El comité de expertos designados por el Ministerio de Hacienda para sugerir modificaciones del sistema fiscal publicó este jueves su batería de medidas, recogidas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria.
El documento, elaborado por catedráticos y doctores en diferentes ramas económicas, recoge medidas para modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto sobre Sociedades, Sucesiones y Donaciones, entre otros. También, para alterar la fiscalidad medioambiental.
Según el informe, estas propuestas pretenden "servir de fundamento para una reforma del sistema tributario que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, de manera que pueda responder a la financiación de los gastos públicos, contribuyendo a reducir el déficit estructural y al mantenimiento del Estado de Bienestar".
En este sentido, cabe señalar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó aplicar cualquier medida en este momento, dada la actual coyuntura que azota al continente y la escalada del precio de la energía.
"El informe del comité no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el Gobierno y que, en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica. No es el momento", declaró durante la presentación del documento.
Gasolina, diésel y otros carburantes
Dentro del paquete de 118 medidas, condensadas en las 788 páginas del documento, muchas afectan directamente a la movilidad.
La más destacada, aunque no tan novedosa, reclama la equiparación fiscal del diésel respecto a la gasolina. La medida ya estaba contemplada en los Presupuestos de 2021, aunque la negociación del Gobierno con el PNV llevó a retirarla.
Según plantean los expertos, no solo se equipararían sus impuestos, sino que, además, ambos carburantes verían aumentada su fiscalidad. Así, la gasolina debería aumentar sus impuestos un 15,47 %, mientras que el diésel lo haría un 27,26 %. El gas natural, por su parte, también se vería afectado con una subida del 7,5 %, según especifica el documento elaborado por los expertos.
No obstante, el comité recalca que estas medidas no se podrían tomar de golpe, sino que tendrían que adoptarse de forma gradual. Además, tendrían que venir obligatoriamente acompañadas de medidas que mitiguen los impactos negativos que provocarían en las rentas más vulnerables.
Peajes en autovías (y en ciudades)
En cuanto a los polémicos peajes, en pleno debate en el seno del Gobierno y todavía sin una decisión definitiva sobre cómo serán, los expertos proponen que el pago por el uso de autovías se realice en función de la distancia recorrida.
Plantean varios escenarios para recaudar unos 1.200 millones de euros mediante el pago de un céntimo o tres por kilómetro recorrido y tipo de vehículo (los más pesados pagarían más). Con este método, sería necesaria la implementación en los vehículos de un dispositivo capaz de contar y transmitir las distancias recorridas, según contempla el documento.
También, el comité designado por el Ministerio de Hacienda sugiere que se establezca una tasa municipal para acceder a las ciudades, que ayude a mitigar los impactos negativos generados por la congestión del tráfico. Sería otro recurso adicional para controlar el acceso a las zonas urbanas, más allá de las actuales y futuras Zonas de Bajas Emisiones como las que ya operan en Madrid o Barcelona.
Este tributo podría ser de una cuantía variable en función del volumen del tráfico, de la localización y de la hora del día.
"No se presentan ni evalúan propuestas específicas, sin embargo, porque son necesarios estudios detallados ad hoc que definan técnicamente las posibles aplicaciones y valoren los resultados de su aplicación", señala el estudio.
Subida del impuesto de matriculación
La compra de un nuevo vehículo discerniría entre los vehículos puramente eléctricos y otros que combinen la propulsión eléctrica con la combustión. Por lo tanto, se establecerían distintos tramos frente a los actuales, además de gravar todavía más a los que más contaminan.
Recordemos que con la tarifa actual existen distintos tramos en función de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro que emita el vehículo. De esta forma, los que están por debajo de 120 gramos de CO2 por kilómetro (gCO2/km), están exentos de pagar este impuesto; entre 120 y 160 gCO2/km, abonan un 4,75 % más sobre el precio de venta; entre 160 y 200, un 9,75 %, y por encima de 200, un 14,75 % adicional.
Pues bien, las dos nuevas propuestas proponen otros tramos, entre los que emiten menos de 55 gCO2/km, entre 55 y 127 gCO2/km, entre 127 y 152 gCO2, entre 152 y 175 gCO2/km y los que superen esa última cantidad.
Según la primera propuesta, el impuesto sería del 0% para los dos primeros tramos, del 5 % para el tercero, del 10 % para el cuarto y del 15 % para el último; la segunda propuesta, por su parte, sería más elevada, dejando exentos de pagar únicamente a los menos contaminantes. El segundo tramo tendría un gravamen del 5 %, el tercero del 10 %, el cuarto del 15 % y el último del 20%.
El billete de avión, más caro
De esta hipotética subida de la fiscalidad sobre la movilidad tampoco escapa el transporte aéreo. Sin embargo, conscientes de que los viajes que más daño generan al medioambiente son los vuelos cortos, los gravámenes se intensifican precisamente en este tipo de trayectos, sustituibles en muchas ocasiones por otros medios de transporte menos contaminantes como el tren.
Así, la propuesta establece que el precio final en el billete de avión aumentaría un 14,97 % para los vuelos domésticos y un 6,67 % para los vuelos internacionales.
"Esta propuesta busca así equilibrar las actuaciones correctoras en los distintos segmentos de transporte para inducir cambios de comportamiento que respondan a la internalización de todos los costes del transporte aéreo, favorezcan el cambio modal en trayectos cortos y promuevan el desarrollo e implantación en el sector de tecnologías que sean compatibles con la transición ecológica", justifica el informe.
Según estiman, la medida reduciría el número de viajeros en un 8,5 % y la recaudación obtenida ascendería a unos 952 millones de euros.
Además, también se contempla un endurecimiento sobre los combustibles de aviación, marítimos y agrarios. Pero, al igual que sucedería con los combustibles para particulares, los cambios deberían producirse de forma gradual y con compensaciones a los sectores más afectados.
