La Unión Europea aprobó esta semana la sexta ronda de sanciones a Rusia con objeto de detener la guerra en Ucrania, consistente en dejar de comprar de inmediato el 75 por ciento de las importaciones de crudo y el 90 por ciento a finales de año. La medida, unida al embargo petrolero adoptado ya por el Reino Unido, supondría un golpe estimado por el instituto bruseliense Bruegel de 80.000 millones anuales para las finanzas del Kremlin, sobre un total en ventas de crudo a Europa por unos 110.000 millones.
Pero eso es sólo sobre el papel, porque las maniobras de Moscú para recolocar cerca de la mitad de ese crudo en otros mercados, sobre todo en India y China, reduciría el impacto a unos 48.000 millones, según la consultora OilX. La cifra final, sin embargo, arroja muchas dudas porque se desconoce la capacidad de las refinerías indias, (las que más crudo pueden absorber) para tratar el crudo tipo Urales, más pesado que el resto.
Si tenemos en cuenta que Rusia ingresa unos 800.000 millones de dólares por sus exportaciones de hidrocarburos a lo largo del año, estaríamos hablando de un tajo de más del 20 por ciento de los ingresos, en el caso de que logre recolocar una parte. Millones de barriles de petróleo ruso flotan sobre el océano a borde de buques cuyo destino es desconocido.
El embargo, unido al resto de medidas como la prohibición de las transacciones financieras internacionales a través del sistema Swift, golpeará considerablemente la economía rusa. Pero no la hundirá. Moscú, con más dificultades, podrá seguir costeando el conflicto bélico. Hay que tener en cuenta que las adquisiciones de gas, más 155.000 millones de metros cúbicos anuales equivalentes al 40 por ciento de las importaciones de la UE, no están de momento en el mapa de sanciones de la Unión.
La pregunta que quizá se estarán haciendo es qué impacto tendrá el embargo sobre nuestra economía. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que Rusia disminuirá en tres millones de barriles diarios su producción, en torno al 30 por ciento, aunque algunos analistas bajan ese porcentaje a uno ó al 1,5 millones de barriles. Incluso esta cifra tan baja presionará los precios del petróleo, como hemos visto esta semana, en la que el barril de Brent se ha consolidado por encima de los 120 dólares.
El coste adicional estimado para las economías europeas ronda los 25.000 millones anuales. Aunque la decisión de la OPEP de bombear 650.000 barriles diarios más y la próxima visita del presidente Joe Biden a Arabia Saudí han generado expectativas de que Riad puede suplir las carencias de crudo con mayor producción y alivie los elevados precios internacionales del petróleo.
El Banco de España estimó esta semana entre el 0,8 y 1,4 puntos del PIB el impacto durante el primer año sobre la economía española, en el caso de una hipotética interrupción de las importaciones energéticas rusas, que se iría suavizando a medida que se encuentren alternativas de suministro. Los sectores más afectados serían el transporte y las industrias de metales básicos y química. Y el que menos, el de servicios.
Por este motivo, el efecto en Alemania se duplicaría, con respecto a nuestro país, a entre el 1,9 y el 3,4 por ciento del PIB mientras que en la UE alcanzaría entre el 2,5 y el 4,2 por ciento del PIB. En conclusión, que con excepción de España, la grandes economía del euro, que en la actualidad bordean la estanflación con crecimientos raquíticos en torno a cero en el primer trimestre, entrarían en recesión.
Aquí no acaban las malas noticias, porque la inflación subiría nueve décimas en el caso español y dos puntos porcentuales adicionales en Alemania, Italia ó la UE. Como se sabe, los precios al consumo en la UE se incrementaron el 8,1 por ciento en mayo, un porcentaje nunca visto en la serie histórica de Eurostat. El dato, muy preocupante, alienta el debate interno en el seno del Banco Central Europeo (BCE) sobre la magnitud del incremento de los tipos de interés que se tomará en julio. La víspera, el economista jefe del BCE, Philip Lane, había salido a la palestra para calmar los ánimos, prometiendo que no subirían más de un cuarto de punto en esta primera cita.
