Juan Francisco Trujillo, conocido como el chófer de los ERE o el chófer de la coca, ha ratificado en la Audiencia de Sevilla que recibió casi 1,5 millones en ayudas públicas de la Junta de Andalucía y que se gastó más de un millón en copas y cocaína junto al que era su jefe, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo de la administración andaluza.
En su declaración durante el juicio que se sigue contra él, Trujillo se ha ratificado "totalmente" a preguntas de su abogado (se ha negado a responder al Fiscal y a la acusación popular ejercida por el PP) en su testimonio previo en fase de instrucción. Allí había explicado que le entregó a Guerrero entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, además de antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína", según la acusación del Fiscal.
A su esposa, por otra parte, asegura que le entregó 24.000 euros.
Y también compró un terreno por unos 60.000 euros que luego vendió por 210.000, lo que aprovechó para adquirir un piso en Sevilla que luego se quedó el banco.
Pero "la mayor parte del dinero", según su versión, se destinó a cocaína, "fiestas y copas" para Guerrero y él mismo. Según declaró en instrucción, llegaron a consumir hasta cinco gramos de droga a diario.
Dudas
Este relato fue desmentido por Francisco Javier Guerrero en su día. El ex director general de la Junta, fallecido en 2020, aseguró que "nunca había sido drogadicto". Otras fuentes cercanas al procedimiento también han cuestionado esta versión, ya que el volumen de dinero parecía excesivo para copas y droga y permitía correr un tupido velo sobre lógicas dudas de en qué manos acabaron realmente los fondos públicos.
En algún momento de la instrucción Trujillo incluso amagó con tirar de la manta, pero sus versiones nunca merecieron mucha credibilidad por parte de la Justicia.Y hoy, a la hora de la verdad y desde el banquillo, se ha ratificado en que gastó el dinero en droga y fiestas.
El juicio
El Fiscal pide para él una condena 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros.
En el banquillo lo acompañan Isidoro Ruz Espigares, ex alcalde pedáneo de Llanos del Sotillo (Andújar) por el PSOE, para el que el fiscal solicita seis años y tres meses de cárcel, como testaferro de una empresa que recibió 450.000 euros para una granja de pollos que jamás llegó a existir; y el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) y para quien el Ministerio Público reclama seis años de prisión. También figura como acusada aunque sólo a título lucrativo la esposa de Trujillo.
Según la Fiscalía, Trujillo, personal de la Junta de Andalucía asignado como conductor a Francisco Javier Guerrero, este último condenado por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos y fallecido en 2020; acordó con éste la constitución de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión", siendo estas empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, que recibieron 900.000 euros de fondos públicos.
Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo "decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara un proyecto para el emplazamiento de una granja avícola en demanda de una subvención de 450.000 euros, cosechando con ello esa cantidad en favor de la empresa Ave Nueva, siempre "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello".
Las cantidades
La Fiscalía considera que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron". Es más, asegura que con estas ayudas, el exchófer de Guerrero "financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos".
Trujillo también cobró otros 125.000 euros de una póliza de prejubilación a nombre de su madre, que ya estaba jubilada y que nunca había pisado la empresa que la prejubiló ficticiamente.
En la primera jornada del juicio, en las cuestiones previas, ha intentando renunciar a su abogado diciendo que no confiaba en él y que se jugaba muchos años de cárcel. La Audiencia no ha accedido a su petición.
Sobre Trujillo ya pesan dos condenas por fraude fiscal por eludir los impuestos de las dos subvenciones de 450.000 euros que le concedió su ex jefe.
