La Ley de Amnistía tuvo un lógico papel protagonista en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, que defendío la normativa pese a la oleada de protestas en las calles por suponer un claro ataque al Estado de derecho. Pero la economía también estuvo muy presente durante la sesión al desplegar el candidato el catálogo de compromisos que plantea aprobar una vez sea investido. Entre ellos se incluye la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados, o nuevas ayudas a los tenedores de hipotecas y al alquiler. En otras palabras, Pedro Sánchez mantendrá buena parte del escudo social desobedeciendo el consejo de la Comisión Europea o el Banco de España, que instaron al Gobierno a poner fin a las medidas antiinflación para evitar un desvío en las cuentas públicas.
Una petición comprensible habida cuenta de que los precios se sitúan ya en un contenido 3,5% y de que el mantenimiento de las subvenciones comprometen los objetivos de déficit público que se reactivarán con la vuelta de las reglas fiscales en Europa. Un compromiso que Sánchez espera cumplir elevando la presión fiscal especialmente sobre las rentas más altas y las empresas. "Los ricos, lo siento, tienen que pagar más que el resto", llegó a decir el candidato mientras recordó que incrementará la progresividad del IRPF y aplicará el tipo mínimo del 15% en Sociedades. Resulta así evidente que Sánchez alargará la fiesta del gasto a costa de castigar con más impuestos a aquellos que más recursos tienen para invertir. Una pésima estrategia si lo que se pretende es impulsar el crecimiento y alcanzar el "pleno empleo", como también prometió el propio Sánchez.