Juan R. C. y María Josefa C. G. se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia de Sevilla como responsables de la empresa Electronic Devices Manufacter (EDM), acusados de un supuesto fraude en el manejo de ayudas públicas del fondo de los ERE por valor de unos 380.000 euros. Les piden tres años y medio de prisión. En sus buenos tiempos, de 2006 a 2008, la empresa informática que manejaron los dos acusados fue ejemplo de la 'Andalucía Imparable' y la 'Segunda Modernización de Andalucía' que los gobiernos de Manuel Chaves usaron como lema. La ayuda por la que se les juzga es con toda probabilidad la más rápida jamás concedida por la administración andaluza en toda su historia: todo se tramitó en un día.
Según el escrito de acusación del Fiscal, los acusados fueron socios fundadores con un 25% de EDM, empresa de Mancha Real (Jaén), creada e 2006 a raíz de desavenencias entre los gestores de Cofimán, de la que recogió contactos y el modelo de negocio con buena parte de la plantilla formada por personas con discapacidad y la calificación de centro especial de empleo. Abrió oficinas en Madrid, Lisboa y Taipei y pretendía liderar el mercado nacional de componentes electrónicos.
EDM fue recibiendo subvenciones y préstamos de la administración pública (Invercaria, IDEA, Ministerio de Industria). El PP estimó que en total fueron 4,7 millones de euros en fondos públicos los que percibió. Pese a ese impulso en 2008 ya tenía problemas financieros "de liquidez y de solvencia con importantes deudas y atrasos en nóminas, proveedores, entidades financieras y cantidades pendientes de abono a la administración tributaria y la seguridad social, entre otras", según la acusación pública.
Fue a raíz de esos problemas, continúa el Fiscal, cuando la sociedad dedicó al pago de nóminas fondos públicos recibidos para otros fines, por importe de más de 380.000 euros, "con absoluto desprecio de las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos".
La tramitación del procedimiento y la transferencia de fondos se hizo al completo el 29 de diciembre de 2008
Las cuentas de EDM fueron estudiadas en la instrucción de los ERE por interventores del Estado, que de entre todas las ayudas recibidas por la empresa quedaron asombrados por esa de 380.000 euros de 29 de diciembre de 2008: a pesar de que en octubre un juzgado de Jaén había decretado el embargo de todas las subvenciones de la empresa, ese día, y todo en el mismo día, la Dirección General de Trabajo firmó un convenio con la agencia IDEA para conceder el préstamo, se formalizó el contrato de préstamo entre IDEA y EDM, se emitió la orden de pago y se produjo la transferencia del dinero. Todo con la misma fecha.
El Fiscal sostiene que estas maniobras se realizaron "en connivencia con altos cargos de la Junta de Andalucía en el diseño de "una estratagema con apariencia de legalidad para transferir a ambas mercantiles fondos públicos de la Junta que tenían a su disposición y eludir a la vez otras obligaciones ya reclamadas por acreedores de la sociedad". Según un informe de Deloitte la empresa estaba ya prácticamente quebrada.
Esos altos cargos en principio implicados en la "estratagema" han sido excluidos del procedimiento al haber sido ya condenados en la pieza política de los ERE.
Juan R.C. ha asegurado a preguntas de su defensa que no participó en la tramitación del préstamo ni en cómo se repartieron los fondos. Culpa a anteriores gestores. María Josefa ha explicado que ella era una simple administrativa y no tenía capacidad de decisión ni firma para asuntos como un préstamo.
Juan R.C. justificó la ruina de la empresa por la crisis económica, pese a que habían participado con otras sociedades en concursos públicos que habían ganado. El primero año lo saldaron por encima de las previsiones y con más de 50 millones de negocio. Hasta que llegó la crisis.
Los ERE e Invercaria
Se da la circunstancia de que en EDM se cruzan las dos principales macrocausas que investigan la corrupción en los gobiernos socialistas en Andalucía, pues además de esta pieza separada tiene otra en el caso Invercaria por supuestas irregularidades en préstamos participativos de 1.180.000 euros.
En esta pieza del caso Invercaria están encartados por prevaricación y malversación el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex consejero de esta sociedad pública Bienvenido Martínez Martínez y tres representantes de la empresa (Juan R. C., Francisco G. M. y Antonio J. M.). El Fiscal pide contra ellos condenas de entre seis y dos años y medio.
El caso está a la espera de juicio después de una suspensión el pasado mes de junio por un ingreso hospitalario de Pérez Sauquillo.
También tiene interés la presencia entre los encartados de Bienvenido Martínez, cuñado de la ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Fueron los manejos empresariales de su marido, Juan Carlos Martínez, en empresas relacionadas con Bienvenido las que forzaron su salida del cargo. Estos manejos supuestamente irregulares se siguen investigando en otra pieza de los ERE derivada de la de Santana Motor.
Intenso septiembre
El año judicial ha comenzado con una agenda intensa en lo que se refiere a las macrocausas. El lunes 24 se sienta en el banquillo el ex consejero Francisco Vallejo por el préstamo participativo de 1,18 millones de euros que Invercaria concedió en 2008 a la empresa Servivation S.A. Una operación otorgada con un informe de una página sin fecha ni firma como documentación que consta en el expediente, según la acusación. Le piden seis años de cárcel. El ex consejero está actualmente en prisión por los ERE.
El Ministerio Público pide también seis años de cárcel para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo , tres años para el ex directivo de la entidad pública Bienvenido Martínez y para tres socios de la empresa, como son Jesús María M. C., Luis Fernando M. G. y Francisco José B. La celebración de este juicio está pendiente de la evolución de la salud de Pérez Sauquillo.
Pieza de Surcolor
Además, se está celebrando juicio por la pieza de Surcolor de los ERE en la que se encausaba al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, el ex sindicalista y pieza clave de la trama Juan Lanzas Fernández además de dos directos de Surcolor, otros dos de la consultora Vitalia, dos intrusos (familiares de cargos políticos del PSOE) y un sindicalista y un abogado.
Hoy había expectación en la Audiencia por la declaración como acusado de Juan Lanzas, en su primer juicio por los ERE. El que fue considerado por la Policía y la instrucción como 'conseguidor' de los ERE ha negado haber tenido contacto con la administración para las ayudas a Surcolor. Según su versión, trabajaba para un despacho de abogados (Villasís) para captar clientes y asesorar a empresas. Ha negado también el uso de testaferros para cobrar comisiones.
Tarea pendiente
Las de EDM y Surcolor no son las únicas piezas de los ERE con fecha de señalamiento este mes. El día 28 comienza la vista de la pieza de Flores y Plantas Castejón, de Huelva, por supuestas irregularidades en ayudas de 75.000 euros, en el que se piden cuatro años de cárcel al empresario que percibió las subvenciones.
En la Audiencia de Sevilla hay ya más de 30 piezas de los ERE a la espera de juicio (hay ya varias condenas) y se estima que aún quedan más de un centenar en instrucción.