Opinión

España: ¿Nación-Estado o Estados plurinacional?

  • La imprenta y la prensa fueron elementos claves para la construcción de la patria 
  • La mayoría de los gallegos, vascos y catalanes sienten  que también son españoles

España es una nación, integrada por diferentes nacionalidades y regiones- art.2 CE-. No todos los ciudadanos de nacionalidad española, sin embargo, consideran que sea una sola nación. Ello plantea la cuestión de si España es una Nación-Estado o un Estado plurinacional. Para resolver esta cuestión es necesario saber qué entendemos por nación.

Jean Touchard afirmaba que el término nación se ha usado históricamente con más de 200 significados diferentes. Pero el concepto político de nación surge, en Europa continental, con la Revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789.

Es, por lo tanto, un concepto ilustrado, de origen liberal. Surge como superación de la monarquía absoluta: según la nueva concepción, la soberanía no tiene un origen divino, cuyo depositario es un monarca absoluto, sino que pertenece a los gobernados, quienes lo delegan en los gobernantes, los cuales solo pueden gobernar dentro de los límites consentidos por estos.

Este giro copernicano convierte a los súbditos en ciudadanos y al conjunto de éstos, gobernados por un mismo poder delegado, en nación. Así definida, en última instancia, la pertenencia a la misma la decide el ius soli, no el ius sanguinis.

Estado de Derecho y Nación son, por ello, dos elementos inescindibles: el Estado no se legítima si no es un Estado de Derecho; éste es el que convierte a los súbditos en ciudadanos y al conjunto de éstos dentro de un mismo Estado de Derecho en Nación. El Estado-Nación surge, pues, para limitar el poder y garantizar los derechos individuales. Debe subrayarse que, según la concepción ilustrada, sin ciudadanos no hay nación y que el Estado es un instrumento para garantizar sus derechos.

La imprenta y el desarrollo de la prensa fueron y son instrumentos esenciales para la construcción del Estado-Nación. Asimismo, el desarrollo de la burocracia y el establecimiento de sistemas públicos de educación. Para todo ello, era imprescindible el desarrollo de una lengua común - nacional-. Era necesaria también la creación de una conciencia de grupo diferenciado, para lo que era imprescindible el fomento de una cultura nacional, de la que era parte esencial la creación de símbolos nacionales.

Este proceso facilitó el desarrollo de un concepto político de nación distinto del liberal e ilustrado: el concepto romántico u organicista, de cariz germánico. La procedencia de estirpes, mitos y memorias comunes y de una cultura compartida como elementos que definen cada "pueblo", creadores de vínculos "naturales"; el sentido de pertenencia como fundamento de la nación y el Estado como garante de la identidad nacional. Así entendida, la pertenencia a la nación la define, en última instancia, el ius sanguinis, no el ius soli.

Hoy, frente a las proclamas de los nacionalistas organicistas, entre los estudiosos de los nacionalismos hay acuerdo en que las naciones no son realidades naturales ni eternas, sino, más bien, comunidades imaginadas que no preceden a los estados sino a la inversa: primero son los nacionalistas y después las naciones.

Mientras en la concepción liberal, el Estado y la Nación son conceptos inescindibles al servicio del ciudadano, en la concepción organicista, por el contrario, los miembros que la componen no son ciudadanos sino servidores de la nación y, por lo tanto, del Estado en tanto que garante de la misma, como totalidades a cuyos designios quedan subordinados los miembros que la integran y, consiguientemente, sus derechos. En esta concepción, la existencia de naciones sin Estado debe considerarse una anormalidad.

Ello significa que una nación, en el sentido liberal e ilustrado, puede incluir varias naciones en el sentido organicista, el supuesto inverso no es posible porque la propia concepción organicista lo repele. Debe subrayarse que, conforme a esta concepción, no es necesario que existan ciudadanos para que exista la nación. Es más, son conceptos mutuamente excluyentes porque, en el limite, los derechos de la nación -sean cuales fueren- están por encima de los derechos de los miembros que la conforman, los cuales, en relación a la nación, carecen de individualidad propia, siendo simples células que conforman ese cuerpo místico llamado nación. La misión de sus componentes es, cuales fideicomitentes, conservarla y transmitirla a sus descendientes. El concepto relevante no es el individual de "ciudadano" sino el colectivo de "pueblo". La unidad de cuenta no es el individuo sino el grupo. Ello tiene como consecuencia una visión caudillista del liderazgo y un predominio totalizante o transversal de la clerecía que le rodea.

Las modernas democracias occidentales incorporan elementos de ambas concepciones de la nación, pero se fundamentan en la concepción liberal: el Estado- Nación como garante de los derechos individuales, a los que desde 1917 y, especialmente, tras la segunda guerra mundial, se incorporan los denominados derechos sociales.

Con tal anclaje, y tras promover lenguas y culturas nacionales, los estados occidentales han incorporado el reconocimiento y el respeto a las lenguas y culturas minoritarias como componentes esenciales de su andamiaje institucional. La Constitución de 1978 es un buen ejemplo de ello.

