El Consejo de Ministros aprobó ayer lo que considera un "prudente" techo de gasto no financiero estatal en 2024. Para justificar ese adjetivo, remarca que el desembolso solo crece un 0,5% con respecto a 2023. Ahora bien, el punto de partida en este año ya constituía una cifra récord de más de 198.000 millones que se incrementarán ahora hasta rozar los 200.000 millones. Es más, si se descuenta el efecto debido a la llegada de los fondos europeos, el Gobierno propicia un avance del 9,3%, permitiéndose incluso mantener varias de las ayudas ligadas a la crisis inflacionista (posiblemente la reducción del IVA de los alimentos y los descuentos del transporte). Moncloa actúa de ese modo pese a la reducción que el IPC muestra y a las recomendaciones de la propia Comisión Europea de limitar dichas ayudas al máximo. Esa paradoja no impide a Hacienda reafirma su compromiso con Bruselas de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024.
Esa meta resulta muy cuestionable considerando la optimista previsión de ingresos fiscales que maneja, un 9% en un contexto de clara desaceleración económica en el que el rendimiento de varios tributos ya flaquea. Es también dudoso que el Gobierno logre imponer el fuerte ajuste del déficit autonómico (hasta el 0,1% o incluso hasta el 0%) no solo en el Senado sino incluso en el Congreso. A todo ello, tendrán que sumarse los costes financieros derivados de un nivel de deuda pública que, según reconoce el Gobierno, aún superará el 100%en 2026. La prudencia que el Ejecutivo adjudica a su techo de gasto carece de bases sólidas. De hecho, el continuo y temerario aumento del desembolso amenaza con someter a la economía española a un fuerte desequilibrio en el corto plazo.
