El Real Decreto-ley para la reforma el subsidio por desempleo incluía otra medida que nadie esperaba. Ello debido a que el Gobierno coló en el texto la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, aunque esta sólo podrá utilizarse cuando resulte más favorable para los trabajadores. Se trata de una reforma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió al PNV en el marco del acuerdo de investidura. Una auténtica "sorpresa" que se ha confirmado con la publicación de la norma en el BOE y que ni siquiera se mencionó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta muestra de opacidad evidencia el nulo interés del Ejecutivo por llevar este cambio normativo a la mesa de negociación con patronal y sindicatos pese a que la propia Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales este tipo de modificaciones de calado. El Gobierno, por tanto, se salta la Carta Magna y dinamita el necesario diálogo social con una normativa que atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional. De hecho, facilita que los trabajadores tengan diferentes condiciones laborales dependiendo de la CCAA donde esté la empresa.
Pero la prevalencia de los convenios regionales frente al resto también implica un duro golpe a los agentes sociales, ya que diluye su importancia en la mesa de negociación. Esto afecta a los sindicatos pero más aún a la patronal CEOE al estar más centralizada y tener menos federaciones que las centrales a nivel regional. El Ejecutivo, por tanto, arranca la legislatura con un nuevo golpe a los empresarios que, con razón, claman contra la falta de lealtad del Yolanda Díaz al incluir, sin previo aviso, una regulación que los agentes sociales decidieron dejar fuera de la última reforma laboral.
