Mientras Europa empieza a tomar conciencia de que la invasión a Ucrania es un ataque a todas las democracias occidentales, a sus valores, su nivel de vida y a su modelo de libertades, los analistas económicos, las empresas y sus organizaciones empiezan también a darse cuenta del impacto que el conflicto bélico y las sanciones impuestas a Rusia va a suponer sobre las economías de los países miembros de la UE y sobre todo en España, que está en el furgón de cola de la recuperación y lidera el desempleo.
"Las sanciones que le impongan a Rusia las acabaremos pagando las empresas porque nos acabaran subiendo el gas, ahí jugamos en desventaja", afirmaba recientemente Balbino Prieto, presidente de Nova Internacional y presidente de honor del Club de Exportadores. Es cierto que a nivel comercial y de inversión España no está entre los mayores países clientes de Rusia ni entre los países donde más invierten las empresas rusas. Las exportaciones a Rusia suponen un 0,7% del total y las dirigidas a Ucrania representan un 0,2% mientras el país que preside Vladimir Putin ocupa el puesto 41 en el ranking de los inversores extranjeros en España con unos 470 millones de euros centrados en los sectores de construcción e inmobiliario.
Sin embargo, la balanza se desequilibra en lo que respecta a las importaciones españolas que superan los 6.033 millones, fundamentalmente de petróleo y gas. Y es ahí donde está la amenaza. Porque los precios del crudo Brent subían este lunes un 7% hasta 105 dólares por barril, mientras que el gas natural supera los 87 euros tras un aumento del 23 por ciento, lo que llevará aparejada una subida de los costes de la electricidad.
Y eso se produce en un escenario de inflación galopante, como refleja el dato del IPC adelantado de febrero con una subida de los precios del 7,4%, 5 puntos por encima de la subida media del 2% de los sueldos en enero. Y puede ser peor si tenemos en cuenta que los analistas internacionales estiman que la repercusión de la locura de Putin sobre el encarecimiento del coste de la vida en la UE será de 1,5 puntos más lo que elevaría el IPC español a casi el 9%, recortando la capacidad de compra de los hogares y frenando la recuperación del consumo privado y consecuentemente de la economía.
De hecho, en ámbitos próximo a La Moncloa se ha empezado a difundir que el Gobierno trabaja ya en una revisión a la baja de sus previsiones macroeconómicas para 2022 y en especial del crecimiento que asumen ya estará no sólo por debajo del 7% estimado en los Presupuestos, sino que será incluso inferior a ese 5,6% que apuntan en Bruselas.
El fantasma de la estanflación, es decir el estancamiento de la economía con aumento del paro y la inflación, empieza a dejar de ser una utopía. Porque añadido a la subida de los precios, el conflicto y las sanciones impuestas van a suponer un duro golpe para un sector básico como el turismo. Rusia fue el décimo país que más turistas aportó a España en 2019 con más de 1,3 millones de visitantes de ese país, además de que, como advierte José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, la guerra puede afectar negativamente a la demanda turística intraeuropea.
Y, en medio de todas estas amenazas, aparece al menos un ligero alivio. Los últimos movimientos y declaraciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo apuntan a que están dando marcha atrás en sus objetivos iniciales de recuperar la senda de consolidación fiscal y de subida de los tipos de interés que tenían previsto iniciar a partir de este mes de marzo, con objeto de no entorpecer aún más el escenario de recuperación de las economías europeas.
El BCE, por boca de su presidenta Christine Lagarde se ha comprometido a tomar las decisiones necesarias para garantizar la estabilidad de precios y financiera de la zona euro, además de a garantizar "condiciones de liquidez fluidas y el acceso de los ciudadanos al efectivo".
Es decir, que la subida de tipos en Europa se retrasa y eso en un país como España con una deuda que ronda el 120% del PIB y un déficit público que supera los 100.000 millones de euros, puede ser la tabla de salvación para evitar ajustes y recortes drásticos y la estabilidad misma del Gobierno.
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