El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, se ganó su sueldo esta semana al anunciar que el organismo está dispuesto a realizar los cambios regulatorios pertinentes para que las empresas del Ibex puedan cotizar a la vez en Estados Unidos. Actualmente lo hacen mediante los denominados ADR (acciones negociables en depósito de los bancos), con una liquidez limitada, ó simplemente mediante su inclusión en el mercado americano, mediante el denominado listing. Ambas fórmulas restan visibilidad y atractivo ante los inversores, frente a la cotización en un índice como el Russell, al que aspira Ferrovial.
Resulta extraño de que, en vez de anticiparse al problema, Buenaventura busque un remedio después de que la constructora anunció su salida. La CNMV, desaprovechó una oportunidad de oro para modificar la Ley del Mercado de Valores durante el período de consulta, que se acaba abrió en mayo de 2021.
Buenaventura se justificó en que "hasta hoy mismo ni en la CNMV ni en la Bolsa y Mercados Españoles (BME) hemos recibido ninguna expresión de interés sobre ese asunto". Sus palabras si prueban, sin embargo, que en la decisión de Del Pino pesaron también motivos de otro tipo, además del interés por cotizar en Estados Unidos.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó siete subidas de impuestos y creó cuatro nuevos sólo en 2022, a la par que utilizó 127 reales decretos alegando motivos de urgente necesidad, hurtando la potestad legislativa al Parlamento. "Es insoportable seguir así, la regulación cambia cada dos minutos, no se puede planificar nada", se queja un empresario del sector energético, entre los que más ajetreo legal padece, porque a los cambios de la regulación nacional se suma la adaptación constante de las directivas europeas.
Los empresarios se lamentan de la lentitud en las respuestas de la Dirección General de Tributos, así como la falta de entendimiento entre las administraciones, que multiplica el número de normativas y su interpretación jurídica.
Entre los nuevos impuestos figura el de Solidaridad, que afecta a ciudadanos con un patrimonio superior a 3,7 millones, entre los que se encuentran varios consejeros de la constructora, incluido su consejero delegado, Ignacio Madridejos. Uno de los directivos que se trasladará a Holanda.
El gravamen a los ricos es por dos años, pero existe temor a que se prorrogue como se acaba de hacer con el tope a los alquileres. Sobre todo, teniendo en cuenta que España tendrá que volver a cumplir unos objetivos de déficit y deuda pactados con Europa a partir del próximo año.
Ferrovial mencionó el tema de la estabilidad en el comunicado para anunciar su traslado a Países Bajos, pero esta semana su portavoz, Francisco Polo, desmintió que este factor ni el fiscal esté entre los motivos, debido al enfado que produjo en el seno del Gobierno. Una sobrereacción que no se esperaba en la constructora
La vicepresidenta Calviño hizo un llamamiento al patriotismo y pidió reconsiderar la decisión, mientras que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sugirió que se aplique la acción de oro, que otorga el poder de vetar la adquisición de una empresa española por un tercero. En este caso no se cumplen los requisitos porque la filial holandesa absorbe la matriz española, por lo que el capital de ambas es el mismo, y Ferrovial no es estratégica para la seguridad nacional. La venganza vendrá en forma de menores contratos públicos en el futuro, según estas fuentes.
¿Por qué el traslado a Holanda cayó como una bomba en Moncloa? El traspaso supo a cuerno quemado porque chafa los esfuerzos realizados en los últimos meses para restaurar la confianza en la economía española después de la pandemia y para captar capitales.
El año pasado, el presidente viajó un par de veces a Estados Unidos para atraer inversores y grandes fondos internacionales. A finales del año pasado anunció una inversión de la naviera Maersk por 10.000 millones; en enero visitó el foro que se celebra anualmente en la ciudad suiza de Davos para entrevistarse con consejeros delegados de grandes firmas, entre los que estaba Larry Fink, el presidente de BlackRock, el mayor inversor en empresas del Ibex.
