Las empresas solares fotovoltaicas estamos acostumbradas a vivir en el alambre. Nuestra aportación a la transición energética y a la descarbonización se nos venía reconociendo a trompicones. Por eso han supuesto una ilusionante y esperanzadora novedad los numerosos cambios aplicados en el Real Decreto-Ley 8//2023, de 27 de diciembre, más conocido como ley ómnibus.
Hasta ahora, la valoración del decreto-ley parece haberse circunscrito a la reducción del impuesto provisional a las grandes energéticas siempre que sigan invirtiendo para ampliar la electrificación de la red. La medida suena bien: cualquier iniciativa que ayude a agilizar la descarbonización del sistema es positiva, facilitará un futuro energético mucho más sostenible y probablemente también mucho más barato.
Ahora bien, diría que esa medida no ha sido la única, ni desde luego la más importante desde el punto de vista fotovoltaico. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha incluido también una vieja demanda de nuestro sector: ampliar hasta 2028 el plazo para obtener las autorizaciones administrativas de explotación de las instalaciones solares fotovoltaicas.
Es una iniciativa acertada que permitirá agilizar las incorporaciones de una nuevas plantas a la red y planificarlas, ya que éstas deberán comunicar en qué semestre tienen previsto hacerlo. Para la red será más fácil y eficiente anticipar y coordinar cómo se llevan a cabo los distintos vertidos de ese millar de nuevas plantas solares fotovoltaicas.
Confío en que la medida permita agilizar la instalación de plantas solares hasta alcanzar la potencia prevista de 40 gigavatios de nueva creación. Ayudará a superar el cuello de botella en que la propia complejidad burocrática de las administraciones mantenía a muchos proyectos. Además, favorecerá la seguridad jurídica y la previsibilidad de los mismos a medio plazo.
En cualquier caso, convendría que nadie se duerma en los laureles o retrase sus decisiones hasta el último momento. Cuanto antes se consiga conectar el mayor número de esos puntos a la red, más y mejores serán las posibilidades de revertir el cambio climático. Tomados en conjunto, la aportación de estas nuevas instalaciones a la transición energética será determinante si queremos cumplir los objetivos nacionales de descarbonización previstos para 2030.
Además, agilizar los permisos de explotación permitirá a las empresas beneficiarse de los actuales precios razonablemente moderados de materias primas y portes, aunque los dos siempre están expuestos a tensiones geopolíticas. De hecho, tras la escalada de tensión en el Mar Rojo, la escalada en el precio de los fletes ya es una realidad y, de continuar, podría provocar otra alza de los costes de la energía.
Me gustaría pensar que las decisiones del Gobierno en la ley ómnibus van en esa dirección, y buscan electrificar cuanto antes el mayor porcentaje posible de la economía española. Es una evidencia que cualquier combustible fósil que se
convierta en electricidad representa una mejora directa en la reversión del cambio climático. Ese es el sentido, por ejemplo, de la electrificación del parque de vehículos. Hay otras muchas razones para proceder así: cualquier recorte de las energías fósiles también mejora de inmediato nuestra balanza de pagos. Ayuda además a que el país aproveche la excelente oportunidad de generar su propia energía barata; disponemos de suelo industrial y capacidad profesional más que suficientes para alcanzar una posición envidiable en el conjunto europeo en solo cinco años.
Incluso diría que el Ejecutivo tiene todavía cierto margen para implantar una política de electrificación más agresiva. Los nuevos plazos de autorización de explotaciones solares fotovoltaicas pueden ser el comienzo de un nuevo albor renovable en nuestro país. Sería deseable que se compaginara con medidas más ambiciosas para la incorporación de coches eléctricos y bombas de calor, y sobre todo para la electrificación extensiva de la industria. A su vez, haría falta una adecuada política de inversiones que ampliase las capacidades de las redes eléctricas de transporte y distribución.
Por otra parte, la ley ómnibus ha establecido diversas iniciativas para facilitar el acceso a los fondos para autoconsumo reservados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se habilita a las Comunidades Autónomas para que puedan simplificar el papeleo y agilizar los trámites de acceso a las ayudas. Son medidas adecuadas y oportunas, aunque quizá insuficientes si en paralelo no se aplica una política concertada de ayudas a las bombas de calor o al coche eléctrico mediante deducciones fiscales, ayudas a los concesionarios o bonificaciones en el impuesto de la renta. Aunque parezcan medidas testimoniales o demasiado especializadas, el apoyo legislativo al autoconsumo fotovoltaico tendría un efecto positivo inmediato tanto en la reversión del cambio climático como para el bolsillo de miles de consumidores.
Desde luego, la energía solar fotovoltaica parece la única fuente capaz de añadir ambición a un balance final de la COP 28 que se antoja demasiado tibio. Los líderes mundiales reunidos en Dubái asumieron que cumplir el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados centígrados hasta 2030 será más difícil de lo previsto. Si el calentamiento climático hace que el sol luzca con más intensidad, la solución idónea podría ser utilizarlo como fuente prioritaria de energía y reducir cuanto antes el uso de energías fósiles.
En definitiva, los objetivos fotovoltaicos españoles empiezan a aproximarse a la capacidad real de crecimiento del sector, así como a los principios estratégicos marcados en el programa RePower Europe, que busca la diversificación del suministro de energía en toda la Unión y a la vez impulsar la inversión en energías renovables. Estoy persuadido de que cumplir con todos esos requisitos y garantizar el desafío final será mucho más fácil y plural si se atiende, se valora y se cuida a los diferentes agentes sectoriales. Tengan en cuenta que somos una parte relevante y decisiva si queremos que la transición energética concluya con éxito para el conjunto del país y para la economía doméstica de millones de familias.
