Mientras la ministra Montero decía, con la boca pequeña, eso de que no es el momento de subir impuestos, se guardaba en el cajón el informe a medida de ese grupo de serviles disfrazados de expertos para asestarnos un nuevo atraco fiscal en cuanto la guerra nos pille descuidados.
Enmascarado en el disfraz medioambiental y travestido de una falsa armonización, el Gobierno tiene ya la justificación que había ordenado para subir los impuestos al gas natural, al diésel y las gasolinas. Incorporar una cuota tributaria a la compra de automóviles y de billetes de avión. Imponer el pago en autovías, suprimir gradualmente los tipos reducido y superreducido del IVA o establecer un mínimo en los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio, un tributo en extinción que en Europa pagan ya sólo en Suiza y en Noruega y que supone una doble imposición porque se obliga a pagar por la tenencia o transmisión de bienes por los que se ha tributado previamente.
Una política de vampirismo fiscal que supone un perjuicio y una agresión directa a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Quien no se compra un coche de bajas emisiones o tiene un coche de más de diez años es porque no puede y porque está asfixiado por la voracidad impositiva de las administraciones y por una inflación galopante que los responsables de los ministerios económicos ni saben combatir ni se preocupan por minorar sus consecuencias.
En el año 2021 el coste de la subida de los precios para las familias supero los 30.000 millones de euros y el Banco de España estima que los hogares con menos ingresos han perdido por este impuesto invisible un 26% de poder adquisitivo frente a la pérdida del 6% en las rentas más altas. Estos son los que no iban a dejar a nadie atrás. Si de verdad trabajaran por la sostenibilidad y el medio ambiente se preocuparían por subvencionar la comprar de automóviles híbridos o eléctricos, los más caros con diferencia del mercado, y por invertir en la investigación de baterías y motores eléctrico como están haciendo en Francia o Alemania.
Y si de lo que se trata es de armonizar, que empiecen por eliminar los privilegios fiscales del cupo en el País Vasco y en Navarra, si se atreven. Eso, además de reducir el desmedido y ofensivo gasto público en Ministerios tan ineficaces como innecesarios, asesores y amiguetes enchufados que ha alcanzado los niveles más elevados de nuestra historia y ha situado a España como el país que más aumentó su deuda pública en términos de PIB durante el último ejercicio.
Son fariseos, hipócritas fiscales, una peste que se extiende entre políticos de cualquier signo y condición, como demuestra el pimpante alcalde de Madrid. Mientras el Partido Popular esgrime como eje de su política económica la bajada de impuestos y la reducción de la presión fiscal, el equipo municipal de la coalición entre PP y Ciudadanos en Madrid se empecina en sangrar sistemáticamente al automovilista, al que limita sus derechos y libertades intentando arrebatar a la izquierda la bandera de la ecología demagógica.
Martínez-Almeida incumplió su promesa electoral de derogar Madrid Central para acabar por cambiarle el nombre y ampliarlo territorialmente. Eleva también el precio de los parquímetros en días de alta contaminación, días que decide el Ayuntamiento y que son todos, o casi, desde su puesta en marcha. Y se inventa ahora las llamadas plazas SER de alta rotación, que serán 1.130 en Madrid, con un tiempo límite de estacionamiento de 45 minutos y que costarán el doble que las verdes.
Y, ¿qué decir de la aberrante perversión de VOX aliándose con la izquierda mediante una enmienda de Rocío Monasterio para tumbar la ley de Isabel Díaz Ayuso que garantiza la bajada de impuestos en Madrid?
Y esto se puede generalizar para el conjunto de las Administraciones. Y, si no, ya verán que pronto se extiende este invento de las Plazas SER al resto de los municipios españoles. Que nuestra salud, nuestro estado de bienestar y nuestras vidas sólo les importan como excusa para justificar impuestos, tasas y sanciones. ¡Manos arriba!
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