Si ya tenía Pedro Sánchez complicada la legislatura, el caso Ábalos con sus posibles derivaciones, se la ha puesto casi inviable. Y así lo asumen ya dirigentes del sanchismo y miembros del Grupo Parlamentario Socialista quienes apuntan que si tras la debacle de Galicia, se produce un descenso en las autonómicas del País Vasco el 21 de abril, y un nuevo descalabro en las europeas de junio, Sánchez se verá obligado a convocar nuevas elecciones generales en junio o julio, cuando se cumple el año que fija la Constitución para volver a llamar a las urnas desde la anterior disolución de las Cámaras Legislativas.
Elecciones posibles con amnistía o sin ella. Y dicen, que peor con la amnistía porque estará obligado a seguir cediendo a los chantajes de Puigdemont para mantener los siete votos que comprados, lo que implicaría, además, alinearse con delincuentes condenados y amparar la corrupción puesto que entre los delitos amnistiados estarían también los de malversación de fondos públicos. El mismo que ha prometido perseguir la corrupción de forma "implacable" y "caiga quien caiga". Claro que ya todos somos conscientes del valor cero que tiene su palabra.
En Ferraz y en el Grupo Parlamentario saben que el llamado caso Ábalos, con la detención de su ex asesor Koldo García y toda la trama relacionada con el cobro de "mordidas" en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plan pandemia del Covid, es un torpedo en plan línea de flotación del sanchismo, con la sombra del Tito Berni todavía en los talones, y afecta directamente a dos ministerios y dos Gobiernos autonómicos del PSOE, Baleares y Canarias, hasta el momento, además de al núcleo duro del presidente del Gobierno, desde el citado Ábalos -cuyo cese como ministro de Transportes todavía no ha sido explicado- hasta Santos Cerdán, pasando por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los ministros Grande Marlaska, de Interior, y Ángel Víctor Torres, de Política Territorial y Memoria Democrática, y al ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, entre otros.
Recordar también que Ábalos era la mano derecha de Sánchez en el Gobierno y el partido, por lo que con todo lo que sabemos hasta de la investigación y del sumario judicial, Sánchez está ahora, más que nunca en manos de sus socios. Y en esta tesitura muchos son en el seno del partido que se preguntan si Sumar, Podemos, ERC, Junts o el BNG, van a seguir apoyando el Gobierno de coalición y aparecer así, como cómplices de corrupción con el coste político y electoral que ello conlleva.
Todo ello con la incógnita de lo que puede ocurrir con los Presupuestos, que tienen el veto del Senado y sobre los que Oriol Junqueras ya ha avisado que es muy difícil que haya nuevas cuentas del Estado sin amnistía. Aunque fuentes de ERC admiten que se contentarían con el pacto fiscal, es decir conceder a Cataluña los mismos privilegios fiscales que tienen Navarra y el País Vasco. Algo que, sin embargo, es insuficiente para Junts y los puigdemones. Un Gobierno que ha perdido cinco diputados en cinco meses es un Gobierno en descomposición. Y eso lo sabe también Puigdemont desde Waterloo, quien estará disfrutando el espectáculo de un gobierno acorralado y cuya debilidad le hace más dependiente de sus votos y más obligado a ceder a sus chantajes.
Y para más INRI, ahora también entra Europa en escena por la utilización de fondos europeos en la trama, lo que puede desembocar en la suspensión de los envíos de dinero pendientes y en la exigencia de devolución de parte de los recibidos. Demasiado para Sánchez y su Manual de Resistencia. Un Sánchez que, por cierto, en la sesión de control en el Congreso no ha negado conocer la existencia de esta trama de presunta corrupción. Como dice sabiamente el refranero, "el que calla otorga". Y "dime con quién andas y te diré quién eres".