Los expertos vaticinan hasta cinco subidas en 2022, aunque el consenso se sitúa en 0,75 puntos básicos a finales de año. Los halcones presionan para que el primer movimiento sea de medio punto, al que podría seguir otro de una magnitud parecida, al estilo de lo que ha anunciado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La FED incrementará medio puntos sus tipos en junio y julio, después de haberlos subido hasta 0,75 por ciento con la inflación en el nivel más alto en cuatro décadas.
Los llamados halcones, encabezados por los presidentes de los bancos centrales de Alemania, Holanda, Austria ó Finlandia y el subgobernador de la institución Luis de Guindos son partidarios de incrementos de medio punto, mientras que en el grupo de las palomas militan la presidente del BCE, Christine Lagarde, junto Lane y el resto de gobernadores, entre los que se encuentra el español, Pablo Hernández de Cos.
Los halcones pujan por colocar los tipos entre un punto y punto y medio a finales año, dependiendo de cómo evolucionen los precios. Si bien es cierto que los energéticos seguirán al alza por las tensiones de Ucrania, los cuellos de botella que provocó la escasez de materias primas han comenzado ya un descenso, que podría acentuarse en lo que queda de año. La apertura del puerto de Shanghai debería contribuir a aliviar los tráficos de mercancías.
No obstante, en medios próximos al BCE se asegura que la institución quiere enviar un mensaje a los mercados para evitar que se produzca una espiral inflacionista, que empiece por los salarios ó las pensiones y se extienda al resto de la economía. Por eso, el gobernador insiste en un pacto de rentas con aumento moderados en torno al dos por ciento, que incluya las pensiones.
El temor es que el precio del dinero catapulte las primas de riesgo como ocurrió en 2008 y el coste de la deuda. El primer aspecto se descarta, porque el endeudamiento de la economía española es más bajo ahora. Sobre todo en empresas y particulares, que suman alrededor del 160 por ciento del PIB.
El coste de la deuda pública, en el 120 por ciento del PIB, se incrementará en unos 1.200 millones por cada punto de los tipos de interés. El Bono a diez años cotiza actualmente alrededor del 2,3 por ciento y los analistas esperan que alcance el 4 por ciento a finales del ejercicio, con un coste adicional de 5.000 millones anuales para las colaciones futuras de deuda.
No obstante, a corto plazo no se prevén tensiones debido a la política de prudencia del Tesoro, que aprovechó los últimos años para alargar el plazo de vencimiento de la deuda. Los costes se dispararán a partir de 2024-25. Hay que tener en cuenta que el BCE podrá fin en paralelo a las recompras de deuda pública en el tercer trimestre del año. Por eso, desde diversas instituciones se insta al Gobierno español a ajustar el gasto antes de que llegue la tormenta.
PD.-¿Madrid nos roba? El ministerio de Transporte y Movilidad destapó también la caja de truenos con el informe sobre inversiones del sector público empresarial por autonomías en 2021. Cataluña es la región con menor grado de ejecución presupuestaria, con sólo el 27,3 por ciento, mientras que Madrid es la que más, con el 112 por ciento.
Si se estudia con detenimiento las tablas, la mayoría de los incumplimientos corresponden a Renfe y, sobre todo a Adif. El gestor de infraestructuras ferroviarias sólo ejecuto el 4,6 por ciento de una partida para el AVE de 492 millones y el 23,9 por ciento de otra de 772 millones. El corredor Mediterráneo sufre un retraso de casi una década, al igual que el AVE entre Valencia y Barcelona.
No se puede colegir que exista una mano negra que frene las inversiones desde el Gobierno, que elevó en más del 40 por ciento la inversión en Cataluña en 2022 y colocó en esta cartera a una ministra catalana Raquel Sánchez. Todo lo contrario. La ejecución choca con un entramado burocrático y político complejo dentro de la Generalitat y en los ayuntamientos que dificulta el desarrollo de las obras, como ya se vio en la ampliación de El Prat por 1700 millones, paralizada por el presidente catalán, Pere Aragonés.
