Uno de los grandes objetivos de las formaciones independentistas catalanas es el regreso de la comunidad autónoma de las empresas que se marcharon tras el 1-O. Con ese fin, Junts presionó al Ejecutivo para que desarrolle medidas que lleven a las fugadas a retornar sus sedes sociales a Cataluña a cambio de su apoyo en los decretos anticrisis. En las conversaciones se abordó la posibilidad tanto de sancionar a las firmas que se nieguen a regresar como a incentivar a las que estén dispuestas a hacerlo. Ninguna de las dos opciones cuenta con el respaldo de los empresarios. Así lo dejaron claro los presidentes de CEOE y Foment del Treball, Antonio Garamendi y Josep Sánchez Llibre respectivamente, en la segunda edición del Shuttle Barcelona-Madrid, organizado por elEconomista.es y Fundación 'la Caixa'. Ambos coincidieron en los aspectos económicos, mostrando que dejaron atrás sus diferencias.
Asimismo rechazaron las medidas coercitivas o los beneficios fiscales para impulsar la vuelta. Una posición más que comprensible, ya que las empresas tienen todo el derecho del mundo a tener sus sedes donde consideren oportuno. Por tanto y aunque como dijo Garamendi "todo el mundo esté a favor del regreso de las empresas", el mejor camino para lograrlo reside en "crear un clima de normalidad política y económica, como añadió Sánchez Llibre. Tanto Junts como el Gobierno de Pedro Sánchez deberían escuchar este nítido mensaje que lanzan los empresarios y olvidarse de medidas que además de rozar la inconstitucionalidad provocarían que Cataluña perdiera aún más empresas e inversiones al generar una mayor inseguridad. Muy al contrario, y como las grandes patronales reclaman, solo generando un clima de normalidad institucional y económica se favorecerá el retorno de las empresas.
