El 'caso Koldo' ha hecho saltar todo por los aires y ahora Salvador Illa, exministro de Sanidad, vuelve a estar en el punto de mira por los contratos a dedo otorgados durante la pandemia. Cuando comenzó la pandemia todo fue un caos e Illa ya estuvo salpicado por un sinfín de contratos, presuntamente, irregulares. De acuerdo con los datos recogidos en la Plataforma de Contratación del Estado y las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recopiladas por la Fundación Civio, la cartera de Sanidad adjudicó contratos a dedo por una cantidad de, aproximadamente, 3.000 millones destinados sobre todo a la compra de material (mascarillas, vacunas, guantes, etc.) entre 2020 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
En marzo de 2022, el Partido Popular de Madrid presentó una demanda por las irregularidades de los contratos de emergencia derivados de la pandemia. El PP va "contra todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que pudieran ser responsables (...) por presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación de caudales públicos", dicta la denuncia.
Pero, ¿se puede volver a ver el exministro de Sanidad perjudicado en este caso? De los 91 contratos que señala la demanda del Partido Popular y que están relacionados con el 'caso Koldo', cuatro han sido adjudicados por Sanidad y alcanzan un importe de 286,1 millones. La mayor partida la recibió FCS Select Products , con contratos por valor de 263,1 millones. Además, Member of the Tribe SL recibió 9,4 millones; Weihai Textile, 10,2 millones e Hyperin Grupo Empresarial, 3,3 millones. No obstante, el Tribunal de Cuentas ya alertó de la "incidencia en la ejecución" en uno de cada cinco contratos adjudicados por Sanidad. El organismo analizó 49 expedientes suscritos durante 2020 por una cuantía global de algo más de 551 millones de euros.
Desde el año pasado, la Audiencia Nacional está investigando la presunta corrupción en tres contratos de la empresa proveedora del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La investigación comenzó en 2021 debido a que se detectaron presuntas irregularidades en las adjudicaciones 'a dedo' de mascarillas, ya que, supuestamente, otorgaba contratos a cambio de comisiones. Además, fuentes cercanas al partido señalan que "cuando Ábalos fue sustituido como ministro es porque algo debía de saber Pedro Sánchez".
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya alegó que hay indicios para abrir causa a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Una compañía que recibió un contrato de 24,2 millones por parte del Ministerio de Transportes para suministrar mascarillas y otro por 12,5 millones, adjudicado por Adif para lo mismo. La denuncia resalta que la empresa zaragozana "no parece que su actividad tenga relación con el objeto del contrato, ni relación con China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas". La compañía se dedica, según el Registro Mercantil, a servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento técnico.
El hermano de Ayuso
No es el primer escándalo derivado de los contratos de emergencia del Covid-19. El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también fue investigado por intervenir en la compraventa de mascarillas, durante las primeras semanas de confinamiento, por parte de la región; sin embargo, en marzo del año pasado todo se esclareció y salió impune.
El caso no pasó a manos de los jueces, pues la Fiscalía Europea archivó su investigación tras confirmar que los 1,5 millones de euros que pagó el Gobierno regional a Private Sportive SL —una empresa de un amigo de la presidenta— a cambio de traer 250.000 mascarillas para uno de los pabellones de Ifema, no fue un precio inflado de manera irregular. Todo esto fue denunciado por Pablo Casado y tuvo como consecuencia su dimisión como presidente del Partido Popular.
Además, hoy mismo, Ayuso ha declarado sobre el 'caso Koldo'. "Si todo lo que pasa en la región es mi responsabilidad, todo lo que pasa en el Gobierno de España lo es del presidente del Gobierno". Y agrega que "esto no es un escándalo, esto es una trama escandalosa, con decenas de tentáculos y de detenidos".
Contratos de emergencia
Los contratos de emergencia fueron una herramienta que crecieron a raíz de la pandemia, porque tenían como objetivo agilizar los trámites. Solo durante el 2020 se formalizaron un total de 22.379 contratos de este tipo y el problema es que carecen de los controles previos, lo que ha derivado en dificultades a la hora de verificar los datos.
"En los contratos de emergencia como consecuencia del Covid, se han identificado una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato y la información que debe constar en el correspondiente anuncio", declaraba Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano independiente, pero que a su vez está adscrito a la Subsecretaría de Hacienda.
