Las empresas solares fotovoltaicas estamos acostumbradas a vivir en el alambre. Nuestra aportación a la transición energética y a la descarbonización se nos venía reconociendo a trompicones. Por eso han supuesto una ilusionante y esperanzadora novedad los numerosos cambios aplicados en el Real Decreto-Ley 8//2023, de 27 de diciembre, más conocido como ley ómnibus.
La regla es sencilla. Cuanto más rápido sea el despliegue de la solar fotovoltaica, la factura de los consumidores podrá tener más tregua. No hay una ley más directa ni más fácil de demostrar que esa. De momento no vamos mal. En su último informe del mercado eléctrico, la Agencia Internacional de la Energía espera que desde ahora hasta 2025 las energías renovables aumenten seis puntos porcentuales su peso en el mix global de la energía, desde el 29% hasta el 35%. Representan seis puntos menos para las energías fósiles. Tengan por seguro que cuanto antes se incline la energía de cada país hacia el plato de la balanza de las renovables y aligere en la misma proporción la influencia de las energías fósiles, más tranquila, placentera y previsible será la vida cotidiana de nuestro bolsillo.
Durante varias décadas se ha destacado a la energía solar fotovoltaica como un actor prometedor dentro del mix energético pero al mismo tiempo, también secundario. En los últimos años, esta tecnología ha vivido etapas muy diferentes: crecimiento, estancamiento, cambios regulatorios, barreras burocráticas... No obstante, lo cierto es que hoy podemos decir que la energía solar vuelve a brillar y se ha convertido en un activo clave dentro del sector, entre otros motivos, debido a sus ventajas competitivas frente a otros tipos de energía. Muestra de ello es que el pasado año 2019 se registró el valor de generación anual más elevado de la historia.