Opinión

La subida de tipos y los costes de las empresas

Christine Lagarde, presidenta del BCE

El pasado jueves, el Banco Central Europeo realizó la mayor subida de tipos de interés de la historia del euro, 0,75 puntos. Este endurecimiento de la política monetaria era inevitable con nivel de inflación superior al 9% en la zona euro. De hecho, la realidad es que la subida de los tipos de interés va con muchísimo retraso, y, además, llega en un momento particularmente inoportuno, ante el invierno más complicado que se recuerda en el ámbito de la energía.

La subida de los tipos de interés supone, en primer lugar, una menor renta disponible para los ciudadanos, en primer término, porque las hipotecas antiguas a tipo variable, y todas las nuevas, serán más caras. Además, los préstamos al consumo también serán más caros. Todo esto retrae el consumo. Si, además, se paga bastante más por los carburantes, la calefacción y la luz, la renta disponible para consumir cualquier otro producto o servicio disminuye. A esto hay que añadir la subida de precios de los alimentos, que también es un gasto inevitable.

Pero, la combinación de subidas de tipos e inflación no sólo afecta a los consumidores, sino también a las empresas, que tienen que hacer frente a mayores costes. Por una parte, los costes energéticos también suben, y mucho, para las empresas. Pero, además, la energía y muchas materias primas se pagan fundamentalmente en dólares. Esto significa que las empresas europeas están experimentando costes superiores por la debilidad del euro, que se deriva directamente del retraso en la subida de los tipos de interés.

Además, conforme vayan subiendo los tipos de interés, la carga financiera de las empresas irá aumentando. Esto tiene dos implicaciones, y la primera, obvia, es que se reduce la inversión, porque a un mayor tipo de interés, el número de proyectos rentables disminuyen, especialmente si hay retracción de la demanda porque los consumidores tienen menos renta por la inflación. Esta disminución de la inversión supone menos crecimiento y empleo a medio plazo. Pero, además, obviamente, los beneficios de las empresas no financieras disminuyen al aumentar el gasto financiero.

Este hecho, la disminución de beneficios, debería llevar a que las empresas paguen menos impuesto de sociedades. Sin embargo, la limitación de gastos financieros, introducida en 2012, reducirá mucho este efecto. Según la normativa española, las empresas, salvo bancos y empresas aseguradoras, pueden deducirse gastos financieros con el límite del 30% de su beneficio operativo, concepto parecido, aunque no idéntico, al beneficio antes de intereses e impuestos (EBITDA), con un mínimo de un millón de euros. A medida que vayan aumentando los tipos de interés, las empresas pagarán cada vez más intereses, que, en parte, no se podrán deducir. Pensemos que, en 2012, cuando se introdujo la medida, Hacienda recaudó 1.010 millones de euros más, gracias a esta limitación. Esta cuantía que se redujo a 250 millones de euros en 2019, debido fundamentalmente a unos bajísimos tipos de interés que ya pertenecen al pasado.

Como explico en mi libro "¿Hacienda somos todos?" (Debate 2022), la introducción de una limitación de la deducibilidad de gastos financieros era imprescindible. La combinación de ingresos externos (dividendos y plusvalías) exentos, junto con deducción sin límites de los gastos financieros incurridos para financiarlos, era una bomba para la recaudación del impuesto de sociedades: los ingresos no sumaban y los gastos sí restaban. Además, esto hacía artificialmente más rentable la inversión en el exterior sobre la inversión en España. Pero de ahí pasamos al límite de deducción de gastos financieros más duro del mundo, que además afecta a muchas empresas medianas. En Alemania y Francia, por ejemplo, también existe este régimen, pero, además de cláusulas de escape, el límite mínimo de deducción de gastos financieros es de 3 millones de euros, el triple que en España. Todo esto quedó muy suavizado durante muchos años, pero las inevitables subidas de tipos de interés del BCE están haciendo que este límite de deducción se haga cada vez más relevante, incrementando el porcentaje de impuestos que tendrán que pagar muchas empresas.

A este primer coste fiscal, habría que añadir una eventual restricción de créditos y/o un mayor tipo de interés, derivado de la nueva "prestación patrimonial de carácter público no tributaria" a las entidades de crédito, que dependerá del diseño final de esta figura, pero que no puede excluirse. Por cierto, el hecho de que haya muchas menos entidades de crédito en España que hace unos años, debido a la crisis de las antiguas cajas de ahorro y a los procesos de concentración, hará, probablemente, que las subidas de tipos de interés se trasladen más rápido a empresas y consumidores, dado que existe menos competencia.

