
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta legislativa para armonizar y fortalecer la normativa de lucha contra la corrupción a nivel comunitario. Una medida que contempla, además, un endurecimiento de las penas por malversación respecto a la reforma realizada por el Gobierno de la legislación española.
Es así que, bajo esta propuesta normativa, entrarán en el paraguas de corrupción el soborno, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción.
El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha señalado que la propuesta podría "prohibir a los autores de actos de corrupción la entrada en la UE, congelar sus activos en la UE y prohibir a cualquier persona de la UE poner fondos y recursos económicos a disposición de los autores".
Llama la atención que la propuesta legislativa de Bruselas contempla cinco años de prisión para los delitos de malversación. De salir adelante, la medida supondría un endurecimiento de la pena que fija el Código Penal español tras la última reforma realizada por el Gobierno en diciembre.
Una reforma que incluye dos tipos atenuados de malversación cuyas penas no llegan a alcanzar la estipulada por la propuesta comunitaria. Con el procés como telón de fondo, el Gobierno redujo las condenas en caso de que no haya existido ánimo de lucro o si el patrimonio público se utilizó para un fin para el que no había sido concebido.
En un momento en el que el escándalo sobre la influencia de Qatar y Marruecos sobre la toma de decisiones en el Parlamento Europeo ha salpicado la actualidad de las instituciones europeas, el Ejecutivo comunitario ha planteado un conjunto de medidas que tipifican los delitos de corrupción y armonizan las penas en toda la UE.
La propuesta, que aún debe ser debatida en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, aúna el delito de corrupción tanto en el sector público como privado y aumenta las sanciones penales al respecto. Además, la normativa presentada por la Comisión Europea incluye un régimen de sanciones específico al amparo del marco de Política Exterior y de Seguridad Común para hacer frente a estas actuaciones en todo el mundo.
Se armonizan también, bajo esta normativa, lo que se consideran circunstancias agravantes o atenuantes, de forma que podrían considerarse circunstancias agravantes, por ejemplo, cuando el delincuente es un funcionario de alto nivel o es responsable de la aplicación de la ley. Como circunstancias atenuantes se contemplaría incluir situaciones en las que el delincuente identifique a otros delincuentes o ayude a llevarlos ante la justicia.