Madrid
En el año 2000, en pleno boom de la telefonía móvil, ocurrió algo extraordinario en España. La CMT reguló la portabilidad numérica, que permitía a partir de aquel momento que un abonado pudiera cambiar de compañía manteniendo su número de teléfono de forma totalmente gratuita. Es probable que en esos días no se hablará mucho de la medida, pero la realidad es que fue pionera en Europa.
De hecho, en el año 2005, 3,3 millones de clientes cambiaron de un operador a otro, la suma de portabilidades móviles más alta de la Unión Europea aquel año, según el estudio de Deloitte "Impacto de 20 años de liberalización de las telecomunicaciones en España". La nueva situación era claramente positiva para los consumidores: favorecía la competencia de precios y el trámite de cambiar de compañía dejaba de ser un tormento. En consecuencia, los operadores alternativos captaron poco a poco cuota de mercado y se desvaneció el monopolio de la antigua Telefónica pública.
Recientemente se ha producido otro cambio normativo en España que ha pasado desapercibido, pero que bajo mi punto de vista constituye un paso muy importante hacia un nuevo escenario, en este caso, para el sector bancario. El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde para que las entidades de pago y las de dinero electrónico puedan convertirse en colaboradoras de la recaudación de impuestos.
Con su licencia, las entidades de pago y dinero electrónico pueden ofrecer servicios bancarios como cuentas, pagos y transferencias. La diferencia básica con las entidades de crédito es que no pueden prestar ni invertir los depósitos de sus clientes. Pero hasta ahora existía otra diferencia sustancial: solo los bancos, cajas y cooperativas de crédito (es decir, las entidades con licencia de crédito) podían ofrecer a sus clientes el servicio de pago de impuestos, dejando al resto de actores financieros fuera.
El pago de tributos es una gestión básica para pymes y autónomos, que de forma regular tienen que pagar el IVA o, en el caso de las empresas, el Impuesto de Sociedades entre otros. La consecuencia, por tanto, es que hasta la fecha era imposible que una pyme pudiera operar con una entidad de pago o de dinero electrónico sin tener otra cuenta abierta en una entidad de crédito, es decir, en un banco tradicional. Gracias a la reciente modificación en el Reglamento General de Recaudación, las reglas del juego han cambiado y eso sí va a ser posible a partir de ahora, ya que muchas de las soluciones digitales más innovadoras podremos facilitar el pago de impuestos con nuestras cuentas y tarjetas.
Creo que es justo felicitar al Ministerio de Hacienda por ese paso adelante. Al permitir que estas entidades actúen como colaboradoras en la recaudación tributaria, se adapta a la regulación europea y fomenta un entorno más competitivo e innovador en el sector financiero. La realidad es que nos encontramos ante un hito en materia de liberalización del sector bancario, que se traducirá en una mayor competencia y, por tanto, un mejor servicio para los consumidores.
También es cierto que aún tenemos una parte del camino por recorrer para que todas las soluciones financieras puedan competir de tú a tú con la gran banca tradicional. El avance más claro en este sentido sería que las entidades de pago y de dinero electrónico en España pudieran domiciliar pagos o gestionar cobros de prestaciones de la Seguridad Social u otras instituciones públicas (por ejemplo, ayuntamientos), otro tipo de gestiones básicas para ciudadanos y empresas. Pero confío que pronto alcanzaremos este hito, que nos homologará todavía más al resto de mercados europeos.
Es positivo que la gran banca deje de jugar con ventaja. Los consumidores son los primeros que se van a beneficiar de ello, como pasó con el sector de las telecomunicaciones hace más de dos décadas. No solo en cuanto a precios se refiere: bajo mi punto de vista, que las pymes españolas estén poco digitalizadas es también una consecuencia directa de la burocracia que les supone tener por socios financieros a los bancos tradicionales.
Teniendo en cuenta todo eso, se me ocurre una pregunta de respuesta imposible. Si en los últimos años nuestro sector financiero hubiese sido tan competitivo como el de otros países europeos, ¿estaría la gran banca española celebrando beneficios históricos? Personalmente, lo dudo bastante.
