Un informe de Funcas pone de relieve que las empresas españolas están a la cola de la Unión Europa en la recuperación de beneficios. Así, el excedente bruto de explotación (EBE), que es lo que le queda a las compañías una vez compensados los salarios, experimentó un fuerte impulso del 24,3% en 2022, superando el nivel precio a la pandemia en un 6,7%.
Pero ese porcentaje palidece ante el 18% de la UE y mucho más respecto a países como Irlanda, con un repunte del 56%. Además, las empresas españolas son, junto a las francesas, las que más lentamente han recuperado sus márgenes de la eurozona. Estos datos desmienten al Gobierno en sus ataques a las empresas criminalizándolas por aprovecharse de la crisis de la inflación. Un argumento falso por el que han justificado medidas como los impuestazos a la banca y energéticas, cuando la realidad de las cifras dejan patente que la recuperación de las empresas españolas es menor a la de sus homólogas de la eurozona.
El motivo de ello hay que buscarlo precisamente en la voracidad recaudatoria del Ejecutivo. Una presión fiscal que es de las más elevadas de la OCDE para los negocios, que frena la recuperación de las empresas y reduce su capacidad para invertir e impulsar su crecimiento. En un contexto de incertidumbre en el que variables como la inflación, la guerra en Ucrania y el alza de tipos ensombrece el panorama de las compañías de cara a la segunda mitad del año, esta injusta persecución fiscal resulta aún más inexplicable por la elevada factura que tiene en la economía y el empleo.
Hasta el punto de comprometer las propias previsiones económicas del Gobierno sustentadas en un dinamismo de la actividad empresarial que resulta imposible bajo una fiscalidad asfixiante.
