Bruselas
El proyecto de crear un impuesto a las transacciones financieras en Europa avanza muy lentamente. La Comisión Europea presentó la propuesta hace una década, y desde 2013 tan solo un grupo de países (diez en la actualidad) han seguido comprometidos con sacar adelante la tasa. Algunos de ellos, como Francia, Italia y España, han aprobado sus propios impuestos nacionales a las transacciones financieras.
La iniciativa ha vuelto a ganar ahora algo de vida al ser considerada como una de las fuentes de financiación para devolver los 800.000 millones de euros que pedirá la Comisión Europea para financiar el fondo de recuperación.
El impuesto goza de "madurez técnica y política"
"Los últimos acontecimientos subrayan el potencial de la tasa a las transacciones financieras", señala la presidencia portuguesa de la UE en un documento enviado para revivir el debate con los 27 socios, y al que tuvo acceso elEconomista.
El documento señala que el impuesto goza de "madurez técnica y política", tras una década de investigación y discusión a nivel europeo. Y, sobre todo, se beneficia de la experiencia de socios como Francia e Italia, que la han aplicado durante años y han podido evaluar su impacto.
Portugal busca este semestre explorar posibles caminos hacia el consenso a 27 sobre una futura tasa. En su opinión, la mejor opción sería probar a nivel europeo "tan pronto como sea posible" los modelos utilizados en Francia e Italia. En el caso francés (que inspiró a España) se grava con un 0,3% la compra de acciones de empresas registradas en su territorio con una capitalización superior a 1.000 millones de euros. París recaudó el pasado año 1.784 millones de euros con ella.
Los diez países que están intentando forjar una tasa europea esperan finalizar los trabajos para finales de 2022. Si logran un acuerdo, la Comisión haría una propuesta para transferir los ingresos de esta tasa europea del grupo a las arcas comunitarias. Si no se logra para finales de 2022, el Ejecutivo comunitario lo intentará de nuevo para los 27 socios hacia 2024, para que entre en vigor en enero de 2026.
