Durante el mes de octubre, el Gobierno de España ha intentado que se diese una solución europea a la subida de los precios de la electricidad mediante la modificación de las reglas que rigen el mercado. El objetivo era doble. De un lado mutualizar responsabilidades; de otro, tener cobertura a la minoración de beneficios que proponía el Real Decreto Ley 17/2021 de 16 de septiembre al que luego nos referiremos. Sin embargo, ha recibido tres negativas.
Primero fue la de la Comisaria de Energía Kadri Simson, cuando al hacer públicas las recomendaciones, "toolbox" en terminología comunitaria, señaló que se debe hacer frente a la escalada de los precios de la energía con unas medidas que, en su mayoría, ya habían sido adoptadas por algunos de los 20 países que habían intervenido en esa dirección, sin que ninguna tuviese carácter estructural. Posteriormente, fue el Consejo el que, con el lenguaje propio de la diplomacia comunitaria, se comprometió a hacer una reflexión profunda sobre el funcionamiento del mercado en el mes de diciembre. Y, finalmente, han sido la mayoría de los países asistentes a la reunión extraordinaria de ministros de energía, los que han rechazado las pretensiones del Gobierno español que, básicamente, consistían en desacoplar con carácter extraordinario los precios de la electricidad de la normativa comunitaria para desvincularlos del precio del gas, fijar un precio máximo del mismo y hacer compras conjuntas para disponer de una reserva estratégica que permitiera paliar la especulación en el sistema de comercio de los derechos de emisión de CO2. En resumen, la Unión Europea ha hecho caso omiso a las peticiones del Gobierno, unas veces sin mencionar alguna de las cuestiones planteadas y otras, contestándolas con un aplazamiento displicente: se estudiará.
Sin el paraguas europeo han quedado en evidencia la inacción, las ocurrencias, los arrebatos ideológicos y la improvisación con los que se han pretendido resolver en nuestro país este grave problema para las familias, especialmente las más vulnerables, y las empresas. Las modificaciones en la factura con la recomendación horaria sobre el uso de los electrodomésticos solo puede calificarse de broma y el Real Decreto Ley 17/2021, por el que se minoraban una parte de los ingresos obtenidos por las centrales no emisoras de CO2, presuntamente beneficiadas por la subida del precio del gas a diario, que es el que marca el precio para todas las energías en el mercado mayorista, como de populismo energético. No en vano, como es habitual en estos movimientos señalaban unos beneficiarios indeseables de la situación, que en este caso es lo que llaman el oligopolio eléctrico y una solución sencilla a un problema complejo: les quitamos lo que no deben ganar.
La consecuencia de este sectarismo trasnochando fue que lo que era un problema grave para el 12% de la demanda nacional de electricidad, la subida del precio, lo extendieron al 100% de la misma, de forma que comenzaron a surgir peticiones para la reformulación de contratos de energía suscritos con anterioridad, que plantas fotovoltaicas y eólicas parasen su producción durante los días 9 y 10 de octubre, que algunos inversores avanzasen la posibilidad de dejar de operar en el campo de las renovables o que industrias electrointensivas cerrasen su producción al cambiarles las condiciones del contrato de suministro eléctrico.
El desaguisado tomó tal cariz, que el Consejo de Ministros del 26 de octubre ha modificado el Real Decreto Ley aprobado el día 16 del mes anterior, haciendo que la minoración pretendida se reduzca sustancialmente. Se daba la razón así a los presuntamente ganadores de beneficios groseros, en palabras de un miembro del gobierno, y a todos los que señalamos que el 88% de la demanda nacional, que corresponde a 20 millones de consumidores, no se ven afectados por los cambios diarios en el mercado, sino por las condiciones fijadas en sus contratos, ya sea con las comercializadoras, que a través de los Power Purchase Agreement (PPA) compran energía a precio fijo a un generador para revenderlas posteriormente a sus clientes finales, o directamente con los propios productores de energía, a través de contratos bilaterales, como suelen hacer los consumidores industriales electrointensivos para garantizarse que la energía sea un coste fijo.
No estamos solo ante una transición energética, nos enfrentamos a una transformación económica y esto es difícil y caro. De entrada, la renta disponible de las familias y la competitividad de nuestras empresas se está resintiendo por la subida de los precios de la energía. Y eso es así, entre otras razones, porque los europeos nos hemos auto impuesto liderar la descarbonización de la economía, reduciendo las emisiones a cero en el año 2050, a pesar de que solo somos responsables del 7% en todo el mundo. Sabemos que los combustibles fósiles ocupan el 95% del consumo final de energía en el transporte, el 35% en el sector doméstico y el 65% en el industrial y que, en los próximos 30 años, la única fuente con la que contamos para darle estabilidad al sistema energético es el gas, del que producimos el 2% mundial, puesto que no existe la tecnología que permita sustituirlo por el hidrógeno o almacenar la procedente del sol o del viento.
Con estas referencias, es evidente nuestra dependencia energética, lo que nos debe llevar a la reflexión acerca de quiénes son nuestros principales proveedores y cuáles son los intereses que defienden. Por otra parte, también implican, que por muy bien que gestionemos la transición energética, es muy difícil no verla como la causa de no tener precios asequibles y estables para las familias y las empresas que preserve el empleo y la competitividad. El mundo deseable abastecido con la energía que nos suministre el hidrógeno, el sol y el viento no es una cuestión ideológica, sino tecnológica, y lleva aparejado unos costes de los que debemos ser conscientes, porque si no lo somos y le ponemos remedio, habremos caído en la trampa de quiénes bajo el paradigma ecológico y el miedo al desastre nuclear o al calentamiento global, pretenden cambiar la forma de vida asentada en los principios de la democracia liberal.
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