Es un hecho bien conocido por todos aquellos que han trabajado alguna vez en los mercados financieros españoles: ninguna empresa nacional que busque captar financiación en grandes cantidades (sea deuda a largo plazo o fondos propios) puede hacerlo sin convencer a grandes inversores basados siempre fuera de nuestras fronteras. Puede pensarse que esto no es una peculiaridad nuestra. Al fin y al cabo, todas las grandes empresas del mundo, y no solo las españolas, se mueven en mercados globales de capitales y no se financian puramente dentro de sus fronteras. Lo que sí es más peculiar es la enorme proporción del tramo internacional, así como que en cualquiera de nuestras grandes colocaciones la práctica totalidad del tramo institucional de la misma sea extranjero, y que por el otro lado el tramo español esté casi al 100% compuesto por inversores minoristas o por instituciones muy pequeñas. Al final del proceso de colocación, el precio de la emisión de bonos o de acciones, y por tanto el coste del capital de la empresa emisora, se fija siempre en la práctica fuera de España, en negociación con inversores profesionales con sede en Londres o Nueva York. El capital español, mucho más atomizado, es generalmente un mero seguidor en esas discusiones. No se hace suficiente énfasis en las consecuencias de esta debilidad estructural de la economía española, un auténtico talón de Aquiles que afecta negativamente a la capacidad de nuestras empresas para crecer, invertir y crear empleo.
En España la inversión colectiva, es decir la inversión minorista agrupada en grandes masas de ahorro gestionadas por profesionales, tiene un peso muy bajo respecto al tamaño de nuestra economía. La suma de los activos de los fondos de inversión y planes de pensiones privados suponía a finales de 2019 en nuestro país un 34 % de nuestro PIB (9% en planes de pensiones y 25% en otros fondos de inversión), frente al 175% en Gran Bretaña, el 300% en Holanda, el 206% en Estados Unidos, el 232% en Suiza o el 81% en Francia en la misma fecha. Es frecuente atribuir la diferencia a que los cinco países escogidos para la comparación son "desde siempre" mucho más ricos que nosotros; pero esa excusa desaparece si se comparan nuestros datos con los de algunos países con menor grado de desarrollo que España. Por ejemplo, en Latinoamérica. Frente al exiguo 9% de nuestros planes de pensiones sobre el PIB de España, en México los mismos fondos suponen ya un 16%, en Colombia un 27% o en Chile un 80%.
Los españoles no ahorran poco. La riqueza financiera neta de las familias españolas suponía en 2017 un 120% de nuestro PIB, lo cual es en efecto inferior a la cifra equivalente (un 150%) del promedio las economías de la eurozona. Pero por contra, la riqueza inmobiliaria de las familias españolas equivale a un 400% (¡sí, un 400%!) del PIB español, frente a algo menos del 300% para el conjunto de las economías de la eurozona. Los españoles ahorran tanto como el que más, pero lo que ahorran lo invierten fundamentalmente en ladrillo. ¿Es eso malo? De por sí no es malo ni bueno. O mejor dicho, es bueno para algunas cosas y malo para otras. Lo que está claro es que las decisiones de política económica tienen efectos sobre las decisiones de ahorro e inversión y que esas decisiones crean un marco de fortalezas y debilidades en nuestros mercados de capitales que, a su vez, afectan a la capacidad de nuestras empresas de invertir, innovar, crear empleo y crecer.
La retórica de nuestros gobiernos hace frecuentes menciones a la importancia de contar con mercados financieros fuertes y a facilitar el acceso de las empresas a los mismos, pero sus decisiones apuntan en la dirección contraria desde hace ya muchos años. De hecho, recientes cambios legislativos han perjudicado aún más a la inversión en Bolsa. Entre ellos, la reciente instauración del Impuesto a las Transacciones Financieras, que grava la adquisición de acciones de las grandes compañías españolas, o la disminución de la desgravación fiscal a fondos de pensiones personales, que en pocos años ha pasado de 10.000 euros por persona y año a los 1.500 previstos en los presupuestos de 2022.
Unos mercados de capitales sin una presencia importante de fondos gestionados profesionalmente desde España, con capacidad para liderar la negociación de los precios de las emisiones, redundan necesariamente en una menor soberanía económica y en un coste de capital más caro y más volátil para nuestras empresas. La creciente evidencia de que las pensiones públicas van a ser muy difíciles de mantener abona aún más la necesidad de fomentar el ahorro personal a largo plazo en España, y la mejor manera de hacer que ese ahorro financie nuestro crecimiento es ponerlo en manos de gestores profesionales con capacidad probada.
Cambiar este panorama requiere decisión y paciencia. Los frutos no se recogen en una legislatura, pero es que si no se empieza en algún momento no se recogen nunca. Reino Unido u Holanda no tienen más inversión mobiliaria sobre PIB porque sean más ricos, sino que son más ricos hoy porque empezaron a ahorrar e invertir hace muchos años. México creó su sistema de pensiones privadas en 1992, Colombia en 1993 y Chile en 1981. El efecto "bola de nieve" lleva tiempo, pero una vez puesto en marcha es muy poderoso. Si no empezamos ya a crear de verdad el nuestro, en 2050 nuestras empresas tendrán que visitar, además de Londres, a los inversores de Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile para encontrar fondos para su crecimiento.
