaz, la Justicia ha señalado esta semana a los sindicatos UGT y CCOO -por su papel como intermediarios y receptores de las comisiones procedentes de fondos públicos, como recoge la macrocausa del caso de los ERE-, solicitando informaciones acreditativas de su servicios, nada más ni nada menos que al Gobierno de España, concretamente a la ministra de Trabajo y Empleo Social, Yolanda Díaz, y también a la la Consejería de Economía y Empleo de la Junta andaluza.
Administración fraudulenta
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha emitido esta semana una providencia con relación a las diligencias iniciales relativas a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, usada para la financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad; en la que solicita a las administraciones central y estatal diversa información sobre los sindicatos CCOO y UGT.
En dicho auto, emitido el pasado 21 de mayo, avanzado por ABC, el juez ordena librar "oficio al Ministerio de Trabajo y Economía Social", en concreto a la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, para que con relación a CCOO, UGT, sus estructuras regionales de Andalucía y diversas de sus federaciones sectoriales estatales o regionales, informe de "documentación e información" como la personalidad jurídica de tales entidades, los NIF de las mismas y sus domicilios.
Además, en dicho auto ordena librar otro oficio a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en concreto a su Secretaría General Técnica, respecto a CCOO y UGT de Andalucía y diversas de sus estructuras sectoriales. De tales diligencias iniciales deriva la pieza correspondiente a la investigación del procedimiento administrativo específico a través del cual la Junta financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de tales ERE presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas. Esas actuaciones se saldaron con una sentencia que condenó a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados por dicha instancia, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y, la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra Magdalena Álvarez.
Primarias con indultos de fondo
Las primarias en el PSOE en Andalucía se debatirán con varios ruidos de fondo. Uno de ellos, el señalamiento que la Justicia hace a los sindicatos, que en tiempos del Gobierno de Susana Díaz pudieron llevarse comisiones. El otro será el de los indultos en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decida tramitarlos a favor de los políticos presos. Entonces, Juan Espadas, el candidato de Moncloa, tendrá que gestionarlos.