En general, las empresas se enfrentan a mayores precios industriales, es decir a mayores costes. El índice de precios industriales (IPI) que calcula el Instituto Nacional de Estadística, cerró julio con un incremento interanual superior al 40%, algo inferior al récord de marzo, pero que anticipa subidas de precios cuando estos costes se vayan trasladando a precios. Entre los elementos de este índice destaca un incremento del 100% del coste energético de las empresas. Si a esto añadimos aumento de costes financieros y, eventualmente fiscales, sólo queda como elemento de ajuste los salarios. Pero, un incremento de los salarios inferior a la inflación, aunque positivo para la competitividad de las empresas, evidentemente, reduciría la demanda interna.

Incluso sin tener en cuenta los efectos de un más que probable corte total del suministro de gas ruso a Europa, nos enfrentamos a un invierno extraordinariamente complicado, con riesgos de recesión en toda Europa, al mismo tiempo que la inflación, incluso si creemos las previsiones del BCE, tardará mucho tiempo en volver a niveles aceptables.

Ante este escenario, habría que aceptar que, inevitablemente, y debido sobre todo a factores externos, estamos sufriendo un proceso de empobrecimiento, del que sólo se sale con esfuerzo: un pacto de rentas, un plan nacional de ahorro energético y unos presupuestos adaptados a estas nuevas, y peores, circunstancias son imprescindibles.

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Comentarios 2

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Interesante artículo e interesante libro. Si, en España las empresas van a padecer el aumento de la inflación y de los costes financieros. Aunque parece que el artículo se centra en las grandes empresas, obviando que más del 98 por ciento del paupérrimo tejido empresarial español está formado por autónomos, micro Pymes y Pymes de menos de 10 empleados, que en conjunto emplean el 60 por ciento de los trabajadores. Si, estás empresas ya están sufriendo por los motivos antes apuntados. Pero bueno, en España no pasa nada. Si cierran, que cierren, qué más da. Seguramente su cierre se achacará a una mala gestión debido a la incapacidad de sus gestores, ya que es sabido que los estudiantes más inteligentes y mejor preparados al acabar sus estudios universitarios se decantan mayoritariamente por ser funcionarios. Solo los que no sacan una oposición o no acceden a un puesto de asalariado en una gran corporación, por motivos extraños de los que más vale no hablar, se hacen empresarios. Los políticos de Bruselas han apoyado al régimen de Kiev en su guerra civil contra los habitantes de mayoría rusa del Donbass, sin pensar en las consecuencias que esta brutal guerra puede acarrear. Están tan tranquilos en sus butacones esperando que les suban el sueldo de acuerdo a la inflación, sin ninguna pérdida de privilegios, y a los demás que les den. Por otra parte, hablar en España de esfuerzo y trabajo está mal visto y es tirar el escrito directamente a la papelera. Si sigue por este camino la ministra del Paro, Yolanda Díaz Pérez, me temo que le va a dar un tirón de orejas. Trabajar en España se puede considerar un delito. Además, los autónomos, empresarios de micro Pymes y de Pymes de menos de 10 empleados están empezando a pensar que a partir del 30 de septiembre deben de ingresar en Hacienda el 21 por ciento de IVA, declaración del tercer trimestre, y habrán acabado de pagar 4 nominas, las de julio, agosto y septiembre, más una más de actualización de lo que va de año por convenio. Por otro parte, si caen enfermos, por ejemplo de cáncer y han recibido quimioterapia, habrán pedido el alta voluntaria, ya que si no están en su trabajo puede irse al desastre su empresa, y está enorme angustia no se tiene en cuenta al hacer los pagos a Hacienda. No tiene importancia. El funcionario pide la baja y al estado que le den, que está malito y no puede ir a trabajar. El empresario no, y no es lo mismo. Por tanto queda perfectamente claro que los estudiantes mejor dotados y con mejores expedientes opten por la oposición, en España ser empresario es un rollo. Estamos de acuerdo.

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#1
vio
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Post Data. La ley universal del trabajo en España es: ser empresario es un rollo y ser funcionario es un chollo.

Puntuación 2
#2