España es, en un sentido histórico y, por ello, constitucional, una Nación-Estado en el sentido liberal. El primer texto que la define como nación es, precisamente, la Constitución de 1812 y la define -art.1- como "la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios", residiendo esencialmente en ella la soberanía -art.3- . Su finalidad es proteger los " derechos legítimos" de los españoles, considerando tales -art.5-1- a "todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Espan?as, y los hijos de e?stos", sin discriminación, por lo tanto, por razón de estirpe, lengua o cultura .Y este es el concepto liberal de nación que recogieron las constituciones posteriores, incluida la vigente, ajustado a los actuales limites territoriales de España.

El componente lingüístico y cultural más importante de esa Nación-Estado es de matriz castellana, por ser el ampliamente mayoritaria, no solo entre sus ciudadanos, sino también en todos los territorios que la componen, incluidos aquellos cuya matriz lingüística no es solo castellana sino también o solo galaico, eusko o catalano parlante, por ser estas sus culturas matrices anteriores -y, en ese sentido, autóctonas- a la expansión de la lengua y la cultura castellanas.

Esta realidad histórica pluricultural está relacionada con el hecho de que un cierto porcentaje de la población tenga, en mayor o menor medida, una concepción organicista de la nación, delimitada por su entorno cultural y lingüístico.

Así, entre un cierto número de ciudadanos de matriz castellano parlante existe la creencia de que lo castellano define España, siendo las lenguas minoritarias restos de un proceso incompleto de unificación cultural.

Inversamente, entre un cierto número de ciudadanos, cuya matriz es de alguna de las lenguas minoritarias existe la percepción de que, como continuadores de varias generaciones de esas matrices culturales, conforman naciones distintas de la castellana, pero sin Estado propio porque, conforme a su concepción organicista, cada nación debe tener su Estado, sus naciones no lo tienen y el Estado actual no es español sino castellano porque, en su opinión, esta hecho a la medida de los ciudadanos de matriz castellana.

Sin embargo, si nos atenemos a los resultados demoscópicos persistentes, observamos que cerca de la mitad de los españoles está dispuesta a aceptar que España es un Estado plurinacional, pero ni siquiera ese porcentaje está dispuesto a reconocer como nación a ninguna comunidad autónoma. Solo un porcentaje mucho menor, lo cual es altamente revelador. Adicionalmente, en Galicia, País Vasco y Cataluña, el sentimiento ampliamente mayoritario es el de la doble pertenencia, a mucha distancia del sentimiento de pertenencia única, siendo minoritario el deseo de autodeterminación tanto en Galicia, como en el País Vasco y Cataluña, de menos a más por ese orden.

Ello pone de manifiesto que la concepción ampliamente mayoritaria entre los ciudadanos españoles, incluidos aquellos que tienen la condición jurídica de gallegos vascos o catalanes, es que España es una Nación-Estado en un sentido liberal e ilustrado, pero que hay una minoría, minoría incluso entre estos últimos, que tienen una concepción organicista de la nación respecto de la cual tienen sentido de pertenencia exclusiva.

Por esta razón, no pueden ser consideradas naciones, ni en el sentido organicista ni en el liberal, las comunidades autónoma citadas, pese a que existan en ellas partidos nacionalistas, incluso con mayorías parlamentarias: sencillamente, la mayoría social existente en las mismas tiene un sentimiento persistente y creciente de doble pertenencia, rechazando la pertenencia única y excluyente.

La Constitución de la Nación Estado liberal es consciente de estas realidades y, por ello, reconoce la existencia de la diversidad lingüística española, afirmando que debe ser objeto de especial respeto y protección (art.3.3 CE).

Ello se traduce en la proclamación del castellano como lengua oficial común y de las demás lenguas como oficiales también en las comunidades autónomas correspondientes. Pero las lenguas son mucho mas que eso. El castellano es la lengua común y, por lo tanto, también propia de los ciudadanos gallegos, vascos y catalanes, la mayoría de los cuales la consideran, además, su lengua materna. Y el gallego, euskera y catalán son lenguas autóctonas de sus comunidades y las lenguas maternas de una parte no mayoritaria de sus ciudadanos.

Dado que las lenguas son componentes esenciales de la propia identidad, estos postulados constitucionales deben ser escrupulosamente llevados a la práctica, pero solo pueden hacerse realidad desde una concepción liberal e ilustrada, no desde una concepción organicista de la nación porque su unidad de cuenta no es el ciudadano sino el grupo y, por ello, o bien es excluyente, o bien jerarquizante y, por lo tanto, discriminatoria.

La mayor responsabilidad de los partidos políticos, de todos ellos, es, o debería ser, preservar y fomentar una convivencia pacífica y lo más satisfactoria posible entre todos los ciudadanos y, por las razones expuestas, ello exige la comprensión, aceptación , difusión y defensa de los postulados filosóficos, jurídicos y políticos que sirven de fundamento a la Nación Estado que llamamos España.

La alternativa es la división y enfrentamiento de los ciudadanos en perjuicio de ellos mismos y en beneficio de los más rancios caciquismos.

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