El Ministerio de Transición Ecológica se reunió ayer con las asociaciones de renovables (AEE, Appa, Unef, Anpier y Protermosolar) y las de cogeneración (Acogen y Cogen) para trasladarles que el próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros un nuevo Real decreto-ley que ligará la energía de la tarifa PVPC y la que consume la industria al coste de las renovables, el llamado Recore.
En la reunión, celebrada ayer por la mañana, participaron tanto la vicepresidenta, Teresa Ribera, como la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagsen, y el director general de Energía, Manuel García Hernández. Todos ellos instaron a las asociaciones de renovables a enviar sus comentarios durante esta semana para limar los detalles que quedaran pendientes o los casos concretos antes de su próxima aprobación.
Las asociaciones ya mantuvieron un encuentro el pasado viernes, tal y como adelantó elEconomista, para analizar sus propuestas, pero no se logró consolidar una posición en común ante el Ejecutivo por las dudas que generaba en algunas un posible lucro cesante para las plantas.
La vicepresidenta ha trasladado al sector que la nueva medida supondrá unas modificaciones elementales de carácter excepcional que estarán en vigor durante 2022 pero, a la vez, destacó que no se trata de un cambio de modelo sino de una medida excepcional en la que se aprovecha el incremento de la liquidez de estas tecnologías para hacer frente a una situación de precios excepcional.
Ribera indicó a las organizaciones que la medida ya cuenta con el visto bueno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poder implementarse y garantizar que se cumple el compromiso de lograr un precio de la energía similar al del año 2018.
La intención del Gobierno es que los cerca de 90 TWh que se producen dentro del llamado Recore vayan destinados a cubrir la tarifa regulada de forma obligatoria y los contratos de la industria. Estas tecnologías del Recore reciben una retribución que puede rondar entre los 6.500 y 7.000 millones de euros.
El ministerio calcula que necesitará del orden de 27 TWh para suministrar al PVPC y cerca de 30 TWh para la industria y tiene que buscar esta liquidez en la generación para poder conseguir su objetivo de rebajar la factura de estos consumidores.
La idea es que ambos volúmenes de energía dejen de participar en el mercado mayorista de electricidad (Omie) y recibir un precio que el Gobierno ha bautizado como Precio Recore que estima entre los 57 y 60 euros/ MWh, lo que en la práctica supone una mejora sobre las anteriores previsiones para estas tecnologías que rondaban los 50-52 euros/MWh.
Para conseguir el visto bueno de las eléctricas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha jugado un papel clave
El Ejecutivo además considera que este nuevo Real decreto-ley resulta adecuado a la normativa europea al suponer un sistema similar al que aplica Portugal.
La opción -en la que el Gobierno lleva trabajando varios meses- supondrá mantener las garantías legales que tienen las renovables así como sus condiciones de rentabilidad razonable, un extremo en el que el Ejecutivo ha insistido, al utilizar los ingresos extraordinarios para poder ofrecer precios competitivos.
La vicepresidenta aspira además a presentar la medida con las asociaciones para escenificar el acuerdo con las partes.
Para conseguir el visto bueno de las eléctricas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha jugado un papel clave. El organismo supervisor emitió una circular para unificar el criterio de valoración de los beneficios de las renovables. Esta medida facilita la aprobación de la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, ya que impide anotarse en las cuentas esta liquidez adicional.
Las plantas del Recore dejarán de tener la obligación de participar en el mercado mayorista de la electricidad y permitirían vender la energía generada a un precio de entre 57 y 60 euros que estima el Gobierno.
Transición Ecológica obligaría ya a partir de 2023 a realizar la subasta de energía primaria que las eléctricas ven ahora inviable. El precio correspondiente a esta subasta supondrá el 10% del futuro PVPC -la tarifa regulada- junto con otras referencias que están ahora mismo analizando después de la consulta pública lanzada al sector este pasado mes de octubre y que ya entrarían en vigor a partir de 2023.
La industria, en jaque
La medida llega en un momento en el que el precio medio del mercado diario de octubre ha sido de 200,06 euros/MWh, un 446,8% superior al de 2020. Este precio ha sido un 43,3% superior al de Alemania y un 15,9% superior al de Francia. Con respecto a septiembre de 2021, el precio medio de octubre ha sido un 28,1% superior.
Considerando la evolución del mercado diario en 2021 y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, según los datos de Aege, el precio medio estimado del mercado eléctrico español es de 103,73 euros/MWh, un precio 204,1% mayor que el de 2020, y un 16,7% más caro que el del mercado alemán y un 3,3% más caro que el mercado francés.
La cotización del futuro para 2022 del mercado español a 31 de octubre ha sido de 112 euros/MWh, un 11,1% más barato que hace un mes, y un 2,3% superior a la cotización del mercado alemán. En los primeros diez meses del 2021 los precios de Alemania y Francia han sido inferiores a los españoles. Además, para la industria electrointensiva, considerando las medidas aprobadas en su Estatuto, se estima un precio a fin de año en España de 111,38 euros/MWh, más del doble que el precio francés, que es de 47,74 euros/MWh, y más de 32 euros/MWh que el alemán.
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