Sánchez está implicado personalmente en captar una gran inversión en microchips, para lo que reservó una partida superior a los 12.000 millones en los fondos Next Generation, la más cuantiosa de todos. En Davos se reencontró con los responsables de Intel, Cisco, Qualcom ó Micron sin éxito, después de verse con Samsung.
"Todos los esfuerzos de mejora de la imagen de nuestro país en el exterior serán inútiles si los inversores perciben que la salida de Ferrovial se debe a la inseguridad jurídica", reconocen medios cercanos.
En el Gobierno se han dado cuenta de que podría haber un efecto boomerang, muchos inversores se pensarían dos veces a partir de ahora su entrada en España por las dificultades que pueden tener para salir.
Por eso, el aparato monclovita se esforzó la semana pasada en personalizar el reparto de las culpas en el presidente de la constructora, Rafael del Pino, aunque no logró aportar pruebas. El portavoz del grupo se lamentó en varias televisiones de que Sánchez no se pone al teléfono a Del Pino, aunque es cierto que le contactó sólo media hora antes del anuncio de la medida. El presidente de Ferrovial se entrevistó luego con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, así como con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no con Sánchez.
"El anuncio de otra salida sería un golpe mortal para la imagen exterior de España", aseguran. La constructora planificó su traslado durante más de un año, según reconocen fuentes internas, sin comentarlo con las instituciones, como ratificó Buenaventura.
El presidente del Gobierno tiene motivos personales para su enojo, porque detrás de la movilización para captar capitales está su promoción personal. Sánchez goza de una imagen inigualable en la UE, tiene una gran amistad con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y su nombre suena para sustituir al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dejará su cargo a mediados de 2024, así como al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenber, que se marcha a final de año.
Es el presidente más internacional de la historia de la democracia, según sus colaboradores, y el único que habla inglés de manera fluida. Esta exitosa carrera exterior culminará, además, con la presidencia europea de la Unión en el segundo semestre.
¿Cómo queda Sánchez ante sus socios europeos si éstos perciben que nuestras grandes empresas se marchan por la inseguridad jurídica? La preocupación debe de ser importante, porque algunos miembros del Gobierno han contactado con bufetes internacionales interesándose por conocer si existen más sociedades dispuestas a irse.
El acoso a los empresarios y los ataques personales a varios de ellos, documentados con imágenes que se hicieron virales, son una losa que perseguirá al Gobierno durante un tiempo. ¿Qué país demoniza a sus empresarios ó los ataca de manera persistente porque ganan dinero?
La tensión vivida estos días cuajó el martes en una iniciativa inédita. El Instituto de Empresa Familiar,, que preside Andrés Sendagorta, a propuesta de sus 18 centros territoriales emitió por primera vez en su historia un comunicado conjunto en el que piden al Gobierno que "evite descalificar a empresas y empresarios", así como que "impere la reflexión y el análisis riguroso al definir medidas" ó que "al legislar no se creen barreras competitivas con respecto a las que existen en otros países". Las empresas familiares hace un llamamiento al "diálogo con las instituciones para resolver los problemas".
Si la Administración hubiera practicado este diálogo antes de tomar medidas arbitrarias sin consultar a los empresarios, Ferrovial no hubiera trasladado su sede fuera de España y las aspiraciones de grandeza del presidente no correrían el riesgo de quedarse sólo en un sueño. Sánchez debería repasar los versos de Calderón de la Barca: " Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son".
PD: La reforma de las pensiones presentada por Escrivá a Bruselas supondrá otro bofetón para las rentas altas. El ministro, para obtener el favor de los sindicatos, carga el coste de financiación sobre los salarios superiores a los 54.000 euros, los mal llamados ricos, en vez de repartirlo sobre los pensionistas. De hecho, alargar la vida de cotización apenas tendrá impacto sobre las pensiones. Otro golpe bajo a las clases altas, que desincentivará la atracción de talento.
