Este Gobierno que tanto presumía del acuerdo entre los agentes sociales para justificar el incumplimiento de su promesa de derogar la reforma laboral, que se quedó en alumbrar un clon apenas maquillado de la reforma del Gobierno de Rajoy, opta ahora por el ordeno y mando autoritario para imponer una subida del salario mínimo interprofesional relegando y castigando a las empresas, que son quienes crean empleo y riqueza en la economías de mercado.
Y lo hace bajo una pretendida razón de política social, cuando las formas y el momento elegido indican que se trata fundamentalmente de propaganda y electoralismo para intentar recomponer la deteriorada imagen de la vicepresidenta Yolanda Díaz, fracasada en sus intentos de conseguir el apoyo de los Frankenstein a su pseudoreforma, y de dar la vuelta a las encuestas a sólo tres días vista de las elecciones autonómicas en Castilla y León.
Y no se trata de ir en contra de las subidas de salarios. Al contrario. Es plausible y defendible subir los sueldos y especialmente los más bajos. Pero la pregunta es ¿cuántos de los aproximadamente dos millones de trabajadores afectados por esta subida van a perder su empleo?
El Banco de España estima que cada subida del SMI supone una pérdida neta de empleo de entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales, que confrontados con los datos de afiliación a la Seguridad Social supone perder entre 92.000 y 174.000 puestos de trabajo, con datos de 2019, además de la paralización de las contrataciones.
La razón política y económica aconseja en estos casos acomodar las subidas salariales a las circunstancias, es decir a las condiciones económicas, laborales y sociales del país. Y estas muestran que hoy España está a la cabeza del desempleo en Europa, con la mayor tasa de paro de la UE, el 13,7% duplicando la media de los 27 estados miembros, somos también líderes en tasa de paro juvenil, el 30,7% y los segundos en la de paro femenino con el 4,7%. Seguimos teniendo 124.000 trabajadores en ERTE que no se contabilizan como parados, 108.000 autónomos en cese de actividad, y los datos de enero muestran que se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo mientras el empleo privado sigue por debajo de 2019. Que 16.969 empresas y 16.164 autónomos han tenido que cerrar su negocio y hay 1.281.000 desempleados que ya no cobran ninguna prestación.
Tenemos también una inflación del 6%, con una inflación subyacente del 2,4% y al alza que ya no afecta sólo a los productos energéticos, sino que se ha trasladado a toda la cesta de la compra, con una pérdida de más de 30.000 millones de euros para familias y empresas. Sufrimos una política impositiva esquilmativa y asfixiante que con las últimas subidas de impuestos eleva el esfuerzo fiscal de los españoles, es decir la relación entre la carga fiscal real con la efectivamente se podría soportar, hasta el 40%, el más alto de toda la Eurozona. Y en el caso de las empresas la presión fiscal que soportan supera en 4 puntos a la media de la UE, con lo que ello supone en pérdida de competitividad.
A ello hay que sumar que el Estado se lleva ya el 39,3% del salario de cada trabajador a través de las cotizaciones sociales y el IRPF. Que tenemos también la mayor caída de la productividad de toda la serie histórica con un descenso del 6,6% con respecto al inicio de la crisis que ha llevado a Eurostat a situar a España como el peor país de la UE en recuperación económica y pérdida de productividad. Con esta coyuntura la fórmula integrada por más salario, más cotizaciones sociales, más impuestos y más inflación sólo tiene un resultado: mas paro, menos contrataciones y más economía sumergida. Y conste que me gustaría equivocarme, pero los antecedentes pintan bastos.
Y respecto a los sindicatos, sólo constatar que llevan ya mucho tiempo ocupándose y trabajando sólo para aquellos trabajadores que están dentro del mercado laboral en perjuicio de los más de tres millones que todavía están fuera. La razón me la daba ya hace unos años un veterano y alto cargo de uno de los dos sindicatos mayoritarios: "los parados no pagan cuotas". Más claro…
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