La presión ambiental comienza a ser irrespirable en la sede del BBVA. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, urgieron de nuevo al actual presidente de la entidad, Carlos Torres, a que culmine la investigación sobre Villarejo. El ex comisario acusa al anterior presidente, Francisco González, de realizar escuchas ilegales a directivos y políticos, entre ellos el antiguo mandamás de Sacyr, Luis del Rivero, y el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián.
El banco azul contrató a la auditora Price Waterhouse y los bufetes Garrigues y Uría para rastrear las actuaciones de los directivos en este caso sin resultados visibles, casi un año después. Torres se niega, además, a dar el coste de los trabajos de auditoría a petición de un grupo de accionistas. La legión de investigadores al servicio de la entidad asciende a cerca de 150 personas.
Con la lupa del regulador y del supervisor puesta sobre la chepa, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputó a ocho directivos y ex directivos de la entidad financiera, entre ellos el anterior consejero delegado, Ángel Cano, mano derecha del presidente entre 2009 y 2015, que cayó en desgracia.
"En vez de abogar por la transparencia, Carlos Torres se erige en el defensor de los acusados"
Las autoridades monetarias, además del máximo responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, advierten de que el coste reputacional es enorme y acabará pasando factura al accionista. El valor en bolsa de la entidad aún no se resiente por culpa del escándalo, pero lo hará con el paso del tiempo.
La inquietud crece entre las autoridades bancarias porque la reacción de Torres es desconcertante. En vez de abogar por la transparencia, se erige en el defensor de los acusados. A Francisco González lo mantuvo como presidente de honor hasta que vio peligrar su propio cargo por la presión de un grupo de accionistas, que amenazaban con boicotear la última Junta de la entidad.
Aún así, González sólo renunció temporalmente, y mantiene sus privilegios con despacho, más de media docena de escoltas y avión privado. La tesis a la que se agarra el ex presidente es que él no sabía nada y todo obedece a una invención del ex comisario, en la cárcel por la comisión de varios delitos, lo que es verdad.
Corrochano se prejubiló de la entidad en junio del año pasado, unos meses antes que FG
FG echa la culpa al máximo responsable de seguridad del grupo bancario, Julio Corrochano, quien reconoció ante el juez que conocía el contrato con Cenyt, la empresa del ex comisario. El magistrado también imputó a otros dos de sus colegas, Inés Díaz Ochagavía y Nazario Campos.
Corrochano estaba encargado de la seguridad personal de FG y, según los papeles filtrados por Villarejo, se convirtió en su sombra. Hasta el punto de que éste no daba un paso, ni siquiera cuando estaba de vacaciones, sin que fuera supervisado y comprobado personalmente por Corrochano.
La relación entre ambos saltó del ámbito profesional al personal. Casualidad o no, Corrochano se prejubiló de la entidad en junio del año pasado, unos meses antes que el propio FG decidiera echarse a un lado para ceder la vara de mando a Torres y también de que García Castellón abriera la pieza separada sobre BBVA.
El jefe de Seguridad recibió, según sus allegados, una generosa indemnización para vivir sin trabajar más en su vida, que no hubiera logrado en las actuales circunstancias, es decir, tras la imputación. Para muchos, González pudo comprar su silencio con esta espléndida jubilación anticipada a cargo, eso sí, de los miles de accionistas del BBVA.
FG jamás firmaba documentos para eludir cualquier delito. Corrochano supervisaba todo
Pero no dejen de leer, que aún hay más. El 28 de abril, José Miguel de Andrés Torrecillas es ascendido a vicepresidente. Un cargo no ejecutivo, considerado clave por el BCE, ya que su misión es sustituir al presidente en circunstancias excepcionales. La sorpresa proviene de que De Andrés había sido denunciado unas semanas antes por la asociación Uniter, que agrupa a un millar de ex directivos de BBVA, por encubrir presuntamente la actuación de FG.
De Andrés era desde marzo de 2016 el consejero coordinador y presidente de la comisión de auditoría. Eso quiere decir que debía actuar como contrapoder de FG, ya que entre sus funciones están las de convocar al consejo cuando lo considere conveniente, aún sin el visto bueno del presidente.
