Siempre se ha considerado al sindicalista baezano Garrido Santoyo como el primer intruso en la causa de los ERE. En realidad, fue el primero en ser descubierto (por el ERE de Mercasevilla de 2007). Los primeros intrusos -beneficiarios de pólizas de prejubilación en empresas donde nunca trabajaron- fueron los del ERE de Hitemasa. Luego fueron saliendo por decenas. En el expediente de regulación de empleo de la histórica firma malagueña se colaron varias personas ajenas a la empresa, comenzando por Juan Lanzas, su mujer, y otras personas del entorno del ex sindicalista y conseguidor de subvenciones, contra los que ahora el juzgado de Instrucción 6 ha dictado un auto para continuar la causa como procedimiento abreviado.
Junto a Lanzas, está encausado también el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Ribera, directivos de Hitemasa; personal de la consultora Vitalia y hasta una decena de intrusos por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, según auto del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla comunicado hoy por el TSJA.
El ERE de Hitemasa es de noviembre de 2001. Poco antes, la Junta de Andalucía había cerrado las operaciones de Molina y Santana Motor, por este orden las primeras en las que se probó el sistema de ayudas que casi dos décadas después los tribunales han declarado ilegal, con condenas a dos ex presidentes de la Junta y a varios consejeros y altos cargos.
De Molina a Hitemasa
En Molina y Santana la Junta logró articular un sistema que escondía -a las autoridades de la competencia europeas y a su propia intervención- el flujo de dinero desde las arcas públicas a las empresas, lo que permitía manejar el dinero de forma arbitraria y fuera de todo procedimiento reglado. Las personas que participaron en esos primeros ERE, especialmente el de Molina, se percataron pronto de que el flujo se escondía tan bien que no había control.
Lo pudieron comprobar en Hitemasa. La regulación de empleo en la empresa malagueña afectaba en principio a 213 personas. Sin embargo, cuando la Dirección General de Trabajo hizo el listado con las personas beneficiarias de las pólizas de prejubilación que financiaba la Junta, había al menos 218 nombres: junto a los trabajadores aparecían -entre otros a los que no correspondía pago alguno- Juan Lanzas y su esposa, las esposas de un par de sindicalistas de UGT que participaron en el ERE de Molina junto a Lanzas, y hasta César Braña, ex consejero delegado de Molina a propuesta de la Junta, hoy ya fallecido.
Los pagos se pactaron con la misma aseguradora que había participado en el ERE de Molina, que contrató en esa época también a Juan Lanzas como empleado.
Procedimiento abreviado
Casi un cuarto de siglo después de aquel ERE, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de 21 investigados. También continúa el procedimiento contra Hitemasa y Vitalia en calidad de responsables civiles subsidiarios.
Quedan excluidos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y el ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, pues los mismos ya fueron juzgados y condenados en la pieza política de los ERE. Fernández y Barberá, de hecho, cumplen actualmente pena de cárcel.
De lo investigado en instrucción, asegura el auto "concurren sólidos indicios" de que durante el mandato de Rivera como director general de Trabajo "se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas referidas a Hitemasa.
