Presume Pedro Sánchez, a la luz de los resultados de la EPA, de que esta es la legislatura del Empleo. Lo que calla el Presidente es que si desde que está en el Gobierno se crea empleo, a pesar de sus políticas, es gracias a la reforma laboral de Fátima Báñez.
Esa reforma que ha estado dirigiendo el mercado de trabajo español desde 2012, que ha conseguido el hito histórico de crear medio millón de puestos de trabajo anuales hasta 2019 y la misma que Sánchez prometió derogar, para después de darse un baño de realismo y de recibir los rapapolvos de Bruselas terminar haciendo un ligero maquillaje, sin sombra de ojos ni pintalabios.
Sin ánimo de jugar a las adivinanzas sobre si el Gobierno conseguirá superar el trámite parlamentario, sí parece oportuno precisar que sería insólito y contrario a la ética política y social que un acuerdo pactado y apoyado por los agentes sociales, los directamente afectados, fuera tumbado o modificado sustancialmente por el mercadeo político y los intereses espurios de un parte del gobierno, de los independentistas enemigos de España y a los filoetarras de EH Bildu.
Ocurre que, como dice sabiamente el refranero, la mentira tiene las patas muy cortas, y después de haber prometido y pactado la derogación con sus socios parlamentarios ahora el jefe del Ejecutivo se ve en la obligación de exigir, que no pedir o negociar, a la oposición que apoye o se abstenga, al menos, en la convalidación del decreto de reforma laboral. En la sede popular de Génova y sus dirigentes son conscientes y confirman que la contrarreforma acordada apenas cambia el espíritu y la condiciones laborales de la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Pero defienden también que no se puede apoyar una reforma que devalúa, aunque sea en una mínima parte, una normativa de éxito y que ha demostrado que funciona. Y lo que no están dispuestos a aceptar es el ninguneo, el desprecio y los ramalazos despóticos y autoritarios de un Sánchez que, como acostumbra. ni les ha consultado en las conversaciones con sindicatos y empresarios, ni siquiera se ha dignado a informarles sobre el resultado de las mimas, en contra de lo que exige el más mínimo sentido del Estado y de las reglas democráticas. "No es comprensible un rechazo a la reforma laboral por parte de las izquierdas", resaltaba recientemente el secretario general de CCOO, Unai Sordo, mientras que desde la CEOE se insisten en "no tocar ni una coma del acuerdo". Y eso significa no sólo no introducir cambios en el texto ni tampoco comprometerlos a posteriori por la puerta falsa de otras leyes. Una práctica de puntos suspensivos ya utilizada por el Gobierno en normas precedentes y que ahora parece reeditar Yolanda Díaz con los Frankenstein.
Porque la necesidad de mantener esta reforma labora en los términos pactados deriva en primer lugar, como apuntan responsables sindicales, del cumplimiento del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020 entre CEOE , CCOO y UGT en el que se definían los puntos esenciales en los que era preceptivo el acuerdo entre las partes, como la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre las subcontrataciones entre empresas, la evolución de los salarios mínimo pactados en convenio y la ultraactividad o mantenimiento de la vigencia de los convenios colectivos mientras no se llegue a un acuerdo sobre el convenio nuevo.
Y, en segundo lugar, de la condición inexcusable impuesta por la Comisión Europea de presentar una regulación del mercado laboral acordada y rubricada por los sindicatos y, sobre todo, por los empresarios para desbloquear el siguiente tramo del fondo de recuperación, con una dotación de 12.000 millones de euros, el más elevado de todos los previstos hasta 2026 y que tiene como fecha indicativa el primer trimestre de 2026. Eso es lo que está en juego y Sánchez y, sobre todo, la ministra Calviño saben que Bruselas no amenaza en vano y no admite trampas, subterfugios o mentiras.
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