Mientras la clase política y la opinión pública se entretienen con las bufonadas del inane ministro Garzón, el Gobierno ultima con premeditación y alevosía un nuevo hachazo fiscal, contrario a las rebajas impositivas de nuestros socios y competidores europeos, a las recomendaciones de la Comisión Europea y a lo que dicta la lógica económica para salir del furgón de cola de la recuperación.
Recordar que, añadido al anuncio de la arbitraria y abusiva subida de las cuotas de autónomos, el Gobierno ha encargado a un presunto comité de expertos la elaboración de un libro blanco sobe el futuro del sistema tributario español que, disfrazado bajo el concepto de armonización esconde una auténtica multiplicación de la presión impositiva que a partir de 2023 afectara a la fiscalidad medioambiental, sobre el patrimonio y a sucesiones y donaciones, fundamentalmente y con el objetivo espurio de castigar a Madrid y a Andalucía, las comunidades que con una política fiscal de rebajas de la carga impositiva se han convertido en las locomotoras económicas de España.
Expertos que, por otra parte, y según hemos podido saber esta semana en su mayoría están relacionados con Hacienda, bien por ser altos cargos del Departamento, por haberlo sido con el PSOE o por tener cargos o vinculaciones remuneradas con el Ministerio que dirige María Jesús Montero, y que son quienes han recibido el encargo de perpetrar una tramposa armonización tributaria -ahora la llaman así- que bajo el disfraz de un pretendido ecologismo vuelve a golpear a los trabajadores y a las rentas más desfavorecidas. Y lo hace en país con más de cuatro millones reales de desempleados, asfixiado por una inflación galopante que ha venido para quedarse, al menos en el medio plazo y que ha provocado la mayor pérdida de poder adquisitivo prácticamente desde el inicio de este siglo. O, lo que es lo mismo, que nunca en los 20 últimos años ha habido tanta diferencia entre el aumento medio de los precios y la subida de los sueldos.
Los números, que como el algodón no engañan, al contrario que las interpretaciones que de ellos hacen los políticos, muestran que el IPC cerró el ejercicio de 2021 con una inflación del 6,5%, frente a una subida de los salarios en convenio de sólo el 1,47%, que se reduce al 0,9% en el caso de los empleados públicos, el mismo 0,9% que suben las pensiones más la paga del 1,6% que se aplica por última vez, la misma subida. A la vista de estos resultados, y como se pregunta José Luis Fernández, director de estudios de USO, ¿dónde está el escudo social?
Pero si descendemos al desglose por partidas, vemos que las mayores subidas de los precios se concentran en las de agua gas y electricidad con un incremento del 23,3%, Transporte con un 10% y en alimentos y bebidas no alcohólicas que suben un 5%. Como es fácil concluir va ser muy difícil no pasar frío, desplazarse o comprar alimentos este invierno.
"No vamos a dejar a nadie atrás", clamaba Pedro Sánchez en su patético discurso de marzo de 2020, pero a la vista de lo que está pasando parece que cuando hablaba de "nadie" se estaba refiriendo a ellos, a esa macrogranja en que ha convertido el Consejo de Ministros, el gobierno con más carteras de la democracia y de la Unión Europea, a sus amigos y socios parlamentarios de la "Frankestein", y al Ministerio de Hacienda que como consecuencia del rebote que la inflación ha producido en la recaudación del IVA va a ver incrementados los ingresos en una cifra que los expertos estiman en torno a 2.500 millones de euros más, lo que les permitiría alcanzar ese objetivo de 222.000 millones de recaudación total. Y los demás, pues eso, engañados, empobrecidos y esquilmados.
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