Para un lector no familiarizado con la realidad Argentina, las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, pueden parecer "extremas". Si bien en el momento actual no existe un nivel suficiente de detalle acerca de su impacto fiscal neto, está claro que el nuevo Gobierno ha considerado al déficit fiscal como el principal problema de la economía argentina. En este sentido se ha de entender que las 10 medidas anunciadas recientemente incluyan fundamentalmente, fuertes reducciones de gastos, a las que se añade un ajuste importante del tipo de cambio oficial y algunas medidas sociales paliativas para los colectivos más vulnerables.
Por el lado fiscal, se espera que la suspensión total de los planes publicitarios del Gobierno de la nación, la cancelación de nuevas obras públicas y la eliminación de subsidios a las empresas de transporte tengan un importante efecto en la caída del gasto público, y consiguientemente una reducción del déficit fiscal. Estas medidas, fueron acompañadas por otras más bien simbólicas (con un bajo impacto como % del PIB, pero con alta consideración social), como la reducción de ministerios (de 18 a 9) y secretarías de estado (de 106 a 54), y la no renovación de los contratos laborales que tengan una antigüedad inferior a un año.
Adicionalmente, la devaluación del tipo de cambio oficial anunciada fue del 100%, lo que en el corto plazo debería fomentar las exportaciones.
En otro país estas medidas serían propias de una "economía de guerra". No obstante, los seguidores del nuevo presidente consideran que estas medidas son totalmente necesarias y se basan para ello en el análisis de algunos indicadores macroeconómicos de este país sudamericano. Así, la inflación, un fenómeno que tiene múltiples causas, rondará el 200% este 2023 y se estima que en no menos de 300% para el 2024. La causa principal que atribuyen los expertos es una política monetaria expansiva para financiar un déficit excesivo, de carácter histórico. De los últimos 123 años, el país tuvo desequilibrio fiscal en 113. En Argentina, como en otros muchos países del mundo, la "normalidad" es gastar más de lo que se recauda.
Tal vez, poniendo de relieve la historia económica se puede entender cómo un país, que estuvo entre los de mayor riqueza del mundo, haya declinado constantemente en el último siglo. En suma, la inflación reprimida (consecuencia del financiamiento de un déficit crónico con emisión monetaria) y la distorsión de precios relativos (debido a las múltiples restricciones y controles de precios en servicios fundamentales como la energía y el transporte) fundamenta el pronóstico de la cartera de economía que, con total sinceridad, dijo "vamos a estar unos meses peor que antes".
Existe un relativo consenso entre los expertos y entre los dirigentes argentinos acerca de que el déficit fiscal es un problema crítico que debe resolverse. La novedad, es que el presidente haya sido elegido postulando un ajuste fiscal y que lo empiece a ejecutar de una forma tan inmediata. Sin embargo, la sostenibilidad de estas medidas no pasa sólo por los posibles resultados de las mismas en el medio plazo, sino también porque no se agote antes la paciencia de una sociedad que da muestras evidentes de estar al límite.
Es por esta razón que dentro de las medidas que se aprobaron recientemente hay dos que tienen un carácter social, y las que están dirigidas a aumentar los programas de asistencia a lo población más pobre. Particularmente, el fortalecimiento de aquellos programas que representan ayudas directas al beneficiario final, han incrementado sus fondos entre el 50% y el 100%. En contraste, programas en los que la gestión de intermediarios era importante se han visto afectados en términos negativos. A su vez, la bajada de los subsidios al transporte en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA, comprendida por la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores) impacta directamente en el bolsillo de la clase media (aunque signifique equipar los habitantes del AMBA a los del resto del país donde se paga la tarifa sin subsidios).
Es probable que el nuevo Gobierno sea consciente de que no tiene mucho tiempo, y que la paciencia social ya viene dañada de años de estanflación (falta de crecimiento y alta inflación). Por ello puede sonar lógico el tratamiento de tipo shock y la fijación de expectativa de que 2024 será un año duro, de reacomodamiento de las variables de la economía. Al final del día, el ex presidente Macri (de similar orientación ideológica que el presidente Milei) fue criticado por haber sido "gradualista" en sus políticas. La gente no reconoce las causas y los causantes cuando padece las consecuencias. El tiempo empezó a correr para Javier Milei y su equipo.
