Opinión

Paso atrás en la liberalización

Fachada de Telefónica con el logo nuevo. EP

Telefónica se dispara hasta un 6% después de que el Consejo de Ministros haya autorizado a la Sepi comprar hasta el 10% de Telefónica, que en precios de mercado se valora actualmente en unos 2.000 millones. Una operación que se produce tras la irrupción de la saudí STC en el accionario de una empresa considerada estratégica por el Ejecutivo y que según la Sepi "dará estabilidad accionarial a la compañía". Pero las implicaciones que tiene este movimiento van mucho más allá de lo que dice el brazo industrial público en su comunicado a la CNMV. Para empezar, el sorprendente incremento en el porcentaje de participación permitido a la SEPI, cuando la idea inicial era del 5%, convertirá directamente al Estado en el mayor accionista de Telefónica. Esto posibilitará además que el holding público se haga con el control del consejo de administración de la teleco, ya que la buena relación de España y Arabia asegura la fidelidad de la propia STC, que posee el 4,9%.

Además, es improbable que CaixaBank, donde el Gobierno también tiene un 16% tras la fusión con Bankia, se ponga en contra de su socio. La vicepresidenta Calviño destacó que se trata de una empresas estratégica, fundamental para la defensa nacional, ya que, entre otras cosas, gestiona las redes de los satélites públicos. Pero existen muchas vías legales de salvaguardar la españolidad de Telefónica sin necesidad de entrar en su capital y menos mediante la posible toma de su control. La posible compra de STC de hasta el 10% ya no suponía un problema, ya que los saudíes ofrecieron quedarse en un porcentaje menor y colaborar con el Gobierno. La compra, por tanto, supondrá una toma de control total por parte del Estado en Telefónica e implica un paso atrás en la liberalización de las grandes empresas nacionales.

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