Energía

El Gobierno se da por vencido y reformará la tarifa eléctrica para evitar su volatilidad

  • Ignacio Galán, Mariano Rajoy y Felipe González piden "rigor y seguridad jurídica"
  • Ribera sacará a consulta pública la nueva metodología
  • El decretazo ya fijaba que un 10% de la nueva tarifa se decidirá en la subasta de energía para industriales

El Ministerio de Transición Ecológica se da por vencido y confirma que reformará la formación de precios de la tarifa regulada en España, tal y como le solicitan desde hace años las empresas eléctricas. El Gobierno dará formalmente este paso, previsiblemente, a finales de este año, ya que por el momento va a someter a consulta pública la fórmula que piensa adoptar y la mantendrá abierta hasta el 22 de octubre.

En el reciente decretazo de Ribera, en el que se confiscan 2.600 millones a las empresas eléctricas, el Gobierno incluyó ya el primer paso para esta medida que consistía en la puesta en marcha de subastas de capacidad para los grandes industriales y las comercializadoras.

Esta medida, que ya se prevé desde entonces, iba a suponer un 10% de la nueva cesta de productos que servirán para fijar el precio de los clientes que permanecen en el mercado regulado pero el creciente aumento de precios ha forzado al Gobierno a acelerar la adopción de medidas para tratar de contener la creciente presión social.

Ribera ha asegurado hoy que "ha convocado el lunes a las asociaciones de las industrias que consumen más energía porque quiero escuchar de cerca sus preocupaciones y recomendaciones, porque tenemos que estar muy pendientes de ellas".

Los grandes industriales han protestado enérgicamente esta semana por el fuerte incremento de los precios que sus empresas comenzarán a notar previsiblemente a partir del año que viene y que, según los estudios llevados a cabo por Bank of America, les puede suponer incrementos de precios de entre el 50 y el 70%.

Ribera se reunirá concretamente con la patronal del motor Anfac, la de las petroleras AOP, la del papel Aspapel, la de química Feique, la de alimentación Fiab, la del cemento Oficemen y la siderúrgica Unesid.

La vicepresidenta explicó que el martes se verá con "el consejo de consumidores y usuarios para tener una conversación con ellos, porque es verdad que una de las tarifas domesticas, la que creemos que es la más competitiva con arreglo a los datos de los últimos seis años, esta indexada a la evolución del mercado mayorista, la llamada pvpc (la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), la más barata y la que esta sufriendo en estos momentos mayor volatilidad".

Ribera se verá concretamente con las asociación  Adicae, Auc, Cecu, Facua, Fuci, Hispacoop, OCU y Unae.

La vicepresidenta indicó que "hay quien recomienda medidas correctoras y también muchas asociaciones ven con reticencia esos cambios, por eso quiero poder conversar con ellos y poder tener su input de primera mano sobre como valoran, que les preocupa, que recomendaciones hacen", añadió en declaraciones recogidas por Efe.

"Hoy sacamos a información pública una consulta previa para un eventual cambio de la regulación de esta tarifa y el martes hablaré con los consumidores. No tenemos ningún inconveniente, al revés, es fundamental trabajar con los distintos sectores, consumidores industriales y domésticos y las propias eléctricas para poder estar a la altura de las circunstancias en una crisis que no es solo española y que es terrible en cuanto a la espiral de precios, como no se había visto nunca".

La decisión del Gobierno se produce justo después de haber alcanzado el precio en el mercado mayorista los 216 euros/ MWh y con los futuros para la próxima semana apuntando ya hacia los 250 euros, un extremo que dejaba en vía muerta todo el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno hace apenas 15 días.

Las medidas de Ribera además han sido consideradas muy controvertidas tanto por las principales eléctricas españolas como por los grandes fondos de infraestructuras mundiales que incluso han llegado a presentar una protesta formal ante la Comisión Europea.

La situación ha llegado a tal extremo que empresas como Iberdrola han decidido paralizar sus procesos de compra en España para analizar si las inversiones que tenían previsto llevar a cabo en renovables pueden seguir adelante.

El Gobierno además está a punto de celebrar una nueva subasta de renovables el próximo 19 de octubre y los agentes ya esperaban que con el aumento del riesgo regulatorio en España no pueda conseguirse una mejora de los precios de la subasta anterior.

El Ministerio de Transición Ecológica plantea a las empresas una serie de preguntas para poder desarrollar la reforma del PVPC. 

1. Desde la perspectiva de los diferentes sujetos involucrados, ¿se considera necesario reformular la estructura y/o metodología de cálculo del PVPC? En caso afirmativo:

2. ¿Qué estructura considera más adecuada para definir el PVPC?

3. ¿En qué medida se estima adecuado que el precio de energía que tome como referencia el PVPC tenga en cuenta las señales de precio de los mercados a plazo?

4. En caso de incorporar información de los mercados a plazo en la metodología de cálculo del PVPC, ¿qué tipo de contratos y qué periodos de entrega considera más acertados?

5. ¿Considera conveniente mantener una cierta exposición al mercado spot? ¿qué reparto entre ambos mercados, al contado y a plazo, considera más óptima?

6. ¿En qué medida se considera conveniente que el precio de energía que tome como referencia el PVPC se base en una cesta de precios de distintos productos energéticos a plazo? ¿Qué cesta de productos energéticos emplearía?

7. ¿Con qué periodicidad considera que debería actualizarse el PVPC en caso de que estuviera referenciado a una cesta de precios a plazo?

8. ¿Se debería mantener la opción actual de suministro a PVPC dinámico, esto es, indexado por completo al mercado spot, para aquellos consumidores que así lo solicitaran?

9. ¿Cómo cree que debería articularse el periodo transitorio entre la actual configuración del PVPC y la nueva estructura planteada? 

Una vez recibidas las respuestas se espera que el Ministerio tenga de plazo un mes para analizarlas y preparar su propuesta con la intención de que en 2022 pueda ponerse en marcha el nuevo sistema tarifario.

Rigor y seguridad jurídica

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha defendido en su intervención en el Foro La Toja 2021 la necesidad de abordar la coyuntura de los precios de la energía y los retos de la descarbonización de la economía en clave europea, "con soluciones acordes al marco de la Unión Europea y con rigor en el análisis". Mariano Rajoy y Felipe González también reclamaron rigor y seguridad jurídica.

El presidente de Iberdrola ha subrayado que la Unión Europea lleva décadas a la cabeza de la acción climática y que programa Fit for 55, que estima un recorte de emisiones del 55% a 2030, es ambicioso y una gran oportunidad, que traerá inversiones de unos 3,6 billones de euros. Pero ha incidido en que es una ley europea que hay que cumplir y solo funcionará si tiene respuesta europea. "No la pongamos en entredicho, cuando otros la quieren imitar", ha apuntado. "Lo que no puede ser es que cada país vaya por su camino a la primera tormenta".

Asimismo, ha defendido que, ante desafíos europeos, la respuesta tiene que ser europea. "Todos los estados miembros deben poner en marcha medidas coordinadas para cumplir objetivos de la Unión Europea frente a medidas nacionales que fragmentan mercado interior europeo y retrasan transición", ha explicado. En este sentido, ha explicado la validez del principio de la Unión Europea de "quien contamina paga", frente a medidas nacionales que han creado un mecanismo con el que "quien no contamina, paga también y más".

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