Opinión

Pobreza energética y fiscalidad descontrolada

  • Sánchez continúa subiendo los impuestos a los españoles, mientras las empresas se van

Afirmaba recientemente el historiador sueco, Johan Norberg, promotor del capitalismo global, que "no hay forma más fácil de arruinar un país que una fiscalidad descontrolada". Y lo hacía no solo en referencia a España, pero sí especialmente en referencia a España, donde los últimos datos que hemos conocido del INE reflejan que un 26% de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social y el porcentaje ha aumentado en el último año.

Casi uno de cada diez españoles no puede permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año; comer carne, pollo o pescado cada dos días; o mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22,4% ha pedido ayudas para pagar sus suministros. Somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza como consecuencia de dos factores fundamentales: la inflación y, sobre todo, unos impuestos abusivos y esquilmatorios.

Y con estos datos el Gobierno, que se dice el más social de la historia –que le pregunten a Ábalos, Koldo, al Tito Berni y los que vendrán- decide subir al 21% el IVA de la electricidad, incrementando la factura eléctrica en torno a un 11% y generando mayor riesgo de pobreza energética para más consumidores. Y llueve sobre mojado, porque en solo tres meses, Hacienda ha elevado la factura eléctrica en un 16%, lo que va a repercutir directamente en la inflación.

Un nuevo asalto fiscal del Gobierno que, como muestra el último informe del Instituto Juan de Mariana, ha aumentado la presión impositiva en 2,9 puntos del PIB desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia; pasando del 35,4% al 38,3%, lo que coloca a España como el segundo país con mayor aumento tributario de la UE, solo por detrás de Chipre, mientras que el peso de los impuestos sobre el PIB ha caído en trece Estados miembros de la Unión y ha experimentado una subida inferior a un punto en otros siete socios comunitarios.

Opresión, más que presión, fiscal que asfixia también a las empresas, afectando negativamente no solo a los ingresos del Estado, sino también a la competitividad, a la inversión, a la creación de empleo y, también, de forma indirecta a la inflación porque la subidas fiscales terminan reflejándose en los precios al consumo de los bienes y servicios que producen. Los últimos informes del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la OCDE constatan que la recaudación fiscal procedente de las empresas en España se eleva al 32,9% frente al 23,9% de media de la Unión Europea, nada menos que nueve puntos porcentuales menos, lo que, unido a la inseguridad jurídica existente, está provocando una fuga de inversiones y salida de empresas especialmente hacia Portugal.

De hecho, dos de nuestras energéticas emblemáticas ya han amenazado recientemente con deslocalizar sus inversiones. Las inversiones "se pueden hacer o no hacer", y todo dependerá de que se cuente con ese marco regulatorio y fiscal adecuado, ya que "no estamos en un mercado regulado", afirmaba el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. En la misma línea, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lamentaba que la política fiscal en España no hace atractiva la situación y demandaba igualar nuestra situación impositiva a la del resto de socios europeos.

Y mientras las empresas se van y uno de cada cuatro españoles padece pobreza energética y riesgo de exclusión, el Gobierno sigue aplicando esa fiscalidad descontrolada para alimentar 22 ministerios y 1.475 altos cargos y asesores enchufados a dedo, prácticamente el triple que el último gobierno de Mariano Rajoy, y que nos cuestan casi 150 millones de euros anuales. Eso, además de tener a dos ministros, a la presidenta del Congreso y dos gobiernos autonómicos socialistas, y los que todavía faltan por saberse, señalados en la trama de corrupción del caso Ábalos por un presunto cobro de mordidas en adjudicaciones de mascarillas en plena pandemia. Con el colofón de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yoli la de los cohetes, preocupada ahora por descubrir que "los algoritmos no andan solos por las calles". Tal cual.

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