España acumula un importante retraso en puntos de recarga. En concreto, cuenta con 34.000 (de los que el 26% aún no están conectados a la red) cuando debería tener 45.000. Las trabas administrativas de los ayuntamientos y las CCAA es la razón que lastra el despliegue de una red que debería alcanzar los 300.000 puntos en 2030, según el compromiso del Gobierno con la UE. Un objetivo que sólo será posible si se pone fin a la burocracia. Más aún en un momento en el que España se arriesga a tener que actualizar la gran mayoría de los puntos de recarga ya instalados, ya que carecen de sistemas de medición de energía. Un problema añadido que frenará aún más un despliegue que es básico para impulsar la venta de vehículos eléctricos en nuestro país.
