El Gobierno prepara la retirada de la medida estrella de su plan de choque contra la subida de la luz. La idea de confiscar 2.600 millones de los 'beneficios' de las eléctricas comienza a deshacerse como un azucarillo tras la advertencia de la Comisión Europea de que no permitirá medidas que vayan en contra de la legislación comunitaria. Bruselas ha alentado al Ejecutivo a mantener encuentros con el sector para buscar una solución negociada que evite trastocar los planes de descarbonización del país como han alertado los grandes fondos de inversión y las agencias de calificación crediticia.
Los encuentros se producen después de que Ribera comunicase a los presidentes de las eléctricas el ajuste apenas unas horas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. La presión de Podemos en la negociación de los Presupuestos jugó un papel clave en la aprobación de este plan de choque.
El Real decreto-ley 17/2021 provocó un fuerte retroceso en bolsa a las eléctricas y generó una auténtica revolución en el sector por las consecuencias imprevistas de una medida que apenas se había trabajado (sólo hay que ver el documento de aclaración que tuvo que presentar el Gobierno y que era casi más largo que el decreto).
Ahora, un mes después de su aprobación, Transición Ecológica se prepara para dar marcha atrás y suavizar este ajuste a cambio de precios más bajos para la industria.
El Ministerio de Transición Ecológica prepara ya un nuevo texto legal con una solución para las eléctricas y para las industrias. Por un lado, todos aquellos contratos bilaterales firmados antes del 14 de septiembre se espera que no se vean afectados por la minoración de ingresos aprobada en el plan de choque. Esta medida permite a las eléctricas mantener los acuerdos en vigor y asegura un precio notablemente más bajo que el que se está registrando en el mercado spot para los industriales.
En segundo lugar, las grandes empresas industriales han retomado una iniciativa del año 2019 con la que pretenden ligar hasta un 10% de su consumo a la generación renovable. El Gobierno habilitó -tal y como adelantó este diario- a Omie para poder realizar estas subastas privadas y los industriales han decidido seguir adelante con las mismas. La intención de las negociaciones que se mantienen en estos momentos entre la gran industria y las renovables es colocar entre enero y febrero alrededor de 4 TW.
Y, por último, el Ejecutivo se prepara para arrancar una subasta de energía primaria por 16 TW para las pequeñas comercializadoras y los industriales.
La idea recogida en el decreto es que el precio en esta convocatoria sea el del coste medio de generación de las llamadas tecnologías inframarginales pero este extremo puede suponer un problema para las eléctricas que ya intentaron tumbar una medida similar en el pasado en los tribunales.
Con estos dos movimientos, el Ministerio de Transición Ecológica se asegura de mantener un precio para la industria que pueda ser competitivo y que no haga descabalgar la recuperación sin tener que adoptar medidas de dudosa legalidad.
Ribera se mostró contrariada con el paquete de medidas europeo para paliar la subida de la luz
Ribera además se guarda varias balas en la recámara. La vicepresidenta tiene la opción de prolongar las bajadas de impuestos si los precios de la energía no comienzan a remitir o si, como todo parece indicar, empeoran en noviembre con las paradas por recarga de las centrales nucleares.
La Comisión Europea ha presentado su abanico de soluciones para hacer frente a la crisis actual y ha dejado bien claro que no tolerará medidas que afecten al mercado o que no sean proporcionales.
La batalla, no obstante, sigue abierta y la próxima semana se disputará en Bruselas. Ribera se mostró notablemente contrariada con el paquete de medidas de Kadri Simson y aspira a seguir presionando en el Consejo europeo que se celebrará el viernes para vigilar los efectos de la crisis energética.