De Andrés era presidente de la auditora de Sacyr cuando se produjo el intento de asalto a BBVA por del Rivero
Sin embargo, no reunió al órgano de administración de BBVA hasta el 18 de enero de 2019 para tratar el caso Villarejo, seis meses después de que el propio FG ordenara una investigación interna, en mayo de 2018.
De Andrés respondió en la junta de accionistas a un representante de Uniter, que se enteró el 9 de enero por la Prensa. Algo inaudito, dada su estrecha relación con González. Como presidente de la comisión de Auditoría tiene obligación de investigar cualquier requerimiento referido a una conducta irregular del banco o de sus directivos, máxime si se trata de su máximo responsable. De Andrés era presidente de Ernst & Young, la auditora de Sacyr, en 2004, fecha en la que se produce el intento de asalto a BBVA por el presidente de esta constructora.
"González actuó con extrema precaución durante toda su presidencia"
El principal imputado, Ángel Cano, que declarará ante el juez esta semana, desempeñó un papel relevante en la resolución del escándalo de Jersey. Junto a Luis Bastida, ex director financiero con Emilio Ybarra, se encargaron de negociar la resolución del caso con el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana.
Cano fue el máximo responsable ejecutivo de la entidad en sustitución de José Ignacio Goirigolzarri y, por tanto, actuó como estrecho colaborador de González desde la dirección de Recursos y Medios en su defensa en el caso Sacyr.
Como se sabe, González es muy generoso con sus amistades. También recompensó los servicios prestados por el gobernador Caruana nombrándole consejero. Recientemente fue designado presidente de la comisión de auditoría en sustitución de De Andrés.
¿Por qué el magistrado García Castellón no imputa directamente a González, además de a sus colaboradores? Es la pregunta del millón de dólares.Pero la respuesta es simple: González actuó con extrema precaución durante toda su presidencia. Jamás firmó contratos para eludir responsabilidades penales. En su lugar, obligaba a que sus directivos los rubricaran por él, pese a que, en muchas ocasiones, estaban en desacuerdo con las condiciones del texto en el que estampaban su firma. No tenían otras salida para evitar caer en desgracia y poder disfrutar del cargo.
García Castellón imputó a los que colaboraron en los contratos o en los pagos realizados a Cenyt porque sabe que tiene muy difícil conseguir documentos que impliquen directamente a FG. Es una táctica judicial para sembrar el pánico entre los directivos afectados a fin de que canten, como se dice vulgarmente, y echen las culpas hacia arriba por temor a ser condenados. Es decir, para que rebelen por orden de quién rubricaron los contratos.
El problema de García Castellón es la falta de pruebas directas para imputar a González. Hay que tener en cuenta que durante los meses en que González dirigió la investigación se ocuparía de borrar todos los rastros que condujeran a su persona.
Los directivos cercanos a González aseguran que es muy celoso con su seguridad, acostumbrado a trabajar con los servicios secretos, que se preocupaba de eliminar las huellas de su actuación y de quitar de enmedio a los sospechosos de ser desleales, lo que convirtió el ambiente interno en irrespirable. Una época sobre la que ahora se abre la veda, aunque será muy complicado encontrar trapos sucios, porque éstos se lavaban en casa.
PD.- La otra noticia de la semana fue la elección de Christine Lagarde como presidenta del BCE y de la ministra de Defensa germana, Úrsula von der Leyen, como presidenta de la Comisión. Alemania cambia así su tradicional capacidad para designar al presidente del BCE por la Comisión. En otras palabras, prefiere controlar el poder político al económico. Merkel se dio cuenta que los problemas de la inmigración, el Brexit o los populismos marcarán el futuro de Europa y el de su propio país. El BCE va detrás para intentar amortiguar los golpes. La economía queda así supeditada a la política.
La elección de Lagarde fue un respiro para los mercados porque la alternativa, el germano Jens Weidmann, hubiera presionado con subidas de tipos de interés y restricciones monetarias al sur europeo.
España recupera peso político con la designación de Borrell en Exteriores, uno de los puestos desde donde podrá combatir el independentismo. Sánchez negocia otra comisaría para España, que podría ocupar Nadia Calviño. La mala noticia es que así tendría manos libres para designar a María Jesús Montero, la actual titular de Hacienda, como vicepresidenta económica. Montero volvió a la carga esta semana con sus subidas de impuestos para ganar protagonismo, mientras que Calviño prefiere mantener la discreción hasta conocer su destino.
Entidades
