Comentaba hace unos días en estas mismas páginas que, a la vista de lo que dicen los indicadores, en España estamos ante eso que los economistas americanos han dado en llamar la recesión silenciosa, es decir que la economía está mal, pero todavía no nos damos cuenta. Una situación de espejismo económico que, si este fuera un país normal, con un gobierno normal que se ocupara de servir a los españoles y no a servirse y aprovecharse de ellos, debería ser el eje central de los debates y, sobre todo, de las negociaciones para la investidura, con objeto de enderezar la nave de un país que hace aguas por casi todos sus costados.
Veamos: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recortado su previsión de crecimiento real del PIB del 2,5% al 0% en sólo un mes, entre el 31 de julio y el 9 de septiembre. Al tiempo que su presidenta, Cristina Herrero, afirmaba en el Fórum Europa que los indicadores confirman que la economía española sufrirá una desaceleración de su crecimiento con mayor intensidad y anticipación de lo estimado antes del verano, añadiendo que habrá una pérdida de dinamismo en el mercado laboral.
Palabras que coincidían prácticamente con lo estimado por el informe trimestral de proyecciones económicas del Banco de España anunciando que la ralentización económica será más intensa en la segunda parte de 2023 y a lo largo de 2024, por el deterioro del sector exterior y un nuevo repunte de la inflación por el encarecimiento de la energía y de las condiciones financieras. Un organismo, el que dirige Pablo Hernández de Cos, que constata también que las familias españolas han perdido un 4,5% de poder adquisitivo en los últimos dos años, la mayor entre los países de la OCDE.
Añadir a esto que a finales de este año el Gobierno ya ha anunciado que se suprimen las ayudas contra la inflación que incluyen entre otras medidas, la rebaja de los carburantes y la supresión del IVA de determinados alimentos. A parte de la posibilidad de nuevos impuestos comprometidos con Bruselas para compensar el aplazamiento de los peajes en las autovías. Todo un mazazo para los ciudadanos de un país con 13,1 millones de españoles en situación de pobreza o exclusión social, con datos del indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), en el que son muchísimos los hogares que no pueden llegar a fin de mes, donde se recortan prestaciones sociales donde el precio del aceite ha subido un 52% y los alimentos un 10,5%, donde la gasolina está en máximos, la Seguridad Social tarda dos meses en dar cita, y el último informe de la OCDE muestra que tenemos el gobierno que más ha subido los impuestos, el que más grava fiscalmente los salarios y el que tiene la mayor tasa de paro de todos los países desarrollados.
Una España que encadena tres meses perdiendo empresas, 1.325.910 al finalizar el segundo trimestre, 12.700 empresas menos que en abril, y cifra inferior a las que había en 2019. Mortalidad empresarial y pérdida de negocio que se refleja también en el número de contratos registrados, que en agosto ha sido de 1.088.831 lo que supone un descenso de 194.960, el 15,19%%, sobre el mismo mes de 2022. Al tiempo que la contratación acumulada en los ocho primeros meses de este año es inferior en 2.328.172 contratos, un 18,61% menos, a la de enero-agosto del año pasado.
Todo esto es lo que pasa en España y todo esto es lo que hoy ocupa y preocupa a la mayoría de los españoles, pero no al Gobierno que ni atiende, ni responde ni soluciona porque lo único que le ocupa y le preocupa es conseguir una investidura que le negaron los ciudadanos en las urnas a costa de humillarse ante los golpistas catalanes, concediendo una amnistía que es una "condena de la democracia", como la ha definido Alfonso Guerra, y una profanación del Estado de Derecho, destruyendo el principio de igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución, violando la propia Carta Magna y vendiendo España a quienes quieren destruirla.
