El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasó ayer directamente al ataque contra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, por su decisión de trasladar su sede fiscal a Países Bajos. "Hay empresarios comprometidos con España. No es el caso del señor del Pino", afirmó el líder del Ejecutivo. No obstante, Sánchez quiso subrayar que "los empresarios juegan un papel muy importante en la sociedad". "Lo juegan y así lo ha reconocido el Gobierno de España en momentos como la pandemia, la guerra o con los ERTE", recordó.
No ha sido el único porque otros miembros del Gobierno también han pasado al ataque. "Lo que me suscita así, de repente, es decir qué mala consejera es la codicia a veces", aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ferrovial justifica su decisión, entre otras muchas cosas, como paso previo "a la futura admisión a negociación de esas mismas acciones en los Estados Unidos" dado que "las acciones de una sociedad española cotizada en España solamente pueden negociarse en los Estados Unidos a través de American Depositary Receipts (ADR) u otras fórmulas indirectas, y los American Depositary Receipts no son elegibles para acceder a los índices bursátiles estadounidenses". Sin embargo, el ministro de Inclusión no compra este argumento y cree que se trata de "motivación cortoplacista" para tributar menos en España.
En una línea muy similar se pronunció Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno. "Países Bajos es tradicionalmente un país con un marco fiscal basado justamente en la atracción de empresas por su baja tributación", recordó la titular de economía. A Calviño le llama la antención que "en el relato de los países en los que está presente Ferrovial", no está aquél al que va a llevar su sede social. "No hay una relación (en ese país) con la actividad empresarial en sí misma", afirmó.
Los argumentos cambian si se mira a oposición y patronales. CEOE pide "respeto" para la decisión de Ferrovial. "Pediría un respeto. Hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas ni a los empresarios de este país", sostuvo su presidente, Antonio Garamendi. El líder empresarial defendió que "no va a un paraíso fiscal", sino a un Estado de la Unión Europea, y remarcó que en torno al 90% del negocio y de los inversores de la compañía están en el extranjero.
El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, también hizo mención a los ataques que reciben los empresarios. "Se les ha marcado y eso no es bueno ya que el empresario crea riqueza, crea empleo y es necesario porque si no la economía se para", apuntó.
La tercera parte del triángulo la protagoniza la oposición. El Partido Popular continúa con la estrategia iniciada el martes tras conocerse los planes de Ferrovial y pese que lo considera una "mala noticia", acusa al Gobierno de "maltrato" hacia a las empresas. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguró ayer que entiende que haya empresas que "no aguanten la presión y el maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez, que los ve como "enemigos". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apartó de línea del Ejecutivo y aseguró que la salida de Ferrovial no tiene nada que ver con motivos fiscales sino con sus planes para cotizar en EEUU.
Mientras, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se pronunció también y dijo en Espejo Público, de Antena 3, que "el caso de Ferrovial me convence incluso más de que tenemos que luchar por una unión de mercados de capitales", explicó, dado que "las grandes empresas quieren expandir" su negocio y acceder a liquidez y en Europa "tenemos un mercado fragmentado" con "diferentes marcos legales" y "diferentes reglas impositivas".
